El interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan, recibió ayer una fuerte reprimenda. El Tribunal de Cuentas le aplicó una multa equivalente a dos meses de sueldo (percibe unos $2.960) por haber autorizado la contratación directa, por parte del Subsidio de Salud (depende del IPSS), de un avión para trasladar a Buenos Aires al empresario del sector inmobiliario Oscar Macías, pese a que no es afiliado a la obra social oficial.
El órgano de contralor, mediante un acuerdo, también multó con el equivalente de dos salarios al subinterventor del IPSS, Medardo Alfredo Benítez, y ordenó una comprobación sumaria para determinar si el Estado sufrió daño patrimonial. La actuación estará a cargo del abogado Pablo Cainzo, quien tiene 30 días para elevar las conclusiones.
En horas de la mañana, los contadores fiscales que actúan en el IPSS (Mario Santamarina, Viviana Valdez y José Guindo) entregaron un informe sobre la situación. Basándose en la documentación presentada, los vocales del Tribunal de Cuentas, Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf concluyeron que Koltan y Benítez "vulneraron abiertamente la competencia propia y específica de la naturaleza funcional del IPSS como ente autárquico". El reproche es porque los funcionarios, mediante sendas resoluciones (no fueron sometidas al debido control previo), autorizaron el libramiento de unos $27.627 en favor de Macías. El dinero sirvió para pagar a la empresa Medical Jet y al Instituto Fleni de la Capital Federal, donde fue internado el empresario por problemas vasculares.
Razones de solidaridad
El tribunal también cuestionó que del Subsidio haya salido dinero para asistir a quien no forma parte de la obra social. "La solidaridad, por imperativo legal, debe responder a las necesidades y protección de los afiliados, sustento esencial de su existencia", destacaron los vocales.
Pese a la sanción que le impuso a Koltan, el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, ofició al Tribunal de Cuentas para que informe si controló preventivamente el decreto por el cual el gobernador José Alperovich autorizó el subsidio por $ 27.627 en favor de Macías. Precisamente, Koltan afirma que se limitó a cumplir las órdenes del PE, que reintegró el dinero del aporte al IPSS. "Acá no hubo plata robada, ni desvío de dinero", insistió ayer Alperovich.
"Se trató de una ayuda humanitaria"
"Lamento la utilización política que se está haciendo de esto. Sólo se trató de una ayuda humanitaria para un caso de vida o muerte. Esperamos que la discusión sirva para que se organice un sistema que garantice que otras familias tucumanas puedan conseguir una rápida respuesta para solucionar problemas similares".
Martín Macías regresó ayer de la Capital Federal, adonde fue para acompañar a su padre, Oscar Macías, quien evoluciona favorablemente. Y fijó posición en la polémica iniciada por la contratación directa, por parte del Subsidio de Salud, de un avión para trasladar al empresario al Instituto Fleni de esa ciudad. El ejecutivo padece de problemas vasculares.
"Muchas barbaridades fueron dichas. Si mi padre tuviera tantas propiedades como dicen, no tendría que pedir ayuda. Estamos muy agradecidos con todos los que nos ayudaron para que él pueda recuperarse; pero nos preocupa que se use el honor de una familia, que es una familia de bien, para hacer política", dijo.
Por su parte, Carlos Arana, empleado de la inmobiliaria de Macías, afirmó que el empresario no es Donal Trump; en referencia a las conjeturas que generó la concesión del subsidio al empresario. "Se trata de un laburante (sic) que necesita de su actividad para mantener a su familia", aseguró.
El hijo de Macías concurrió ayer a Escribanía General de Casa de Gobierno donde firmó cinco documentos en los que se compromete a devolver a la provincia $ 27.627, en cinco cuotas. "Queremos arreglar cómo devolver lo que nos prestaron. El pago está garantizado, sólo necesitamos tiempo", concluyó.
El órgano de contralor, mediante un acuerdo, también multó con el equivalente de dos salarios al subinterventor del IPSS, Medardo Alfredo Benítez, y ordenó una comprobación sumaria para determinar si el Estado sufrió daño patrimonial. La actuación estará a cargo del abogado Pablo Cainzo, quien tiene 30 días para elevar las conclusiones.
En horas de la mañana, los contadores fiscales que actúan en el IPSS (Mario Santamarina, Viviana Valdez y José Guindo) entregaron un informe sobre la situación. Basándose en la documentación presentada, los vocales del Tribunal de Cuentas, Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf concluyeron que Koltan y Benítez "vulneraron abiertamente la competencia propia y específica de la naturaleza funcional del IPSS como ente autárquico". El reproche es porque los funcionarios, mediante sendas resoluciones (no fueron sometidas al debido control previo), autorizaron el libramiento de unos $27.627 en favor de Macías. El dinero sirvió para pagar a la empresa Medical Jet y al Instituto Fleni de la Capital Federal, donde fue internado el empresario por problemas vasculares.
Razones de solidaridad
El tribunal también cuestionó que del Subsidio haya salido dinero para asistir a quien no forma parte de la obra social. "La solidaridad, por imperativo legal, debe responder a las necesidades y protección de los afiliados, sustento esencial de su existencia", destacaron los vocales.
Pese a la sanción que le impuso a Koltan, el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, ofició al Tribunal de Cuentas para que informe si controló preventivamente el decreto por el cual el gobernador José Alperovich autorizó el subsidio por $ 27.627 en favor de Macías. Precisamente, Koltan afirma que se limitó a cumplir las órdenes del PE, que reintegró el dinero del aporte al IPSS. "Acá no hubo plata robada, ni desvío de dinero", insistió ayer Alperovich.
"Lamento la utilización política que se está haciendo de esto. Sólo se trató de una ayuda humanitaria para un caso de vida o muerte. Esperamos que la discusión sirva para que se organice un sistema que garantice que otras familias tucumanas puedan conseguir una rápida respuesta para solucionar problemas similares".
Martín Macías regresó ayer de la Capital Federal, adonde fue para acompañar a su padre, Oscar Macías, quien evoluciona favorablemente. Y fijó posición en la polémica iniciada por la contratación directa, por parte del Subsidio de Salud, de un avión para trasladar al empresario al Instituto Fleni de esa ciudad. El ejecutivo padece de problemas vasculares.
"Muchas barbaridades fueron dichas. Si mi padre tuviera tantas propiedades como dicen, no tendría que pedir ayuda. Estamos muy agradecidos con todos los que nos ayudaron para que él pueda recuperarse; pero nos preocupa que se use el honor de una familia, que es una familia de bien, para hacer política", dijo.
Por su parte, Carlos Arana, empleado de la inmobiliaria de Macías, afirmó que el empresario no es Donal Trump; en referencia a las conjeturas que generó la concesión del subsidio al empresario. "Se trata de un laburante (sic) que necesita de su actividad para mantener a su familia", aseguró.
El hijo de Macías concurrió ayer a Escribanía General de Casa de Gobierno donde firmó cinco documentos en los que se compromete a devolver a la provincia $ 27.627, en cinco cuotas. "Queremos arreglar cómo devolver lo que nos prestaron. El pago está garantizado, sólo necesitamos tiempo", concluyó.







