"Gastos sociales": ocho claves de un escándalo millonario en la Legislatura

El sistema nació en 1992 y terminaron de colapsar cuando Reneé Ramírez admitió que cobraba $150.000 par ayudas.

13 Sep 2016
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ARCHIVO LA GACETA / INÉS QUINTEROS ORIO

1- Los “gastos sociales” nacen en 1992, con la Ley de Residencia Oficial (6.398). Los dos primeros artículos garantizan el mantenimiento de la casa que escoja el gobernador. Un tercer párrafo (caducó en 1999) permitía a otras áreas del Estado efectuar rendiciones sólo con presentar el recibo que comprobara el monto liquidado.

2- Si bien se les llama “gastos sociales”, los subsidios son extraídos de la subpartida “ayudas sociales a personas”, destinada a “auxilios o ayudas especiales, revistan éstas carácter de permanente o no acordados a personas”. Están en la partida 500, denominada “Transferencias”, puesto que su cobro no requiere contraprestación.

3- Hace algunas semanas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo anunció la eliminación de la subpartida 514, aunque advirtió que la Legislatura continuará otorgando otros subsidios previstos en el Manual de Clasificadores Presupuestarios, como ayudas sociales a instituciones. En esa nómina también figuran becas y otros auxilios.

4- Los fondos en cuestión fueron ejecutados en 2015, que tuvo a Juan Manzur (hasta octubre) y a Osvaldo Jaldo (de octubre a diciembre) al frente de la Legislatura. El año pasado, la Cámara tenía un presupuesto original de $ 959 millones; fue ampliado a $ 1.529 millones de modo secreto, en la sesión legislativa de septiembre de 2015.

5- El escándalo estalló el 1 de noviembre pasado, cuando LA GACETA publicó fotos e informes bancarios referidos al manejo del efectivo para “gastos sociales”. Hasta septiembre de 2015 habían sido ejecutados más de $ 490 millones; al final del período el monto llegó a $ 615 millones (el 40% del presupuesto legislativo total).

6- Debido a las notas de este diario fueron abiertas varias causas. En el fuero federal se investiga la presunta evasión (ya quedó descartado el lavado de activos, que se tramitó por separado). En la Provincia hubo sólo un caso penal (ya archivado por Navarro Dávila) y hay varios expedientes en el fuero Contencioso Administrativo.

7- La hipótesis del denunciante Oscar López es que legisladores y funcionarios de la Legislatura utilizaban los fondos para “ayudas sociales” a modo de sobresueldo o de paga en negro. La Constitución provincial dispone que la única remuneración por la tarea legislativa es la dieta, que hoy alcanza los $ 32.000 mensuales.

8- El sistema de gastos sociales terminó de colapsar cuando el legislador manzurista Reneé Ramírez (bloque Tucumán Crece) admitió que cobraba $ 150.000 al mes para “ayudas sociales a personas”. Dijo que destinaba esa plata a cubrir necesidades en su territorio, y que las rendiciones corrían por cuenta de cada parlamentario.

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