“Hay justicia para los marginales: los poderosos zafan”

Trabaja en el primer piso de los polémicos Tribunales Federales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires), en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, y es una voz de referencia entre los estudios del sistema procesal que procura el esclarecimiento de los delitos. Por estos y otros motivos, la camarista Ángela Ledesma está en el centro de la tormenta. De nuevo en esta ciudad, adonde participó del XIII Encuentro de Profesores de Derecho Procesal Penal, Ledesma manifestó que la independencia es la primera condición del magistrado. “Si falta, de nada sirve que el juez sepa derecho”, advirtió durante el diálogo sostenido en un pasillo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

-En esta provincia y en el resto del país se están analizando y aplicando grandes reformas en materia procesal penal...

-Están dadas las condiciones para producir avances importantes. En 1991, Tucumán se convirtió en la primera jurisdicción que separó la función de juzgar de la de acusar. Pero lo cierto es que la organización no se adecuó al cambio, quizá por dificultades culturales. En los últimos años hubo ajustes: una reforma reciente, por ejemplo, incorporó la mediación penal. Todos estos cambios son importantes y positivos, pero necesitamos acondicionar la estructura judicial y capacitarnos. En la faz nacional existe una nueva ley que no ha entrado en vigencia porque se le están haciendo modificaciones en cuanto a la investigación de las causas penales complejas: esta es la gran deuda de la República Argentina. Siempre las estadísticas dan resultados en relación con los casos menores, pero los grandes casos muchas veces quedan en el camino. A mí me toca intervenir en estos expedientes muy dolorosos. Esta conciencia de lo que nos pasa y el objetivo de transparentar lo que hacemos nos va a hacer dar el paso que estamos necesitando. Soy optimista, pero necesitamos transformaciones serias. Ayudaría, por ejemplo, hacer algunas experiencias de juicio por jurados. En Córdoba elogian esta participación de la ciudadanía. Pero, insisto, hay que trabajar en serio los cambios organizativos y en la gestión para que haya respuestas eficaces. Si no, la mera sanción de una nueva ley no va a servir para nada.

-Cuando usted dice que hay una deuda con las causas penales complejas, ¿se refiere también a las de corrupción?

-Totalmente. A mí me ha tocado intervenir en los casos de privatización y de balances falsos de Aerolíneas, ambos de la década de 1990, que nunca llegaron a juicio. La reforma procesal penal debe permitirnos juzgar la corrupción y que dejemos de enjuiciar a los ladrones de gallinas. El gran problema es la selectividad penal: hay justicia para los marginales adictos, pero los poderosos zafan porque tienen impunidad, caducidad, prescripción y defensas técnicas muy sólidas. Debemos terminar con esto: ¡es una vergüenza! No es suficiente con el esfuerzo de algunos buenos jueces: necesitamos un cambio integral.

-¿La sociedad confía en la Justicia?

-Todos estamos hartos de la falta de respuesta y de las respuestas que llegan tarde. Debemos sincerarnos: el modelo en vigencia no funciona. Hay propuestas y posiciones de avanzada que no se aplican. El discurso académico está disociado de la práctica. Sabemos lo que hay que hacer desde hace muchísimos años, pero nunca lo hemos hecho con seriedad. La reforma de la Justicia penal debe ser una política de Estado.