La Nación se desliga del caso Etchecolatz

BUENOS AIRES.- El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo ayer que “es prerrogativa del juez” que entiende en causas de delitos de lesa humanidad conceder las prisiones domiciliarias y que el Estado “no puede apelar” esa decisión, tras negar que el Gobierno apoye esos modos de detención para los genocidas que actuaron durante la última dictadura cívico militar.

“Es prerrogativa del juez conceder las domiciliarias y nosotros consideramos que debemos atenernos a derecho en igualdad de condiciones ante la ley para todos los ciudadanos y habitantes. La ley marca que pasados los 70 años es potestad del juez conceder la domiciliaria y eso es en igualdad de condiciones para todos los presos. Esto lo dice además un juez como (Ricardo) Gil Lavedra, que fue quien integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares”, apuntó.

También pidió “entender que estamos inmersos en un tiempo donde la gran mayoría (de los represores) van entrando a esa dimensión y por eso, este escenario se nos va a ir ampliando”, afirmó en referencia al caso del ex comisario Miguel Etchecolatz.

A Etchecolatz en dos instancias la Justicia le concedió la domiciliaria -falta que se expida en un tercer caso- y tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, además de estar sospechado de la desaparición en democracia de un testigo en su contra, Jorge Julio López, en el año 2006.

“Hay que entender que la modalidad de detención no significa una eximición de la pena, sino que la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”, añadió. Y enumeró: “Hay 1.056 detenidos por delitos de lesa humanidad. De ese universo, 462 ya tienen arresto domiciliario, y de esos 462, unas 441 fueron otorgadas por la Justicia en el gobierno anterior, y sólo tuvo alguna objeción menos del 5% de ese universo”, sintetizó Avruj. (Télam)