Por Redacción Política
06 Abril 2004
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Los vecinos de Concepción lo reconocen en la calle como a uno de los periodistas más críticos de las gestiones municipales en esa ciudad. Se hizo famoso en la televisión, por la conducción del programa "La Mira", en el que, semana a semana, cuestionaba a los funcionarios en el sur tucumano.
A comienzos de 2003, decidió postularse para el cargo de concejal de Concepción representando a Fuerza Republicana. Horacio Alejandro Esterman dejó los micrófonos de FM Concepción y las cámaras del Canal 5 (televisión por cable) para entrar de lleno en la arena política.
Para los comicios de junio del año pasado armó un sublema al que llamó "Lucidez y Coraje" (número 2085). El periodista y candidato republicano tuvo el apoyo de Delia Pinchetti de Sierra Morales durante la campaña electoral. Con ese respaldo político obtuvo la banca de concejal con 269 votos.
Esterman y su esposa, Silvana de los Angeles Abaca, residen en el barrio Belgrano de Concepción, junto a sus cinco hijos. En diciembre de 2002, antes de ser candidato, Esterman logró inscribir a su mujer entre los beneficiarios del plan social Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Lo curioso es que la señora no se anotó en Concepción, sino en la comuna de Gastona, cuyo comisionado era el bussista Edgardo Héctor Ibarra. Este último también obtuvo una banca de concejal en Concepción (con 263 votos) y ahora es compañero de Esterman en el Concejo Deliberante.Según el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, el aporte de $ 150 correspondiente a la esposa de Esterman fue liquidado hasta marzo de este año.
Sin trabajo
El concejal Esterman reconoció que su esposa cobró el plan social. "Yo estaba desocupado y sirvió para pagar la luz y ayudar a mis cinco hijos", afirmó.
Sin embargo, dijo que sólo percibió los $ 150 hasta octubre del año pasado (antes de que él asumiera en la función pública). "Me arrepiento de no haber hecho el trámite para pedir la baja del plan", explicó.
El edil detalló que su esposa ya no concurre a cobrar el aporte de la Nación, aunque admite que el beneficio no fue dado de baja. "Si alguien está cobrando, quiero saber quién pone la firma para retirar el dinero", señaló.
Esterman reconoció que el costo político es muy alto, pero -según dijo- esa plata sirvió porque no tenía para comer.
La comisionada rural de San Andrés y su esposo recibían dos planes sociales
El caso de la comisionada comunal de San Andrés, Carla Elizabeth Martín, fue el primero que salió a la luz sobre funcionarios que percibieron un plan social para desocupados.
Lo más llamativo es que ella y su novio -en ese momento- Matías Nanterne lograron ingresar al listado de beneficiarios del programa "Jefes y Jefas de Hogar" cuando eran solteros. Ella comenzó a cobrar los $ 150 en agosto de 2002, en tanto que él lo hizo un mes después (setiembre de 2002).
La pareja se casó recién tres meses después. El 28 de noviembre de 2002, en el Registro Civil de la capital y el 30 de noviembre del mismo año, en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced.
Pese a conformar legalmente un matrimonio, ambos siguieron cobrando el beneficio en forma simultánea. Es decir, que en un mismo hogar percibieron $ 300.
La única hija de la pareja nació al año siguiente (mayo de 2003), cuando el matrimonio llevaba nueve meses cobrando el beneficio social.
Tanto Carla Martín como su esposo Matías Nanterne residen en la comuna de San Andrés. Sin embargo, eludieron los controles al inscribirse -ambos- en el listado de la comuna de Delfín Gallo.
Al ingresar como beneficiarios se les asignó la boca de pago número 99060410 del Banco del Tucumán, sucursal Banda del Río Salí.
Justificación
Cuando LA GACETA le consultó (hace una semana) sobre su incorporación al plan social, la comisionada admitió el hecho, pero explicó que estaba desempleada.
También había dicho que no sabía que la inscribieron, aunque después de enterarse cobró el aporte mensual. "El delegado comunal me debía plata, por eso me anotó", dijo.
En la entrevista, no hizo mención a que su marido también estaba incluido en el programa social que creó la Nación para paliar la desocupación.
Impulsan la creación de un padrón único de beneficiarios
La falta de controles es uno de los puntos centrales en el escándalo por la aparición de funcionarios y concejales -o sus parejas- que son beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. En Tucumán, el Poder Ejecutivo vetó una ley impulsada por el legislador radical José Cano, destinada, precisamente, a relevar a los beneficiarios y detectar posibles irregularidades. Ese registro es una exigencia de la Nación para mantener la vigencia de los programas.
Desde el PE dijeron compartir con los legisladores la necesidad de implementar un registro único de familias beneficiarias para optimizar la asignación de recursos. Sin embargo, intentaron justificar la decisión de rechazar la norma. "Esta tarea requiere de tecnología informática y de recursos humanos que la administración no posee en cantidad y calidad suficientes", dijeron.
Cano anunció que volverá a presentar su proyecto, pero esta vez dándole al PE 6 meses para que elabore un padrón que profundice en la identificación de los hogares, de los integrantes de los grupos beneficiarios, de sus viviendas y de sus activos. Esos datos permitirán valorar el grado de necesidad de asistencia y de atención social del Estado.
El legislador recordó que su proyecto aprobado y vetado apuntaba a crear una herramienta que sirviera para asegurar la transparencia y la equidad en la asignación de los beneficios.
Destacó que en Tucumán hay más de 77.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, lo que implica que alcanzaría a más de 300.000 personas, casi un cuarto de la población. Por mes, ingresan $ 11,5 millones en estos aportes, lo que implica más de $ 138 millones en el año, un monto equivalente al 10% del presupuesto del Estado provincial.
A comienzos de 2003, decidió postularse para el cargo de concejal de Concepción representando a Fuerza Republicana. Horacio Alejandro Esterman dejó los micrófonos de FM Concepción y las cámaras del Canal 5 (televisión por cable) para entrar de lleno en la arena política.
Para los comicios de junio del año pasado armó un sublema al que llamó "Lucidez y Coraje" (número 2085). El periodista y candidato republicano tuvo el apoyo de Delia Pinchetti de Sierra Morales durante la campaña electoral. Con ese respaldo político obtuvo la banca de concejal con 269 votos.
Esterman y su esposa, Silvana de los Angeles Abaca, residen en el barrio Belgrano de Concepción, junto a sus cinco hijos. En diciembre de 2002, antes de ser candidato, Esterman logró inscribir a su mujer entre los beneficiarios del plan social Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Lo curioso es que la señora no se anotó en Concepción, sino en la comuna de Gastona, cuyo comisionado era el bussista Edgardo Héctor Ibarra. Este último también obtuvo una banca de concejal en Concepción (con 263 votos) y ahora es compañero de Esterman en el Concejo Deliberante.Según el informe del Ministerio de Trabajo de la Nación, el aporte de $ 150 correspondiente a la esposa de Esterman fue liquidado hasta marzo de este año.
Sin trabajo
El concejal Esterman reconoció que su esposa cobró el plan social. "Yo estaba desocupado y sirvió para pagar la luz y ayudar a mis cinco hijos", afirmó.
Sin embargo, dijo que sólo percibió los $ 150 hasta octubre del año pasado (antes de que él asumiera en la función pública). "Me arrepiento de no haber hecho el trámite para pedir la baja del plan", explicó.
El edil detalló que su esposa ya no concurre a cobrar el aporte de la Nación, aunque admite que el beneficio no fue dado de baja. "Si alguien está cobrando, quiero saber quién pone la firma para retirar el dinero", señaló.
Esterman reconoció que el costo político es muy alto, pero -según dijo- esa plata sirvió porque no tenía para comer.
El caso de la comisionada comunal de San Andrés, Carla Elizabeth Martín, fue el primero que salió a la luz sobre funcionarios que percibieron un plan social para desocupados.
Lo más llamativo es que ella y su novio -en ese momento- Matías Nanterne lograron ingresar al listado de beneficiarios del programa "Jefes y Jefas de Hogar" cuando eran solteros. Ella comenzó a cobrar los $ 150 en agosto de 2002, en tanto que él lo hizo un mes después (setiembre de 2002).
La pareja se casó recién tres meses después. El 28 de noviembre de 2002, en el Registro Civil de la capital y el 30 de noviembre del mismo año, en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced.
Pese a conformar legalmente un matrimonio, ambos siguieron cobrando el beneficio en forma simultánea. Es decir, que en un mismo hogar percibieron $ 300.
La única hija de la pareja nació al año siguiente (mayo de 2003), cuando el matrimonio llevaba nueve meses cobrando el beneficio social.
Tanto Carla Martín como su esposo Matías Nanterne residen en la comuna de San Andrés. Sin embargo, eludieron los controles al inscribirse -ambos- en el listado de la comuna de Delfín Gallo.
Al ingresar como beneficiarios se les asignó la boca de pago número 99060410 del Banco del Tucumán, sucursal Banda del Río Salí.
Justificación
Cuando LA GACETA le consultó (hace una semana) sobre su incorporación al plan social, la comisionada admitió el hecho, pero explicó que estaba desempleada.
También había dicho que no sabía que la inscribieron, aunque después de enterarse cobró el aporte mensual. "El delegado comunal me debía plata, por eso me anotó", dijo.
En la entrevista, no hizo mención a que su marido también estaba incluido en el programa social que creó la Nación para paliar la desocupación.
La falta de controles es uno de los puntos centrales en el escándalo por la aparición de funcionarios y concejales -o sus parejas- que son beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. En Tucumán, el Poder Ejecutivo vetó una ley impulsada por el legislador radical José Cano, destinada, precisamente, a relevar a los beneficiarios y detectar posibles irregularidades. Ese registro es una exigencia de la Nación para mantener la vigencia de los programas.
Desde el PE dijeron compartir con los legisladores la necesidad de implementar un registro único de familias beneficiarias para optimizar la asignación de recursos. Sin embargo, intentaron justificar la decisión de rechazar la norma. "Esta tarea requiere de tecnología informática y de recursos humanos que la administración no posee en cantidad y calidad suficientes", dijeron.
Cano anunció que volverá a presentar su proyecto, pero esta vez dándole al PE 6 meses para que elabore un padrón que profundice en la identificación de los hogares, de los integrantes de los grupos beneficiarios, de sus viviendas y de sus activos. Esos datos permitirán valorar el grado de necesidad de asistencia y de atención social del Estado.
El legislador recordó que su proyecto aprobado y vetado apuntaba a crear una herramienta que sirviera para asegurar la transparencia y la equidad en la asignación de los beneficios.
Destacó que en Tucumán hay más de 77.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, lo que implica que alcanzaría a más de 300.000 personas, casi un cuarto de la población. Por mes, ingresan $ 11,5 millones en estos aportes, lo que implica más de $ 138 millones en el año, un monto equivalente al 10% del presupuesto del Estado provincial.
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