Reclamo judicial de viales contra la bancarización

La pelea por la bancarización de los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llegó a la Justicia. El sindicato que conduce el legislador José Teri presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, solicitando a ese tribunal que paralice el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
En el recurso judicial, la entidad gremial insiste en sus argumentos a favor de ser incluidos en el régimen que establece la Ley de Contrato de Trabajo. Esa norma nacional determina que los trabajadores siempre podrán exigir que su remuneración sea abonada en efectivo, a pesar de contemplarse distintas alternativas, como el pago mediante cheques o en cuentas bancarias.
Según la presentación firmada por Manuel Rodolfo Palavecino, secretario adjunto del sindicato vial, y el abogado patrocinante Patricio García, el medio de pago impulsado por el Poder Ejecutivo "sólo se sustenta en el capricho del gobernador" y tiene como objetivo "generar un gran negocio financiero para la entidad bancaria que sacará el dinero a los trabajadores".
Los viales insisten en que el pago mediante cajeros automáticos para los empleados de esa repartición viola las disposiciones de un decreto nacional que impone que esas instalaciones deben estar ubicadas a no más de 10 kilómetros del lugar de trabajo en las zonas rurales. "En Chicligasta o en Leales, los empleados deberán recorrer hasta 70 kilómetros para poder percibir sus haberes", afirman los denunciantes.
El pedido de no innovar en el pago del personal de la DPV se suma a la resolución del Ministerio de Trabajo, que el pasado 1 de marzo exhortó a la Provincia y al gremio a no avanzar con medidas de acción que pudieran afectar la paz social de los tucumanos. En el mismo acto, la ausencia del representante del Gobierno motivó que la Nación convocara a una nueva audiencia de conciliación para el martes 23.
Esta pelea comenzó la semana pasada con un duro cruce verbal entre el gobernador José Alperovich y el legislador Teri quienes se acusaron mutuamente por distintos hechos. Ahora será la Justicia la que deberá resolver el fondo de la disputa, en la que se encuentran directamente involucrados 1.200 trabajadores del Estado.