Unos 120 empleados judiciales recurrieron ayer a la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fin de reclamaron que se declare la inconstitucionalidad de las leyes que les impidieron cobrar el escalafón por antigüedad durante tres años, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.
La presentación fue efectuada en la sala II, que preside Rodolfo Novillo, por un grupo de 120 judiciales -hoy harán lo mismo otros 200- y con el patrocinio de los abogados Marcos Aníbal Rougés y Jorge Lobo Aragón.
Los empleados cuestionan la constitucionalidad de las leyes 7.000 y 7.182 (y dispusieron el congelamiento del escalafón), así como de la 6.987. Esta última estableció la emergencia económica, situación que le permitió al gobernador Julio Miranda -José Alperovich era el ministro de Economía- impulsar la suspensión del pago de la antigüedad.
"La normativa (cuestionada) produjo una alteración en la remuneración de los empleados judiciales, lo que tiene incidencia en el futuro. En efecto, actualmente, el escalafón por antigüedad no coincide con los años de servicio efectivamente prestados. Esto puede producir un deterioro perceptible en el ulterior haber jubilatorio", afirmaron los abogados.
Los judiciales también reclaman que se les abonen los haberes que les dejaron de pagar a partir de 2000 -un 2% anual sobre el sueldo asignado-, más los intereses correspondientes.
La presentación fue efectuada en la sala II, que preside Rodolfo Novillo, por un grupo de 120 judiciales -hoy harán lo mismo otros 200- y con el patrocinio de los abogados Marcos Aníbal Rougés y Jorge Lobo Aragón.
Los empleados cuestionan la constitucionalidad de las leyes 7.000 y 7.182 (y dispusieron el congelamiento del escalafón), así como de la 6.987. Esta última estableció la emergencia económica, situación que le permitió al gobernador Julio Miranda -José Alperovich era el ministro de Economía- impulsar la suspensión del pago de la antigüedad.
"La normativa (cuestionada) produjo una alteración en la remuneración de los empleados judiciales, lo que tiene incidencia en el futuro. En efecto, actualmente, el escalafón por antigüedad no coincide con los años de servicio efectivamente prestados. Esto puede producir un deterioro perceptible en el ulterior haber jubilatorio", afirmaron los abogados.
Los judiciales también reclaman que se les abonen los haberes que les dejaron de pagar a partir de 2000 -un 2% anual sobre el sueldo asignado-, más los intereses correspondientes.







