Un testigo pide la mayor sanción para Musi

El fiscal de Cámara Manuel López Rougés optó por evitar un conflicto con el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura. Finalmente, concurrió ayer a prestar testimonio en el recinto, en el proceso que se realiza contra el suspendido fiscal de Instrucción de la IV Nominación, Héctor Abraham Musi.
López Rougés llegó poco antes de las 9, hora a la cual había sido citado el cuerpo. El jueves, tras recibir la convocatoria, había presentado una nota al presidente del Tribunal, Ernesto Padilla, en la cual le informaba que no iba a asistir, amparándose en el derecho de los funcionarios judiciales declarar por escrito. Como contrapartida, algunos legisladores jueces propusieron que sea llevado por la fuerza pública. El enfrentamiento se enfrió con la asistencia del testigo.

Escasa anticipación
El fiscal de Cámara esperó en la biblioteca de la Legislatura, ubicada en el mismo edificio del recinto: Rivadavia 25. A las 9.35, con 18 legisladores jueces y cuatro de la comisión acusadora sentados, comenzó la sesión. Luego entraron Musi y su defensor, Horacio Guerineau. Siete minutos después, López Rougés ingresó y se sentó en una de las bancas.
Durante toda la audiencia hubo graves problemas de sonido, que dificultaron la comprensión del testimonio y que obligaron a un cuarto intermedio. Pasadas las 11.10, concluyó la declaración.
Sisto Terán, como titular de la comisión acusadora, puntualizó que el testimonio fue solicitado como un informe ampliatorio de las constancias del sumario administrativo que sustanció López Rougés por el uso presuntamente irregular de un auto Rover por parte de Musi.
El testigo aclaró que estaba dispuesto a colaborar con el Tribunal, pero lamentó haber sido citado con menos de 24 horas de anticipación. "Por los antecedentes, Musi estaba haciendo un uso que no correspondía del vehículo, y lo mismo ocurría con Luis Tarifa (prosecretario cesanteado). Ratifico íntegramente el capítulo de cargos pormenorizado contra Musi", afirmó el fiscal de Cámara, quien pidió la máxima sanción posible para el fiscal.

Prohibiciones
En la declaración, López Rougés destacó que llegó a sus conclusiones por pruebas documentales, sin citar a ningún empleado. Reconoció que les preguntó a los otros fiscales cómo era el mecanismo de utilización de los vehículos, y que todos le respondieron que el uso era distinto del que hacía Musi. Gustavo Estofán, por ejemplo, admitió que usaba autos secuestrados por la Policía, pero de manera excepcional y siempre manejados por un agente, a diferencia de lo que hacía el acusado, según consta en esa auditoría pedida por la Corte.
El Código Procesal Penal y una acordada de la Corte Suprema de Justicia prohíben terminantemente a los funcionarios judiciales el uso de los autos secuestrados, que sólo pueden ser entregados a la Policía tras seis meses, puntualizó el testigo.

Cuestionamientos desde la defensa
El abogado Horacio Guerineau cuestionó el criterio del fiscal de Cámara Manuel López Rougés acerca de que debe sancionarse a su defendido por el uso de vehículos secuestrados. El letrado sostuvo que el Código Procesal Penal y la acordada de la Corte que se mencionan no son coincidentes. Incluso, indicó que el pronunciamiento del máximo tribunal habilitaba a su defendido a utilizar el Rover.
"Héctor Musi no tenía vehículo desde su divorcio. Hasta tuvo que alquilar autos", resaltó el abogado. "Eso es irrelevante para el hecho", respondió López Rougés, quien no pudo dar ciertos detalles por el tiempo transcurrido desde la auditoría (octubre de 2003), y agregó que los fiscales de turno sólo usaban vehículos asignados por la Corte.
Guerineau descalificó el testimonio de López Rougés. "Fue muy mal llevada la auditoría; hay un desconocimiento total de los hechos y no se averiguó la verdad. En todas las fiscalías, a menudo se hacen entregas de vehículos sin cumplir con la acordada, pero sí con el Código. Esto es porque a los autos que se dejan en el depósito policial de Jujuy al 1.800, a las 24 horas les faltan las cubiertas. Y a las 48 horas, están desmantelados. Ya le pedimos al Gobierno que diga qué hicieron sobre esta situación", denunció el letrado.
"Musi desconocía que el Rover era un auto secuestrado que su uso fue muy circunstancial. Un fiscal no puede estar esperando que llegue la camioneta de la Corte, que es de terror", sostuvo Guerineau.

Sostienen que se usó de modo indebido un auto secuestrado
"Nunca me opuse a dar información, sino que lo quería hacer según las normas. Resolví venir luego de conocer la reacción de algunos legisladores jueces", explicó ayer el fiscal de Cámara Manuel López Rougés, luego de testificar en el juicio político contra el fiscal Héctor Musi.
La presencia del funcionario sorprendió a los miembros del Tribunal, ya que había interpuesto una nota para declarar por escrito. Afirmó que su primera reacción surgió porque recibió la citación con menos de 24 horas de anticipación, y tenía compromisos en su despacho. "Usualmente se notifica a los testigos cuanto menos con dos días de anticipación, no de modo sorpresivo. Me reiteraron la invitación y decidí asistir, para dar publicidad a nuestros actos, investigar los daños que le puedan causar a la sociedad desde la Justicia y luchar por el triunfo de la verdad", destacó.
"Me llamó la atención la postura del legislador Juan Robles (pidió que López Rougés fuera llevado por la Policía en caso de renuencia)", sostuvo el funcionario. Robles agradeció en el recinto su presencia, y lo calificó como un hombre de bien y uno de los mejores fiscales de la Provincia.
"Musi hizo uso indebido de un auto secuestrado, porque está terminantemente prohibido que un funcionario lo utilice", dijo el fiscal. "Supongo que sabía el origen del Rover, en el que circulaba en forma particular y permanente", añadió.

Un policía habló en favor del acusado
El suspendido fiscal Héctor Abraham Musi consideró que la primera jornada de testimonios en el juicio político en su contra fue favorable a su posición. "Demostramos que en el sumario realizado por el fiscal de Cámara Manuel López Rougés se llegó a conclusiones apresuradas, sin tomar medidas de averiguación e investigación para establecer la verdad de los hechos. Se desconoce todo", cuestionó.
Uno de los ejes de la defensa es sostener que Musi desconocía que el Rover facilitado varias veces por el comisario Marcial Escobar tenía secuestro judicial. Se le preguntó al fiscal si creía que un policía podía ser propietario de un vehículo de ese costo, a lo que respondió: "si uno va a la Brigada de Investigaciones, se sorprende ante los autos que tiene el personal policial".
"Escobar dijo que me prestó el Rover en escasas ocasiones, y que nunca me informaron sobre el origen del vehículo. No sabía que él era depositario. Fueron tres ocasiones: en el caso Carlos Marcovich, en el caso de la bailanta Macarena y al final de un turno. Trataba de trabajar con celeridad; nunca pregunté de quién era el auto que se me facilitaba. Tampoco firmé nada", recordó.
Musi se quejó de la falta de medios de los fiscales para cumplir con las funciones de investigación, en especial dada la dificultad para trasladarse, ya que no cuentan con autos oficiales disponibles.

Trasladan imputaciones contra otros tres fiscales penales
Como estaba previsto, la comisión de Juicio Político corrió traslado ayer a las acusaciones contra otros tres fiscales de instrucción penal. Por unanimidad, los 12 miembros de ese organismo admitieron los pedidos de destitución contra Carlos Albaca y Gustavo Estofán, de la capital. En el caso de Raúl Fermoselle, del centro judicial de Concepción, el legislador Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción) votó por el archivo del expediente.
"Se entendió que había elementos suficientes como para escuchar el descargo de los tres fiscales", explicó el secretario del organismo, Carlos Canevaro.
Con la aceptación de los cargos formulados contra los funcionarios judiciales, se abrió un plazo de tres días hábiles para que ellos sean notificados de la medida. Cumplida esa comunicación, cada fiscal cuenta con un lapso de 15 días hábiles para contestar las imputaciones.
"Queremos sentar como precedente en la comisión que todos los pedidos de juicio político que tengan una seriedad manifiesta, tendrán su curso por lo menos para que la otra parte se defienda, sin que ello signifique una acusación", dijo el republicano.
Estofán es acusado por presunta violación de la ley y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Los padres del pequeño Güido Robles (falleció el 22 de julio de 2003 por una operación de amígdalas) lo inculpan de no haber investigado la muerte.
Albaca es imputado de supuesta falta grave en el desempeño de sus deberes por los empleados de comercio Mario Escobar y Oscar Valverdi, quienes denunciaron ante él la presunta falsificación del balance de Osecac.
Fermoselle es acusado por Carlos Sachetti de supuesto enriquecimiento ilícito y de demorar acciones en el caso de un robo.