Proponen el traslado de la Legislatura al edificio del ex BPT

El espacio físico donde debería funcionar la Legislatura volvió a instalarse como tema de debate en la escena política. Los problemas de espacio e infraestructura que padecen los edificios de avenida Sarmiento al 600 y el renovado reclamo de la escuela Sarmiento para que le sea reintegrado el local de Rivadavia 25 obligaron a los legisladores a reflotar la posibilidad de que su sede sea trasladada al edificio del ex Banco Provincia, ubicado en San Martín y Laprida.
La iniciativa choca con los planes del Poder Ejecutivo que, en la gestión de Julio Miranda, trasladó el Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda, a ese palacio ubicado en pleno centro de la capital. En el ex BPT, también funcionan la Defensoría del Pueblo, que depende de la Legislatura, y los juzgados de cobros y apremios de la Justicia provincial.
Dos proyectos presentados en forma separada por los legisladores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y José Cano (UCR) proponen crear una comisión que estudie las posibilidades técnicas y financieras para que la Cámara se mude al ex BPT. Ambas iniciativas sostienen que el traslado de la Legislatura revalorizará su imagen y permitirá recuperar el patrimonio de los tucumanos.
En la actualidad, la Legislatura funciona en cuatro sitios diferentes. Las oficinas de los legisladores, del personal administrativo y las salas de comisiones se ubican en el viejo Casino, comprado por la Provincia para instalar la Cámara de Diputados en 1945, y del ex hotel Savoy. Estos dos locales, ubicados en avenida Sarmiento al 600, tienen problemas estructurales y de distribución de espacios, cuya solución sólo puede ser encarada en forma parcial por la Cámara ante la falta de presupuesto.
Las otras dependencias se ubican en Rivadavia 25 -sitio donde funciona el recinto y cuya devolución es demandada por la escuela Sarmiento desde 1935- y en la ex Brigada de Investigaciones en avenida Sarmiento al 500, edificio transferido en propiedad a la Cámara a mediados 1998.
Entonces, cuando todavía Raúl Topa era vicegobernador y el ex BPT terminaba de ser privatizado, el traslado al edificio desocupado fue planteado como una salida al problema que se reflota con cada renovación legislativa. El Poder Ejecutivo prometió concretar la iniciativa, pero cinco años después el problema sigue sin resolverse.