Entregan al Tribunal de Cuentas un informe sobre el subsidio para Macías

Hoy será un día clave en la causa en la que se investiga la contratación directa, por parte del Subsidio de Salud, de un avión para trasladar a Buenos Aires al empresario Oscar Macías, pese a que no es afiliado a la obra social oficial de la provincia.
Tres contadores fiscales entregarán al Tribunal de Cuentas el informe que se les pidió sobre la secuencia administrativa que concluyó con el otorgamiento, por parte del gobernador José Alperovich, de un subsidio de $ 27.600 al ejecutivo del sector inmobiliario para atender sus problemas cardíacos.
El estudio que prepara la delegación del Tribunal de Cuentas asignada al Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS) es fundamental para la continuidad de las actuaciones que, en forma separada, llevan el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, y el órgano de contralor de la provincia.
El informe condicionará en buena medida lo que sucederá judicial y administrativamente con el interventor del IPSS, Mario Koltan. El funcionario emitió las resoluciones que autorizaron el libramiento de sendos cheques, por $ 17.600 y por $ 10.000, para poder trasladar a Macías a Buenos en un avión de la empresa Medical Jet, y luego internarlo en el Instituto Fleni.
Koltan afirma que actuó en cumplimiento del decreto 514, del 12 de febrero, por el que Alperovich, el ministro de Salud, Juan Manzur, y el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, autorizaron un subsidio específico por $ 27.600 a la familia Macías. El funcionario también insiste en que no se perjudicó al Estado porque, si bien echó mano de anticipos financieros del Subsidio para los libramientos, el PE reintegró el importe al IPSS.

¿Obediencia debida?
En el plano administrativo, tras el informe de los contadores es posible que el Tribunal de Cuentas ordene una comprobación sumaria para determinar si, pese a lo que dice Koltan, se causó un perjuicio al erario. Aun cuando no hubiera un daño patrimonial, el funcionario podría ser apercibido. Fuentes del órgano de contralor consultadas por LA GACETA consideran que aunque había un decreto del PE que autorizaba la concesión de un subsidio, el funcionario debió contestar que el Subsidio no era el canal adecuado para desembolsar el aporte, ya que Macías no era afiliado a la obra social.
En cambio, fuentes judiciales estiman que también hay que estudiar cuáles son las condiciones a partir de las cuales el gobernador puede hacer uso de la facultad constitucional de otorgar subsidios. "¿Estas ayudas son sólo para personas necesitadas social y económicamente o el PE también puede otorgarlas a un millonario, como Donal Trump? Para contestar esto hay que analizar qué dice el decreto que reglamenta esta potestad del PE", aseveró un funcionario judicial.
Precisamente, al anunciar el caso, el legislador Alejandro Sangenis tildó de "injusticia social" que, mientras hay pobres que no reciben ayuda del Estado para enterrar a sus muertos, un empresario haya recibido $ 27.600.