04 Diciembre 2016
EN EL SUR. Las entidades crediticias fueron requisadas por gendarmes. clarín.com
BUENOS AIRES.- Un grupo de gendarmes y funcionarios judiciales realizaron ayer allanamientos en bancos de la ciudad santacruceña de El Calafate en el marco de las investigaciones en la causa Hotesur, donde se investiga la administración de los hoteles de la ex presidenta Cristina Fernández.
Los allanamientos se concretaron a media mañana en tres sedes bancarias de esa localidad del oeste santacruceño, donde también tiene una residencia la ex jefa de Estado.
Los operativos fueron ordenados por la Justicia federal en torno de las investigaciones sobre el manejo de fondos en los hoteles administrados por la familia Kirchner y su procedencia. Los encargados de los allanamientos declinaron hacer declaraciones a la prensa regional pero fueron vistos y fotografiados en al menos tres sucursales de bancos privados y estatales donde cumplieron los procedimientos: Santa Cruz, Patagonia y Nación de El Calafate. Las medidas fueron dispuestas por los fiscales de la causa y ordenados por el juez Julián Ercolini.
Con anterioridad, en el planteo ante el juez, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron “el embargo preventivo de los bienes inmuebles, muebles registrables y acciones societarias” heredados por los hijos del fallecido ex presidente Kirchner y de aquellos que formaban parte de la sociedad conyugal y les fueron donados en vida por su madre.
Entre las acciones societarias cedidas por Cristina a sus hijos se encuentran la totalidad de acciones de Hotesur SA, además de Los Sauces SA y Co.Ma SA. Trascendió que los operativos podrían extenderse durante toda la jornada.
El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones cuando gerenciaba su empresa Valle Mitre SA. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja, tal como lo reveló La Nación en diciembre de 2013.
Ayer, en tanto, Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta calificó como “un disparate” pensar que CFK “pueda ir presa” en la causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro.
“¿Cómo se va a poder creer que lo que antes no era delito, ahora sí lo es? ¿Cómo se va a poder creer que una decisión de política económica, como la del dólar futuro, pasa de ser un día lícita a un día ilícita?”, planteó el letrado, sobre la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en las operaciones de venta de dólar futuro en la segunda mitad del 2015.
También aseguró que la presencia de la ex Presidenta esta semana en Tribunales “tiene más contenido para humillarla, que contenido procesal”, a la vez que aseguró que “hay una mano invisible que nada tiene que ver con lo jurídico”. En declaraciones a radio 10, Beraldi cuestionó con dureza a Bonadio y advirtió que la imparcialidad “es una garantía básica” que “se debe respetar”. A la vez, reprochó que “los parámetros jurídicos se cambian de acuerdo a la calidad del imputado”. (DyN)
Los allanamientos se concretaron a media mañana en tres sedes bancarias de esa localidad del oeste santacruceño, donde también tiene una residencia la ex jefa de Estado.
Los operativos fueron ordenados por la Justicia federal en torno de las investigaciones sobre el manejo de fondos en los hoteles administrados por la familia Kirchner y su procedencia. Los encargados de los allanamientos declinaron hacer declaraciones a la prensa regional pero fueron vistos y fotografiados en al menos tres sucursales de bancos privados y estatales donde cumplieron los procedimientos: Santa Cruz, Patagonia y Nación de El Calafate. Las medidas fueron dispuestas por los fiscales de la causa y ordenados por el juez Julián Ercolini.
Con anterioridad, en el planteo ante el juez, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron “el embargo preventivo de los bienes inmuebles, muebles registrables y acciones societarias” heredados por los hijos del fallecido ex presidente Kirchner y de aquellos que formaban parte de la sociedad conyugal y les fueron donados en vida por su madre.
Entre las acciones societarias cedidas por Cristina a sus hijos se encuentran la totalidad de acciones de Hotesur SA, además de Los Sauces SA y Co.Ma SA. Trascendió que los operativos podrían extenderse durante toda la jornada.
El hotel de lujo Alto Calafate es el que utilizó el empresario allegado a los Kirchner, Lázaro Báez, también investigado, para una maniobra de alquiler de habitaciones cuando gerenciaba su empresa Valle Mitre SA. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja, tal como lo reveló La Nación en diciembre de 2013.
Ayer, en tanto, Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta calificó como “un disparate” pensar que CFK “pueda ir presa” en la causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio por supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro.
“¿Cómo se va a poder creer que lo que antes no era delito, ahora sí lo es? ¿Cómo se va a poder creer que una decisión de política económica, como la del dólar futuro, pasa de ser un día lícita a un día ilícita?”, planteó el letrado, sobre la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en las operaciones de venta de dólar futuro en la segunda mitad del 2015.
También aseguró que la presencia de la ex Presidenta esta semana en Tribunales “tiene más contenido para humillarla, que contenido procesal”, a la vez que aseguró que “hay una mano invisible que nada tiene que ver con lo jurídico”. En declaraciones a radio 10, Beraldi cuestionó con dureza a Bonadio y advirtió que la imparcialidad “es una garantía básica” que “se debe respetar”. A la vez, reprochó que “los parámetros jurídicos se cambian de acuerdo a la calidad del imputado”. (DyN)
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