El secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, fue denunciado de haber cometido presuntos delitos de encubrimiento y de violación de los deberes de funcionario público. El dirigente radical Pablo Amador y el diputado Esteban Jerez (Frente Cívico), como abogado patrocinante, pidieron formalmente a la Justicia Penal que se lo procese debido a sus dichos del pasado 28 de enero.
"Con la legislación anterior, las comunas no podían cerrar sus balances (...) Antes, los comisionados comunales debían dibujar boletas o inventar compras para cerrar los números", afirmó entonces Mansilla.
"En su condición de funcionario público tenía y tiene la obligación de concurrir a la Justicia para radicar la denuncia porque los hechos expresados por él y publicados por la prensa, ya que, presumiblemente, constituyen un ilícito", indica la denuncia.
El escrito apunta que el artículo 317 del Código Procesal Penal de la provincia establece que los funcionarios públicos tendrán obligación de denunciar los delitos que conozcan. Y recuerda que el artículo 277 del mismo digesto fija una pena de seis meses a tres años de prisión a quien, tras cometido un delito, omitiese denunciar el hecho, estando obligado a hacerlo.
Paralelamente, la demanda pide la aplicación del artículo cuatro de la Constitución de la provincia, según el que los funcionarios públicos serán responsables directamente ante los tribunales de las faltas que cometieran en el ejercicio de sus funciones y de los daños que por ellas casasen.
En la presentación se solicita, además, la apertura de una investigación sobre la base de que, según los dichos del ex intendente de Aguilares, habría delegados comunales que malversaron fondos.
"Con la legislación anterior, las comunas no podían cerrar sus balances (...) Antes, los comisionados comunales debían dibujar boletas o inventar compras para cerrar los números", afirmó entonces Mansilla.
"En su condición de funcionario público tenía y tiene la obligación de concurrir a la Justicia para radicar la denuncia porque los hechos expresados por él y publicados por la prensa, ya que, presumiblemente, constituyen un ilícito", indica la denuncia.
El escrito apunta que el artículo 317 del Código Procesal Penal de la provincia establece que los funcionarios públicos tendrán obligación de denunciar los delitos que conozcan. Y recuerda que el artículo 277 del mismo digesto fija una pena de seis meses a tres años de prisión a quien, tras cometido un delito, omitiese denunciar el hecho, estando obligado a hacerlo.
Paralelamente, la demanda pide la aplicación del artículo cuatro de la Constitución de la provincia, según el que los funcionarios públicos serán responsables directamente ante los tribunales de las faltas que cometieran en el ejercicio de sus funciones y de los daños que por ellas casasen.
En la presentación se solicita, además, la apertura de una investigación sobre la base de que, según los dichos del ex intendente de Aguilares, habría delegados comunales que malversaron fondos.







