12 Septiembre 2016 Seguir en 
El juez penal santiagueño, Miguel Ángel Moreno, que se encontraba prófugo acusado de una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán, se entregó a la Justicia y quedó detenido en la Escuela de Policía de Santiago del Estero, informaron fuentes judiciales. Está acusado junto a otros dos magistrados y un empresario periodístico.
El ex magistrado decidió entregarse tras el pedido de captura nacional e internacional ordenada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que investiga la defraudación por más de $ 10 millones al gobierno de Tucumán.
Moreno se entregó el sábado por la noche, cuando ingresó a la escuela de cadetes policiales en un automóvil con cristales tonalizados y escoltado por una camioneta doble cabina de su abogado defensor, José Azar, consignó Télam.
Con anterioridad, los ex magistrados que renunciaron a sus cargos para evitar juicios políticos abiertos, Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra se entregaron y permanecen internados en clínicas privadas de la capital provincial.
En tanto, se mantiene prófugo de la Justicia el empresario periodístico Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán), que al igual que los ex funcionarios judiciales, decidió apelar a un tribunal de alzada las órdenes de detención y el rechazo de los de pedidos de eximición de prisión.
Las mismas fuentes judiciales indicaron que una vez recuperados de sus estados de salud, los ex jueces Martínez Llanos y Tarchini Saavedra, también serán alojados en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones” de la ciudad de Santiago del Estero.
Asimismo, el juez Alarcón, que investiga la millonaria defraudación resolvió inhibir los bienes de los ex funcionarios judiciales y del empresario Pericás, en lo que consideran una “asociación ilícita” para cobrar más $ 10 millones de la coparticipación federal de Tucumán.
Los tres ex magistrados se encuentran acusados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”.
En el caso del ex juez Moreno, la Fiscalía de Estado de Tucumán amplió una denuncia y le endilgó los delitos de “prevaricato y cohecho agravado”, y volvió a insistir en el de “asociación ilícita”, que a la fecha no fue aplicado por el juez que investiga la millonaria defraudación.
Las mismas fuentes indicaron que Alarcón analiza un dictamen del fiscal Rubén Alfonzo, que requirió la imputación de un cuarto ex juez de Paz, Ricardo Rómulo Rava que renunció al cargo hace tres semanas, también acusado de la millonaria estafa a Tucumán.
El escándalo judicial surgió tras la denuncia contra los tres ex magistrados, presentada por la Fiscalía de Tucumán, ante lo que consideraron “insólitas e irregulares las medidas cautelares” resueltas en la feria judicial a favor de Pericás y en contra del gobierno de Tucumán.
El ex magistrado decidió entregarse tras el pedido de captura nacional e internacional ordenada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que investiga la defraudación por más de $ 10 millones al gobierno de Tucumán.
Moreno se entregó el sábado por la noche, cuando ingresó a la escuela de cadetes policiales en un automóvil con cristales tonalizados y escoltado por una camioneta doble cabina de su abogado defensor, José Azar, consignó Télam.
Con anterioridad, los ex magistrados que renunciaron a sus cargos para evitar juicios políticos abiertos, Lucrecia Martínez Llanos y Ramón Tarchini Saavedra se entregaron y permanecen internados en clínicas privadas de la capital provincial.
En tanto, se mantiene prófugo de la Justicia el empresario periodístico Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán), que al igual que los ex funcionarios judiciales, decidió apelar a un tribunal de alzada las órdenes de detención y el rechazo de los de pedidos de eximición de prisión.
Las mismas fuentes judiciales indicaron que una vez recuperados de sus estados de salud, los ex jueces Martínez Llanos y Tarchini Saavedra, también serán alojados en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones” de la ciudad de Santiago del Estero.
Asimismo, el juez Alarcón, que investiga la millonaria defraudación resolvió inhibir los bienes de los ex funcionarios judiciales y del empresario Pericás, en lo que consideran una “asociación ilícita” para cobrar más $ 10 millones de la coparticipación federal de Tucumán.
Los tres ex magistrados se encuentran acusados de los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada”.
En el caso del ex juez Moreno, la Fiscalía de Estado de Tucumán amplió una denuncia y le endilgó los delitos de “prevaricato y cohecho agravado”, y volvió a insistir en el de “asociación ilícita”, que a la fecha no fue aplicado por el juez que investiga la millonaria defraudación.
Las mismas fuentes indicaron que Alarcón analiza un dictamen del fiscal Rubén Alfonzo, que requirió la imputación de un cuarto ex juez de Paz, Ricardo Rómulo Rava que renunció al cargo hace tres semanas, también acusado de la millonaria estafa a Tucumán.
El escándalo judicial surgió tras la denuncia contra los tres ex magistrados, presentada por la Fiscalía de Tucumán, ante lo que consideraron “insólitas e irregulares las medidas cautelares” resueltas en la feria judicial a favor de Pericás y en contra del gobierno de Tucumán.
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