Por Redacción Política
07 Marzo 2004
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El proceso en marcha contra el suspendido fiscal Abraham Musi y los tres pedidos de enjuiciamiento contra otros tres representantes del Ministerio Público de la Justicia provincial han reinstalado el juicio político en la agenda pública de los tucumanos.
Siempre controvertida, la figura prevista por la Constitución es una respuesta institucional para una anormalidad que involucre a algún representante del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Implica siempre un conflicto de poderes, pero con pautas de resolución expresamente establecidas por el sistema legal.
En efecto, se trata de un juicio donde sólo se considera la responsabilidad política del involucrado, dejando las cuestiones jurídicas a los Tribunales una vez que este renuncie o sea separado del cargo. Por ello, se explica que el juzgamiento sea atribuido a un órgano representativo de la voluntad popular y que el eventual fallo condenatorio se limite a producir la destitución del acusado o a declararlo incapaz de ocupar un cargo o cobrar un sueldo en el Estado.
La discusión sobre la capacidad de los legisladores para entender en este tipo de procesos se repite a lo largo del tiempo. El planteo encuentra fundamento en un sistema que tiene características judiciales pero que, por definición, es esencialmente político.
Encontrar los límites entre ambas esferas siempre es una cuestión compleja, pero el procedimiento vigente deja un amplio margen para la discrecionalidad legislativa. De hecho, las integraciones de la comisión de juicio político marcaron los estilos con los que se resolvieron las acusaciones en los últimos 20 años. Ante idénticos planteos jurídicos o políticos, no siempre se actuó de la misma forma.
Los especialistas coinciden en mencionar que el mecanismo es un procedimiento prudente y eficaz, que busca salvaguardar la responsabilidad política de los gobernantes y preservar el principio de idoneidad.
Según Gregorio Badeni -profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA-, los defectos que se achacan a la figura no son defectos propios, sino vicios generados por quienes deben ejecutarla.
Un proceso contemplado por la Constitución
Las bases del procedimiento de juicio político están fijadas en la Sección VI de la Constitución de la provincia. En un capítulo único, la norma fundamental establece las pautas con las que la Legislatura deberá analizar las conductas de los funcionarios de los otros poderes.
Sólo podrán ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los otros jueces que integran el Poder Judicial en sus distintas instancias y los representantes del ministerio fiscal y pupilar.
La ley reglamentaria (6.734) reconoce que cualquier persona podrá solicitar el juicio político ante la Legislatura, en base a las causales previstas por la Carta Magna (delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, desórdenes de conducta, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o delitos comunes). La norma establece expresamente que la ignorancia, la imparcialidad manifiesta y la reiteración de irregularidades son pautas contempladas por esas previsiones.
Una vez formalizado, el pedido de enjuiciamiento debe ser analizado por la comisión de Juicio Político. El órgano está conformado por 12 miembros que tienen que ser elegidos por el plenario de la Cámara -es la única comisión con estas características- con el carácter de permanente. En su trabajo asume un rol similar al de un fiscal penal, analizando las denuncias, investigando y disponiendo el archivo de las causas infundadas. En caso de decidir la acusación -para lo que se necesitan ocho votos dentro de la comisión- el funcionario involucrado queda automáticamente suspendido y su conducta debe ser analizada por los otros 28 legisladores constituidos en tribunal.
En esa etapa se realiza un procedimiento similar a un juicio oral - con pruebas y descargos- para adoptar la decisión final. La destitución debe ser resuelta por los 2/3 de los miembros presentes del tribunal (un mínimo de 10). La votación se realiza en forma nominal y cada legislador debe expresar en voz alta si considera o no culpable al acusado.
Las acusaciones a gobernadores generaron conflictos institucionales
En la historia institucional de Tucumán, el juicio político conmocionó a las instituciones republicanas en varias oportunidades. En particular cuando la Legislatura analizó la conducta de funcionarios del Poder Ejecutivo y especialmente del gobernador, generando un conflicto de poderes en su máxima dimensión El caso más polémico de los últimos años ocurrió en 1998, cuando Antonio Bussi fue suspendido por 60 días de su cargo, pero la Legislatura constituida en Tribunal no alcanzó los votos mínimos exigidos para destituir al mandatario.Según recuerda el historiador Carlos Páez de la Torre (h), el recurso extremo previsto por la Constitución generó los primeros problemas en 1906. Entonces el gobernador José Antonio Olmos se negó a aceptar la suspensión dispuesta por el Parlamento. El conflicto derivó en una intervención federal, que finalmente no se concretó por la renuncia de Olmos, quien se quejó porque el juicio político era utilizado como una herramienta de partido.
El juicio político al gobernador Juan Luis Nougués en 1934 terminó abruptamente con el ingreso de policías a caballo al recinto. La Legislatura se aprestaba a votar la suspensión del funcionario, acusado de haber incrementado el déficit de la provincia. En 1966, Lázaro Barbieri pudo evitar una acusación en su contra, por un solo voto de diferencia después de un extenso proceso.
Después del retorno de la democracia en 1983, el juicio político volvió a instalarse como un elemento perturbador. Los gobernadores Fernando Riera y José Domato y algunos de sus funcionarios debieron sortear denuncias que no llegaron a la acusación formal ante el Senado. Entonces, el régimen funcionaba en forma diferenciada por la presencia de un sistema bicameral.
En el período 91/95, tres denuncias llegaron al plenario de la Cámara. Todas estuvieron vinculadas a la Justicia; Silvana Sánchez Tardán (la única jueza destituida por este procedimiento), la desaparecida fiscal Joaquina Vermal (repuesta en su cargo por orden de la Corte Suprema) y los fiscales Eduardo Estofán y Esteban Jerez (absueltos). No prosperaron acusaciones contra funcionarios del PE. Entre 1995 y 1999, el proceso fue inverso: fueron archivadas las causas contra magistrados o funcionarios judiciales, pero se constituyó el plenario para juzgar al ministro de Asuntos Sociales Carlos Octavio Quijano y a Bussi. Ambos fueron absueltos, porque la oposición no alcanzó los 2/3 para destituirlos a pesar de ganar la votación.
Entre 1999 y 2003, hubo presentaciones contra el gobernador Julio Miranda y varios miembros de la Justicia. Sólo fue acusado el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, quien logró la absolución a pesar de la voluntad del oficialismo.
Siempre controvertida, la figura prevista por la Constitución es una respuesta institucional para una anormalidad que involucre a algún representante del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Implica siempre un conflicto de poderes, pero con pautas de resolución expresamente establecidas por el sistema legal.
En efecto, se trata de un juicio donde sólo se considera la responsabilidad política del involucrado, dejando las cuestiones jurídicas a los Tribunales una vez que este renuncie o sea separado del cargo. Por ello, se explica que el juzgamiento sea atribuido a un órgano representativo de la voluntad popular y que el eventual fallo condenatorio se limite a producir la destitución del acusado o a declararlo incapaz de ocupar un cargo o cobrar un sueldo en el Estado.
La discusión sobre la capacidad de los legisladores para entender en este tipo de procesos se repite a lo largo del tiempo. El planteo encuentra fundamento en un sistema que tiene características judiciales pero que, por definición, es esencialmente político.
Encontrar los límites entre ambas esferas siempre es una cuestión compleja, pero el procedimiento vigente deja un amplio margen para la discrecionalidad legislativa. De hecho, las integraciones de la comisión de juicio político marcaron los estilos con los que se resolvieron las acusaciones en los últimos 20 años. Ante idénticos planteos jurídicos o políticos, no siempre se actuó de la misma forma.
Los especialistas coinciden en mencionar que el mecanismo es un procedimiento prudente y eficaz, que busca salvaguardar la responsabilidad política de los gobernantes y preservar el principio de idoneidad.
Según Gregorio Badeni -profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA-, los defectos que se achacan a la figura no son defectos propios, sino vicios generados por quienes deben ejecutarla.
Las bases del procedimiento de juicio político están fijadas en la Sección VI de la Constitución de la provincia. En un capítulo único, la norma fundamental establece las pautas con las que la Legislatura deberá analizar las conductas de los funcionarios de los otros poderes.
Sólo podrán ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los otros jueces que integran el Poder Judicial en sus distintas instancias y los representantes del ministerio fiscal y pupilar.
La ley reglamentaria (6.734) reconoce que cualquier persona podrá solicitar el juicio político ante la Legislatura, en base a las causales previstas por la Carta Magna (delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, desórdenes de conducta, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o delitos comunes). La norma establece expresamente que la ignorancia, la imparcialidad manifiesta y la reiteración de irregularidades son pautas contempladas por esas previsiones.
Una vez formalizado, el pedido de enjuiciamiento debe ser analizado por la comisión de Juicio Político. El órgano está conformado por 12 miembros que tienen que ser elegidos por el plenario de la Cámara -es la única comisión con estas características- con el carácter de permanente. En su trabajo asume un rol similar al de un fiscal penal, analizando las denuncias, investigando y disponiendo el archivo de las causas infundadas. En caso de decidir la acusación -para lo que se necesitan ocho votos dentro de la comisión- el funcionario involucrado queda automáticamente suspendido y su conducta debe ser analizada por los otros 28 legisladores constituidos en tribunal.
En esa etapa se realiza un procedimiento similar a un juicio oral - con pruebas y descargos- para adoptar la decisión final. La destitución debe ser resuelta por los 2/3 de los miembros presentes del tribunal (un mínimo de 10). La votación se realiza en forma nominal y cada legislador debe expresar en voz alta si considera o no culpable al acusado.
Las acusaciones a gobernadores generaron conflictos institucionales
En la historia institucional de Tucumán, el juicio político conmocionó a las instituciones republicanas en varias oportunidades. En particular cuando la Legislatura analizó la conducta de funcionarios del Poder Ejecutivo y especialmente del gobernador, generando un conflicto de poderes en su máxima dimensión El caso más polémico de los últimos años ocurrió en 1998, cuando Antonio Bussi fue suspendido por 60 días de su cargo, pero la Legislatura constituida en Tribunal no alcanzó los votos mínimos exigidos para destituir al mandatario.Según recuerda el historiador Carlos Páez de la Torre (h), el recurso extremo previsto por la Constitución generó los primeros problemas en 1906. Entonces el gobernador José Antonio Olmos se negó a aceptar la suspensión dispuesta por el Parlamento. El conflicto derivó en una intervención federal, que finalmente no se concretó por la renuncia de Olmos, quien se quejó porque el juicio político era utilizado como una herramienta de partido.
El juicio político al gobernador Juan Luis Nougués en 1934 terminó abruptamente con el ingreso de policías a caballo al recinto. La Legislatura se aprestaba a votar la suspensión del funcionario, acusado de haber incrementado el déficit de la provincia. En 1966, Lázaro Barbieri pudo evitar una acusación en su contra, por un solo voto de diferencia después de un extenso proceso.
Después del retorno de la democracia en 1983, el juicio político volvió a instalarse como un elemento perturbador. Los gobernadores Fernando Riera y José Domato y algunos de sus funcionarios debieron sortear denuncias que no llegaron a la acusación formal ante el Senado. Entonces, el régimen funcionaba en forma diferenciada por la presencia de un sistema bicameral.
En el período 91/95, tres denuncias llegaron al plenario de la Cámara. Todas estuvieron vinculadas a la Justicia; Silvana Sánchez Tardán (la única jueza destituida por este procedimiento), la desaparecida fiscal Joaquina Vermal (repuesta en su cargo por orden de la Corte Suprema) y los fiscales Eduardo Estofán y Esteban Jerez (absueltos). No prosperaron acusaciones contra funcionarios del PE. Entre 1995 y 1999, el proceso fue inverso: fueron archivadas las causas contra magistrados o funcionarios judiciales, pero se constituyó el plenario para juzgar al ministro de Asuntos Sociales Carlos Octavio Quijano y a Bussi. Ambos fueron absueltos, porque la oposición no alcanzó los 2/3 para destituirlos a pesar de ganar la votación.
Entre 1999 y 2003, hubo presentaciones contra el gobernador Julio Miranda y varios miembros de la Justicia. Sólo fue acusado el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, quien logró la absolución a pesar de la voluntad del oficialismo.
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