RAMIRO CASTIÑEIRA / ECONOMISTA JEFE DE ECONOMÉTRICA
Entre las dos presidencias de Cristina Kirchner, la economía viró desde el modelo que heredó de “los superávits gemelos y tipo de cambio competitivo”, al que dejó el “cepo, la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y el default”. Modelo que cerró la economía, atrasó el dólar y tarifas; transformó todos los superávits en déficit; desvinculó los precios internos con los externos y se perdió nuevamente el autoabastecimiento energético. Ante un sector privado en franca retirada, el consumo se sostuvo con un constante incremento del gasto público y, pese a ello, la economía no creció en su segunda presidencia.
El gasto público se elevó en 10 puntos del PBI y llegó al récord histórico de 42% del Producto. La presión tributaria también se elevó a 35% del PBI, pero como no alcanzaba para financiar al Estado; el resto se cubría con emisión monetaria y agotando las reservas del Banco Central (BCRA), generando inflación estructural de dos dígitos en los ocho años de gobierno.
Tras las elecciones de 2015, el nuevo gobierno enfrentó la necesidad de virar rápidamente el rumbo económico. Y no sólo para evitar el colapso que se gesta para cuando se acaban las reservas del BCRA, sino también para retornar a una economía de mercado, condición necesaria para reinsertar a la Argentina en el siglo XXI.
En pocos meses también se eliminaron los controles de precios, del comercio exterior y del mercado de capitales, instrumentos que una vez más habían llevado al cierre de la economía argentina y anulado toda iniciativa privada. También se sumó la recuperación de las estadísticas, del presupuesto fiscal y un programa monetario, las cuales son instituciones básicas para anunciar la política económica, reducir la discrecionalidad y lograr coordinar expectativas.
El sinceramiento de la economía conllevó una caída del nivel de actividad, ante el doble impacto que significa unificar el tipo de cambio y liberar los precios en la economía, además de comenzar a reducir el desborde de gasto público en subsidios que implica pisar las tarifas.
El 2016 fue claramente recesivo, sin llegar a crisis o colapso. En buena medida porque el sector público consiguió los dólares para moderar la devaluación como la contracción del gasto público. Sin financiamiento externo la economía hubiese entrado en crisis al quedarse sin reservas para financiarse. Recordamos que el BCRA incluso vendía las que ya no había. El déficit fiscal que heredó el Gobierno fue de 7% del PBI, 6% del Gobierno Nacional (incluye intereses en mora y deuda flotante), y otro 1% de déficit del consolidado de provincias.
Este año el Gobierno redujo el gasto público en poco más de 1% del PBI, pero también contrajo los impuestos (retenciones y Ganancias) casi en igual proporción, lo que llevó a reducir el tamaño del Estado y la presión tributaria, pero no el déficit fiscal consolidado que nuevamente cierra en 7% del PBI (U$S 40.000 millones).
Para reducir la inflación pese al condicionante déficit fiscal, el Gobierno busca cambiar las fuentes de financiamiento del Estado. Dejar de monetizar el déficit y financiarlo con deuda, más externa que interna. De donde proviene el financiamiento no es menor. Si intenta financiarse en el mercado interno; tamaña magnitud elevaría las tasas y cortaría el crédito a privados. Todo lo contrario, el financiamiento externo no sólo se evita el crowding out (efecto desplazamiento), sino que los dólares frescos que trae el sector público terminan financiando el déficit externo de la economía y sostiene artificialmente el tipo de cambio en valores más bajos al de equilibrio, moderando simultáneamente el ritmo de ajuste fiscal y cambiario.
En este año en particular, se dejó de usar las reservas para financiar al Tesoro y se bajó la monetización del déficit fiscal a sólo 2% del PBI. Los 5% puntos del PBI restantes (U$S 30.000 millones) fueron financiados con colocación de deuda en los mercados. Si bien los niveles de endeudamiento del Estado son bajos, ya que nadie le prestaba al gobierno anterior (salvo China y Venezuela), tomar deuda al actual ritmo se torna peligroso si finalmente no se logra reducir el déficit del Estado. El punto no es menor dado que el primer año de Gobierno no se logró reducirlo y el presupuesto para el segundo año de mandato tampoco contempla una contracción, ante un gasto público que supone que acompañará la nominalidad de la economía.
La hipoteca recibida tiene la dimensión suficiente para condicionar toda la presidencia del Gobierno. La apuesta a la inversión y la iniciativa privada no es fácil que florezca ante la destrucción que hereda la macro y la actual dimensión del Estado, que demanda una presión tributaria récord del 45% del PBI, pero que por la evasión se recauda 35% del Producto.
Como no alcanzan los impuestos para financiar el gasto público, el elevado déficit genera inflación, recesión o atraso cambiario, dependiendo de cómo se financie: sea con emisión monetaria, deuda interna o externa, respectivamente. Por último, se suma la crisis energética heredada que impone elevados costos al desarmarla. El sector privado afronta todos estos costos que afectan su competitividad y no sólo hacen difícil intentar ganar nuevos mercados, sino incluso defender el mercado interno.
En definitiva, recordado desde donde se parte, en el primer año se cosecharon logros, principalmente sacar la proa de la macro apuntando a Venezuela. Se desarmó buena parte el modelo previo conteniendo el impacto de una potencial crisis. Pero es evidente que queda una larga agenda para tener una economía sana que promueva la iniciativa privada. Agenda que el mundo avanza sin pausa desde la caída del muro y la Argentina varios años a contramano.
