El paquete de reformas del Poder Judicial aprobado por el poder político a último momento de 2016 ha disparado la preocupación y la resistencia entre abogados, jueces y opositores. Una vez más, el Colegio de Abogados de la Capital advirtió la intención del oficialismo de colonizar la institución llamada a poner límites y controlar a los gobernantes, además de restablecer la paz social rota por los conflictos entre particulares.
“Estamos ante la ‘feudalización’ del Poder Judicial”, definió Juan Musi, vicepresidente del Colegio, quien vaticinó que los cambios inconsultos y apresurados aprobados en la penúltima sesión legislativa del año pasado serán complementados por un régimen de jueces subrogantes colocados “a dedo” y sin condiciones de independencia.
Los Tribunales de Tucumán arrastran desde hace años una mora endémica alimentada por el incremento de los índices de litigiosidad. A ello se suma la impunidad, fenómeno emanado del fuero penal, que se ha convertido en el ámbito judicial más sensible como consecuencia del aumento de la violencia, la inseguridad y la corrupción. En los últimos tiempos, ese escenario sombrío ha sido potenciado por los conflictos suscitados en la cúpula judicial: hace un año y recién llegado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, llegó a decir que los problemas judiciales de esta provincia eran preocupantes y debían ser resueltos -por los tucumanos- sin más demora.
Como en muchos juicios, los plazos para mejorar la institución corrieron durante meses casi sin novedades. La señal positiva que implicó el nombramiento de Gustavo Romagnoli, un candidato a juez vetado en 10 oportunidades, se agotó en sí misma. Desde mayo y pese a la necesidad evidente de cubrir los cargos vacantes, el gobernador Juan Manzur no volvió a designar magistrados: nueve ternas se acumulan inexplicablemente en su despacho mientras la población peregrina por justicia. Amparado en que la ley no dispone plazos, el Gobierno mira para otro lado. Y son cada vez más os que llaman la atención sobre esta abstención: Daniel Posse, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, y el Colegio de Abogados coincidieron en manifestarse preocupados por la ampliación del número de cargos acéfalos. La falta de jueces nombrados con los métodos previstos en la ley y la Constitución tiende a agudizarse: en el presente, el Consejo tramita 49 concursos; es posible que este año se sumen otros 30 y, en el mejor de los casos, habrá 15 procesos de preselección terminados en diciembre, según Posse. Estos números indican, a todas luces, que el CAM está en vías de colapsar, lo que torna verídica la inquietud del vicepresidente Musi por los potenciales jueces precarios.
Llama también la atención la diferente velocidad conque avanzan las reformas impresas al sistema judicial en el afán de sacarlo de su estado de abarrotamiento. Mientras la Legislatura se tomó cuatro años para revisar el fracasado régimen de persecución del delito, la misma institución necesitó apenas algunos días para instaurar la doble instancia en los fueros laboral y en lo contencioso administrativo. Lo más llamativo es que ya pasaron casi cuatro meses desde la reforma procesal penal y su aplicación parece incierta (ni siquiera fue posible crear el Ministerio Público de la Defensa); por el contrario, la modificación en la Justicia del trabajo rige -con crítica y rechazo- desde este 9 de febrero. A ese cuadro hay que añadir que nunca funcionó el polémico órgano encargado de destituir jueces creado en 2006: en lugar de remodelar ese órgano con diseño desequilibrado, el oficialismo incorporó la posibilidad de suspender en forma automática a los magistrados acusados de mal desempeño. Para algunos esta es una herramienta para presionar a la judicatura autónoma y otra señal del “feudalismo” rampante que quiere dejar al pueblo sin justicia, lo que es lo mismo que comprometer su destino.
“Estamos ante la ‘feudalización’ del Poder Judicial”, definió Juan Musi, vicepresidente del Colegio, quien vaticinó que los cambios inconsultos y apresurados aprobados en la penúltima sesión legislativa del año pasado serán complementados por un régimen de jueces subrogantes colocados “a dedo” y sin condiciones de independencia.
Los Tribunales de Tucumán arrastran desde hace años una mora endémica alimentada por el incremento de los índices de litigiosidad. A ello se suma la impunidad, fenómeno emanado del fuero penal, que se ha convertido en el ámbito judicial más sensible como consecuencia del aumento de la violencia, la inseguridad y la corrupción. En los últimos tiempos, ese escenario sombrío ha sido potenciado por los conflictos suscitados en la cúpula judicial: hace un año y recién llegado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, llegó a decir que los problemas judiciales de esta provincia eran preocupantes y debían ser resueltos -por los tucumanos- sin más demora.
Como en muchos juicios, los plazos para mejorar la institución corrieron durante meses casi sin novedades. La señal positiva que implicó el nombramiento de Gustavo Romagnoli, un candidato a juez vetado en 10 oportunidades, se agotó en sí misma. Desde mayo y pese a la necesidad evidente de cubrir los cargos vacantes, el gobernador Juan Manzur no volvió a designar magistrados: nueve ternas se acumulan inexplicablemente en su despacho mientras la población peregrina por justicia. Amparado en que la ley no dispone plazos, el Gobierno mira para otro lado. Y son cada vez más os que llaman la atención sobre esta abstención: Daniel Posse, presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, y el Colegio de Abogados coincidieron en manifestarse preocupados por la ampliación del número de cargos acéfalos. La falta de jueces nombrados con los métodos previstos en la ley y la Constitución tiende a agudizarse: en el presente, el Consejo tramita 49 concursos; es posible que este año se sumen otros 30 y, en el mejor de los casos, habrá 15 procesos de preselección terminados en diciembre, según Posse. Estos números indican, a todas luces, que el CAM está en vías de colapsar, lo que torna verídica la inquietud del vicepresidente Musi por los potenciales jueces precarios.
Llama también la atención la diferente velocidad conque avanzan las reformas impresas al sistema judicial en el afán de sacarlo de su estado de abarrotamiento. Mientras la Legislatura se tomó cuatro años para revisar el fracasado régimen de persecución del delito, la misma institución necesitó apenas algunos días para instaurar la doble instancia en los fueros laboral y en lo contencioso administrativo. Lo más llamativo es que ya pasaron casi cuatro meses desde la reforma procesal penal y su aplicación parece incierta (ni siquiera fue posible crear el Ministerio Público de la Defensa); por el contrario, la modificación en la Justicia del trabajo rige -con crítica y rechazo- desde este 9 de febrero. A ese cuadro hay que añadir que nunca funcionó el polémico órgano encargado de destituir jueces creado en 2006: en lugar de remodelar ese órgano con diseño desequilibrado, el oficialismo incorporó la posibilidad de suspender en forma automática a los magistrados acusados de mal desempeño. Para algunos esta es una herramienta para presionar a la judicatura autónoma y otra señal del “feudalismo” rampante que quiere dejar al pueblo sin justicia, lo que es lo mismo que comprometer su destino.
Lo más popular
Ranking notas premium
