Por Redacción Política
05 Marzo 2004
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Hoy comenzará la ronda de testimonios en el juicio político contra el suspendido fiscal Héctor Musi, acusado por parcialidad manifiesta y reiteradas irregularidades en procedimientos judiciales relacionados con la entrega de vehículos robados.
El Tribunal de la Legislatura, que preside el republicano Ernesto Padilla, fue citado para las 9, y se necesitan 15 miembros para que comience la sesión en la que debería interrogarse al fiscal de Cámara, Manuel López Rougés. Pero el funcionario judicial, uno de los encargados de realizar la auditoría en el despacho de Musi, no acudirá a la cita.
"Ayer, López Rougés remitió una nota a la Cámara, mediante la que anticipó que no se vendrá, aduciendo que por ley está eximido de presentarse a declarar cuando pueda hacerlo por medio de un escrito", indicó Padilla a LA GACETA. Como el fiscal de cámara fue propuesto por la comisión de Juicio Político, sus miembros deberán decidir qué hacer ante el planteo.
Hoy también debe comparecer ante los legisladores jueces el comisario Marcial Escobar, quien declarará a pedido de la defensa de Musi sobre el destino de un auto Rover 200 secuestrado por la Policía, que habría sido entregado al enjuiciado fiscal de instrucción de la IV Nominación.
La actividad del Tribunal será intensa durante la próxima semana, ya que lunes y martes sesionará para escuchar a los testigos Juana Prieto de Sólimo (la fiscal de Cámara que efectuó la auditoría junto con López Rougés), Ricardo Cirrincione (comandante de Gendarmería, quien expondrá sobre el mecanismo de la operación irregular) y Alejandro Martoni (ex empleado judicial, mencionado en la causa penal por el detenido Hugo Tarifa como presunto cerebro de la maniobra).
Luego de que declaren todos los citados, el Tribunal podría efectuar nuevas convocatorias. "Si no nos sentimos lo suficientemente informados, estamos habilitados para disponer medidas de mejor proveer antes de dictar sentencia. Alejandro Sangenis ya pidió que se llame a testificar a Tarifa y a Ataliva Herrera (ex secretario de Musi). También podría citarse a Pedro Tomas", adelantó Padilla.
El republicano admitió que si Martoni no concurre al recinto podría ser llevado por la fuerza pública. "Veremos qué comportamiento adopta", señaló.
Informes pedidos
Al mismo tiempo, los legisladores jueces esperan los informes solicitados a la Corte Suprema de Justicia sobre la auditoría realizada al juez federal Felipe Terán, impulsor de la acusación original contra Musi, y al ministro fiscal Luis de Mitri, por las licencias pedidas por Martoni entre 2002 y 2003. Asimismo, se consultó a las distintas compañías aéreas sobre si hubo algún viaje realizado por Martoni, Tomas y Pedro Bobba (un mecánico que falleció en un accidente que investiga la Justicia) a la Capital Federal, con el objetivo de comprobar una cercanía entre ellos.
El Tribunal también espera que la Corte designe a un perito calígrafo para confirmar la autoría de una firma en un oficio que Musi niega que sea suya.
Padilla confirmó la decisión del Tribunal de rechazar las impugnaciones efectuadas por la defensa. "Se entendió que Musi saneó un posible error en la notificación de su suspensión, ya que se presentó en la Legislatura para escuchar la acusación y dejó de concurrir a su despacho. Por lo que se cumplió con el objetivo buscado -destacó-. En ningún momento se violentó el derecho a defensa, por lo que este tema no es judiciable". Además, explicó que muchas pruebas ofrecidas por las partes fueron rechazadas, puesto que no estaban relacionadas con la acusación de la comisión de Juicio Político.
Solicitan que lleven a López Rougés por la fuerza
La comisión de Juicio Político tendrá hoy una tarea inesperada. A las 10 se reunirá en la biblioteca de la Legislatura (Rivadavia primera cuadra), para merituar los pedidos de destitución contra los fiscales de instrucción Carlos Albaca y Gustavo Estofán, de la capital; y Raúl Fermoselle, de Concepción, a los que, en principio, correrá traslado.
Pero, además, deberá decidir qué hace frente al planteo del fiscal de Cámara Manuel López Rougés. El funcionario judicial comunicó por escrito ayer que no declarará ante el Tribunal legislativo (estará reunido en el recinto, que está separado de la biblioteca por un patio), que enjuicia al suspendido fiscal penal Héctor Abraham Musi.
El testimonio de López Rougés es una de las pruebas ofrecidas por la comisión acusadora. Anoche, a las 22.05, el legislador radical Juan Roberto Robles presentó un escrito por mesa de entrada del Poder Legislativo, solicitando que el fiscal de Cámara sea llevado por la fuerza pública a comparecer ante los legisladores jueces.
Sus pares de Juicio Político, en cambio, adoptaron una postura más prudente. Por separado, el presidente Sisto Terán (PJ) y el secretario Carlos Canevaro (FR) consignaron a LA GACETA que estudiarán los argumentos de López Rougés y que, aunque son partidarios de que se presente, no forzarán ninguna situación, si la excusación está bien fundada.
El Tribunal de la Legislatura, que preside el republicano Ernesto Padilla, fue citado para las 9, y se necesitan 15 miembros para que comience la sesión en la que debería interrogarse al fiscal de Cámara, Manuel López Rougés. Pero el funcionario judicial, uno de los encargados de realizar la auditoría en el despacho de Musi, no acudirá a la cita.
"Ayer, López Rougés remitió una nota a la Cámara, mediante la que anticipó que no se vendrá, aduciendo que por ley está eximido de presentarse a declarar cuando pueda hacerlo por medio de un escrito", indicó Padilla a LA GACETA. Como el fiscal de cámara fue propuesto por la comisión de Juicio Político, sus miembros deberán decidir qué hacer ante el planteo.
Hoy también debe comparecer ante los legisladores jueces el comisario Marcial Escobar, quien declarará a pedido de la defensa de Musi sobre el destino de un auto Rover 200 secuestrado por la Policía, que habría sido entregado al enjuiciado fiscal de instrucción de la IV Nominación.
La actividad del Tribunal será intensa durante la próxima semana, ya que lunes y martes sesionará para escuchar a los testigos Juana Prieto de Sólimo (la fiscal de Cámara que efectuó la auditoría junto con López Rougés), Ricardo Cirrincione (comandante de Gendarmería, quien expondrá sobre el mecanismo de la operación irregular) y Alejandro Martoni (ex empleado judicial, mencionado en la causa penal por el detenido Hugo Tarifa como presunto cerebro de la maniobra).
Luego de que declaren todos los citados, el Tribunal podría efectuar nuevas convocatorias. "Si no nos sentimos lo suficientemente informados, estamos habilitados para disponer medidas de mejor proveer antes de dictar sentencia. Alejandro Sangenis ya pidió que se llame a testificar a Tarifa y a Ataliva Herrera (ex secretario de Musi). También podría citarse a Pedro Tomas", adelantó Padilla.
El republicano admitió que si Martoni no concurre al recinto podría ser llevado por la fuerza pública. "Veremos qué comportamiento adopta", señaló.
Informes pedidos
Al mismo tiempo, los legisladores jueces esperan los informes solicitados a la Corte Suprema de Justicia sobre la auditoría realizada al juez federal Felipe Terán, impulsor de la acusación original contra Musi, y al ministro fiscal Luis de Mitri, por las licencias pedidas por Martoni entre 2002 y 2003. Asimismo, se consultó a las distintas compañías aéreas sobre si hubo algún viaje realizado por Martoni, Tomas y Pedro Bobba (un mecánico que falleció en un accidente que investiga la Justicia) a la Capital Federal, con el objetivo de comprobar una cercanía entre ellos.
El Tribunal también espera que la Corte designe a un perito calígrafo para confirmar la autoría de una firma en un oficio que Musi niega que sea suya.
Padilla confirmó la decisión del Tribunal de rechazar las impugnaciones efectuadas por la defensa. "Se entendió que Musi saneó un posible error en la notificación de su suspensión, ya que se presentó en la Legislatura para escuchar la acusación y dejó de concurrir a su despacho. Por lo que se cumplió con el objetivo buscado -destacó-. En ningún momento se violentó el derecho a defensa, por lo que este tema no es judiciable". Además, explicó que muchas pruebas ofrecidas por las partes fueron rechazadas, puesto que no estaban relacionadas con la acusación de la comisión de Juicio Político.
La comisión de Juicio Político tendrá hoy una tarea inesperada. A las 10 se reunirá en la biblioteca de la Legislatura (Rivadavia primera cuadra), para merituar los pedidos de destitución contra los fiscales de instrucción Carlos Albaca y Gustavo Estofán, de la capital; y Raúl Fermoselle, de Concepción, a los que, en principio, correrá traslado.
Pero, además, deberá decidir qué hace frente al planteo del fiscal de Cámara Manuel López Rougés. El funcionario judicial comunicó por escrito ayer que no declarará ante el Tribunal legislativo (estará reunido en el recinto, que está separado de la biblioteca por un patio), que enjuicia al suspendido fiscal penal Héctor Abraham Musi.
El testimonio de López Rougés es una de las pruebas ofrecidas por la comisión acusadora. Anoche, a las 22.05, el legislador radical Juan Roberto Robles presentó un escrito por mesa de entrada del Poder Legislativo, solicitando que el fiscal de Cámara sea llevado por la fuerza pública a comparecer ante los legisladores jueces.
Sus pares de Juicio Político, en cambio, adoptaron una postura más prudente. Por separado, el presidente Sisto Terán (PJ) y el secretario Carlos Canevaro (FR) consignaron a LA GACETA que estudiarán los argumentos de López Rougés y que, aunque son partidarios de que se presente, no forzarán ninguna situación, si la excusación está bien fundada.
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