Dimes y diretes

Un memorándum judicial.-Un sector de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso el grito en el cielo ayer al leer que el jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, le reclamaba medidas de seguridad y denunciaba precariedad laboral a propósito del robo acaecido en la Fiscalía N°5 a cargo de Washington Navarro Dávila. Durante la mañana hubo una serie de consultas relativas a la respuesta que cabía dar a las declaraciones de Jiménez, con quien el alto tribunal mantiene una relación tensa desde abril de 2015, cuando ordenó la auditoría sobre casos objetados por el Colegio de Abogados de la Capital que a la postre derivó en la renuncia del ex fiscal Guillermo Herrera. Fuentes de la Corte comentaron que la decisión de emitir una nota de prensa sobre el robo de la Fiscalía N°5 quedó a la espera del regreso del presidente Antonio Gandur, quien viajó a Bolivia en una misión oficial. Mientras tanto comenzó a circular el memorándum que subraya que el artículo 91 de la Ley Orgánica de Tribunales concede al Ministerio Público la potestad de establecer, administrar y ejecutar su presupuesto en una unidad de organización separada dentro del presupuesto del Poder Judicial. De este “memo” se desprende que Jiménez está facultado para atender las necesidades de las fiscalías y defensorías oficiales.

LA POLICÍA EN LA MIRA.- A los ojos de algunos vocales de la Corte resulta cada vez más insostenible la posición del Ministerio de Seguridad, Gobierno y Justicia respecto de la actuación de la Policía. La situación alcanzó un punto crítico a comienzos de este mes, cuando el alto tribunal emplazó al Gobierno a dar un conjunto inédito de respuestas y soluciones a la crisis del sistema penitenciario. Pero por lo bajo se observa con estupor el aumento de expedientes penales que involucran a policías con la calidad de imputados y ya hay quienes diagnostican una situación de descontrol inquietante, al tiempo que recuerdan que la institución policial no ha variado casi desde la dictadura.