Por Redacción Política
10 Marzo 2004
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En el juicio político contra el suspendido fiscal de instrucción de la IV Nominación Héctor Abraham Musi, por el momento, no se producirán más pruebas que las que fueron admitidas el miércoles pasado por el Tribunal parlamentario.
Los legisladores jueces mantuvieron en la tarde de ayer, por espacio de dos horas, una reunión informativa en la que acordaron rechazar nuevas pruebas ofrecidas por la comisión acusadora. "Se coincidió en que ya caducó la oportunidad para solicitar la producción", puntualizó a LA GACETA el justicialista Rodolfo Ocaranza. El pasado lunes, los legisladores tampoco hicieron lugar a un pedido, en idéntico sentido, de la defensa del fiscal.
El lunes vencerá el período probatorio. El presidente del Tribunal, Ernesto Padilla (FR), deberá llamar a una audiencia pública entre el martes y el sábado próximo para oír los alegatos de las partes. "En esa instancia se evaluarán las pruebas, y los legisladores jueces merituarán si hace falta solicitar o no medidas para mejor proveer. Pedirlas ahora sería prematuro", indicó el republicano a LA GACETA.
Concluida esta etapa (y ya en el marco de los autos de resolución), hay un plazo de tres días corridos para que el Tribunal se reúna en sesión secreta y meritúe la causa. Tendrán cinco días corridos para este análisis reservado.
Concluída esa discusión, se fijará (en un término de 48 horas) la sesión pública en la que los legisladores jueces deberán pronunciar una resolución definitiva sobre el proceso. Es decir, votar por la absolución o la destitución de Musi.
La defensa ataca al titular de la parte acusadora
"El fiscal Héctor Abraham Musi es uno de los funcionarios públicos más pobres o empobrecido porque perdió su última casa y hasta su auto. Ofreció que se abra su declaración jurada, porque no tiene nada", afirmó ayer su abogado defensor, Horacio Guerineau.
El letrado cuestionó especialmente al presidente de la comisión acusadora del juicio político contra Musi, el justicialista Sisto Terán, de quien dijo que tiene "una riqueza inconmensurable, a nombre de todos sus familiares, hasta la milésima generación, línea o grado; es una vergüenza".
"Hay vasos comunicantes entre el poder político y el Judicial, con casos de enriquecimiento ilícito que no se investigan. En la anterior Legislatura había muchas 4x4 en la playa de estacionamiento. Todas deben estar registradas en el libro de guardias, que no debe desaparecer", denunció.
"Musi no renunció porque se siente inocente y va a luchar hasta el final. El juicio político no se suspende", admitió el abogado al referirse al cambio de estrategia ante la Justicia Federal, donde el fiscal acusado presentó un escrito poniéndose a disposición del magistrado nacional Felipe Federico Terán. Hasta ahora, no hubo respuesta a la nota.
Formalidades
"El fiscal nunca quiso negarse a declarar. En su momento, interpuso sus privilegios constitucionales porque estimó que los tenía, basado en argumentos de mucho peso. Creyó que era lo mejor para el Poder Judicial provincial, porque era una manera de defender a todos. Pero nunca hubo nada que ocultar", explicó Guerineau.
El defensor se mostró sorprendido por la difusión del escrito entregado a Terán. Explicó que no quisieron difundir esta decisión. "En este momento hay que dejar de lado muchas formalidades", destacó.
Reiteró: "el fiscal no pudo controlar las infidelidades de alguno de sus empleados". "¿Por qué no le creen?", preguntó.
El abogado se distanció del trabajo realizado por su antecesor en la defensa de Musi, Gustavo Morales. Afirmó: "se rescataron muchas cosas de su estrategia, pero hubo equivocaciones". Como ejemplo, mencionó el pedido de juicio político contra el juez federal Terán, que no fue continuado. "Creo que cayó porque no fue ratificado. No estoy de acuerdo con esa decisión", indicó.
Ya se analizan documentos enviados desde la Corte
El Tribunal de Juicio Político contra el fiscal Héctor Abraham Musi comenzó a analizar los informes y las pruebas documentales que recibieron de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y del Ministerio Público Fiscal, para decidir la continuidad del proceso.
La decisión de Musi de ponerse a disposición de la Justicia Federal para declarar en la causa por la entrega irregular de vehículos no afectará de ningún modo el trámite en la Legislatura. Si bien la denuncia original contra Musi fue presentada por el juez federal Felipe Terán, por su renuencia a ir a su despacho cuando la comisión acusadora formuló los cargos contra el fiscal de la IV Nominación el juicio político tomó vida propia. La acusación consiste en parcialidad manifiesta y reiteradas irregularidades en procedimientos judiciales.
Licencias y vuelos
Los legisladores jueces recibieron una copia autenticada del sumario administrativo que realizó el fiscal de Cámara Manuel López Rougés sobre el uso de un vehículo Rover por parte de Musi. El funcionario declaró la semana pasada en el recinto, y ratificó sus conclusiones lapidarias contra el acusado.
El Tribunal tiene ya en su poder el listado de las licencias que solicitó el empleado Alejandro Martoni (fue remitido por el ministro fiscal Luis de Mitri) entre 2002 y 2003. Además, desde el momento de la acusación, cuenta con la auditoría efectuada sobre el funcionamiento administrativo del despacho de Musi.
El Tribunal espera ahora que las tres líneas aéreas que operan la ruta Tucumán-Capital Federal les informen sobre si hubo algún vuelo en el que coincidieron el fallecido Pedro Bobba, el detenido Pedro Tomas y Martoni. Esta situación podría determinar una vinculación entre ellos, tal como afirmaron los parientes del otro detenido, Hugo Tarifa. Otra prueba solicitada es el informe del juez Terán sobre la causa de las 4x4.
Perito calígrafo
A pedido del Tribunal, la Corte sorteó un perito calígrafo para certificar la autenticidad de la firma de Musi en un oficio de libre circulación de un vehículo secuestrado. Esta prueba fue solicitada por la defensa del fiscal, y estará a cargo de Gustavo Caffarena, integrante de la Gendarmería nacional.
Los legisladores jueces intercambian permanentemente información para definir la sustanciación de nuevas pruebas informativas, documentales o testimoniales. Ninguna de las partes (acusación y defensa) puede proponer nada más en la actual instancia.
El reloj comenzó a jugar en contra del Tribunal, puesto que la voluntad es producir toda la prueba nueva que pidan sus integrantes antes del próximo viernes 19, fecha en la cual sería llamado el Tribunal para oír los alegatos de las partes. El plazo máximo para ese hecho procesal vence al día siguiente. Una semana más tarde se dictaría el veredicto.
"Buscamos la verdad material y poder aclarar adecuadamente los hechos, para dictar un fallo acorde a la realidad. Queremos constatar todo", explicó el presidente del cuerpo, Ernesto Padilla.
Los legisladores jueces mantuvieron en la tarde de ayer, por espacio de dos horas, una reunión informativa en la que acordaron rechazar nuevas pruebas ofrecidas por la comisión acusadora. "Se coincidió en que ya caducó la oportunidad para solicitar la producción", puntualizó a LA GACETA el justicialista Rodolfo Ocaranza. El pasado lunes, los legisladores tampoco hicieron lugar a un pedido, en idéntico sentido, de la defensa del fiscal.
El lunes vencerá el período probatorio. El presidente del Tribunal, Ernesto Padilla (FR), deberá llamar a una audiencia pública entre el martes y el sábado próximo para oír los alegatos de las partes. "En esa instancia se evaluarán las pruebas, y los legisladores jueces merituarán si hace falta solicitar o no medidas para mejor proveer. Pedirlas ahora sería prematuro", indicó el republicano a LA GACETA.
Concluida esta etapa (y ya en el marco de los autos de resolución), hay un plazo de tres días corridos para que el Tribunal se reúna en sesión secreta y meritúe la causa. Tendrán cinco días corridos para este análisis reservado.
Concluída esa discusión, se fijará (en un término de 48 horas) la sesión pública en la que los legisladores jueces deberán pronunciar una resolución definitiva sobre el proceso. Es decir, votar por la absolución o la destitución de Musi.
"El fiscal Héctor Abraham Musi es uno de los funcionarios públicos más pobres o empobrecido porque perdió su última casa y hasta su auto. Ofreció que se abra su declaración jurada, porque no tiene nada", afirmó ayer su abogado defensor, Horacio Guerineau.
El letrado cuestionó especialmente al presidente de la comisión acusadora del juicio político contra Musi, el justicialista Sisto Terán, de quien dijo que tiene "una riqueza inconmensurable, a nombre de todos sus familiares, hasta la milésima generación, línea o grado; es una vergüenza".
"Hay vasos comunicantes entre el poder político y el Judicial, con casos de enriquecimiento ilícito que no se investigan. En la anterior Legislatura había muchas 4x4 en la playa de estacionamiento. Todas deben estar registradas en el libro de guardias, que no debe desaparecer", denunció.
"Musi no renunció porque se siente inocente y va a luchar hasta el final. El juicio político no se suspende", admitió el abogado al referirse al cambio de estrategia ante la Justicia Federal, donde el fiscal acusado presentó un escrito poniéndose a disposición del magistrado nacional Felipe Federico Terán. Hasta ahora, no hubo respuesta a la nota.
Formalidades
"El fiscal nunca quiso negarse a declarar. En su momento, interpuso sus privilegios constitucionales porque estimó que los tenía, basado en argumentos de mucho peso. Creyó que era lo mejor para el Poder Judicial provincial, porque era una manera de defender a todos. Pero nunca hubo nada que ocultar", explicó Guerineau.
El defensor se mostró sorprendido por la difusión del escrito entregado a Terán. Explicó que no quisieron difundir esta decisión. "En este momento hay que dejar de lado muchas formalidades", destacó.
Reiteró: "el fiscal no pudo controlar las infidelidades de alguno de sus empleados". "¿Por qué no le creen?", preguntó.
El abogado se distanció del trabajo realizado por su antecesor en la defensa de Musi, Gustavo Morales. Afirmó: "se rescataron muchas cosas de su estrategia, pero hubo equivocaciones". Como ejemplo, mencionó el pedido de juicio político contra el juez federal Terán, que no fue continuado. "Creo que cayó porque no fue ratificado. No estoy de acuerdo con esa decisión", indicó.
El Tribunal de Juicio Político contra el fiscal Héctor Abraham Musi comenzó a analizar los informes y las pruebas documentales que recibieron de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y del Ministerio Público Fiscal, para decidir la continuidad del proceso.
La decisión de Musi de ponerse a disposición de la Justicia Federal para declarar en la causa por la entrega irregular de vehículos no afectará de ningún modo el trámite en la Legislatura. Si bien la denuncia original contra Musi fue presentada por el juez federal Felipe Terán, por su renuencia a ir a su despacho cuando la comisión acusadora formuló los cargos contra el fiscal de la IV Nominación el juicio político tomó vida propia. La acusación consiste en parcialidad manifiesta y reiteradas irregularidades en procedimientos judiciales.
Licencias y vuelos
Los legisladores jueces recibieron una copia autenticada del sumario administrativo que realizó el fiscal de Cámara Manuel López Rougés sobre el uso de un vehículo Rover por parte de Musi. El funcionario declaró la semana pasada en el recinto, y ratificó sus conclusiones lapidarias contra el acusado.
El Tribunal tiene ya en su poder el listado de las licencias que solicitó el empleado Alejandro Martoni (fue remitido por el ministro fiscal Luis de Mitri) entre 2002 y 2003. Además, desde el momento de la acusación, cuenta con la auditoría efectuada sobre el funcionamiento administrativo del despacho de Musi.
El Tribunal espera ahora que las tres líneas aéreas que operan la ruta Tucumán-Capital Federal les informen sobre si hubo algún vuelo en el que coincidieron el fallecido Pedro Bobba, el detenido Pedro Tomas y Martoni. Esta situación podría determinar una vinculación entre ellos, tal como afirmaron los parientes del otro detenido, Hugo Tarifa. Otra prueba solicitada es el informe del juez Terán sobre la causa de las 4x4.
Perito calígrafo
A pedido del Tribunal, la Corte sorteó un perito calígrafo para certificar la autenticidad de la firma de Musi en un oficio de libre circulación de un vehículo secuestrado. Esta prueba fue solicitada por la defensa del fiscal, y estará a cargo de Gustavo Caffarena, integrante de la Gendarmería nacional.
Los legisladores jueces intercambian permanentemente información para definir la sustanciación de nuevas pruebas informativas, documentales o testimoniales. Ninguna de las partes (acusación y defensa) puede proponer nada más en la actual instancia.
El reloj comenzó a jugar en contra del Tribunal, puesto que la voluntad es producir toda la prueba nueva que pidan sus integrantes antes del próximo viernes 19, fecha en la cual sería llamado el Tribunal para oír los alegatos de las partes. El plazo máximo para ese hecho procesal vence al día siguiente. Una semana más tarde se dictaría el veredicto.
"Buscamos la verdad material y poder aclarar adecuadamente los hechos, para dictar un fallo acorde a la realidad. Queremos constatar todo", explicó el presidente del cuerpo, Ernesto Padilla.
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