“La Justicia penal tiene una deuda muy antigua con la sociedad”

Ya perdió la cuenta del número de doctorados honoris causa que recibió. “Tengo varios, pero, obviamente, cada uno de ellos implica una satisfacción en sí mismo. Yo, en principio, no los cuento”, explica sonriente Aída Kemelmajer de Carlucci (Mendoza, 1945). Sentada en una butaca antigua de la casona afrancesada y señorial hoy sede céntrica de la Universidad San Pablo-T, la jurista piensa (en voz alta) que la reconocen por sus 26 años de trabajo en la Justicia de Mendoza: “las sentencias que dictábamos en la Corte eran muy difundidas en el resto del país. En este último tiempo, la labor en la confección del nuevo Código Civil y Comercial también ha sido divulgada. Hay mucha gente que quizá hace una tarea más alta que la de una, pero es menos conocida”.

De vuelta en Tucumán, esta vez por el homenaje de la San Pablo-T, la especialista en Derecho Privado y una de las referencias indiscutidas del Derecho argentino se permite hacer una valoración positiva del funcionamiento del digesto cuya puesta en vigencia el 1 de agosto pasado sacudió la escena institucional argentina. “La parte que se había criticado más era la de la persona y la de la persona en sus relaciones familiares. Y recibió más críticas que otros temas porque fue el que trajo mayor número de novedades. Pero esta porción que generaba dudas es hoy la que más se aplica porque se trata de normas que regulan relaciones cotidianas y sinceramente estamos muy satisfechos en cuanto al modo en el que la Justicia viene haciendo uso del nuevo Código Civil y Comercial dando soluciones a conflictos que antes parecían difíciles de encauzar”, relata este miércoles, antes de recibir su último título de doctora honoris causa.

Un ejemplo de ese buen desempeño es, según su criterio, el derecho del niño a ser oído o el derecho a una declaración de incapacidad restringida, que existían desde hace tiempo pero, sin embargo, parecía que la gente no los conocía. “Ahora hay que ver cómo los jueces han comenzado a aplicarlos. Se ve sobre todo en el supuesto de los incapaces mentales, que en el pasado eran anulados por completo y hoy tienen otro estatus: son personas con capacidad restringida que reciben un apoyo y un sostén. El cambio del sistema jurídico también lo es en la consideración de las personas: hoy hay más respeto”, apunta Kemelmajer. Y recuerda que el nuevo Código incorporó la adopción por integración, instituto que permite que la pareja del padre o la madre biológicos adopten a los hijos de estos: “son casos muy frecuentes en la realidad. Se trata de chicos que, por el trato y la convivencia, sienten como padres verdaderos a las parejas de sus padres biológicos. Este tipo de adopción, que si bien antes también era posible, hoy tiene una regulación sistemática y permite al juez una serie de opciones en función de la situación de cada chico”.

Tiene la tranquilidad de que la obra legislativa más relevante del último siglo ya está en marcha y de que ha colaborado para que ello suceda, pero, como cualquier otro compatriota, Kemelmajer no es ajena a las vicisitudes judiciales que tienen en vilo en el país, en cuanto implican una tardía revisión de los actos del grupo que, luego de 12 años de administrar la Nación, bajó al llano en diciembre de 2015. “La Justicia penal tiene una deuda muy vieja con la sociedad”, diagnostica a propósito de la convulsión de los Tribunales Federales de Comodoro Py respecto de las causas que involucran a funcionarios y empresarios de la era kirchnerista. Y precisa: “la deuda consiste en investigar a quienes ejercen el poder mientras están en el poder”.

-¿Considera que la tardanza deslegitima a los jueces que hoy están impulsando las investigaciones?

-La gente ve un movimiento respecto de funcionarios y de un partido político que ya se han ido. Siempre es bueno que se investigue porque la corrupción se convierte en un problema muy grave cuando se mantiene impune. Un país que tiene corrupción e impunidad no es un Estado de derecho. Hay una deuda de la Justicia, que no implica sólo investigar al poder, sino investigarlo mientras gobierna porque, si no, el ciudadano común tiene razones para creer que la Justicia es política. Esa confusión es inaceptable y muy negativa.

-Usted dice que cuando hay corrupción e impunidad, falta Estado de derecho. ¿No es este el caso de Argentina?

-Claro que sí.

-¿Considera que esta hiperactividad de los Tribunales Federales porteños se ha extendido o se extenderá a los poderes judiciales provinciales?

-Da la impresión de que la Justicia provincial no ha “abierto esta olla” respecto de los funcionarios provinciales. Está mucho más rezagada, sí, por lo menos según lo que transmite la prensa.

-¿Fue el Centenario de la Independencia un momento de auge y esplendor como el Bicentenario es un momento de declive?

-Aquí ha habido revisionismo histórico y quienes han relativizado la posición privilegiada que Argentina tenía en el mundo hace 100 años. Pero yo creo que hay que mirar las cosas objetivamente: los hacedores de la Constitución mendocina de 1916 fueron grandes juristas y gobernantes con visión de futuro. No ponían parches. Aquella generación hizo grande a nuestro país, aún con sus fallas. Los valores no son estáticos sino cambiantes. Hubo un tiempo en el que se aceptaba la tortura, pero un buen día la sociedad dijo basta. También en 1916 se consentían situaciones que hoy son rechazadas, pero uno debe juzgar los actos en su época. Por ejemplo, tanto se habló de que Vélez Sarsfield hizo un Código Civil individualista y para los propietarios olvidando que él vivió en un país determinado e hizo una obra extraordinaria para su época. ¡Había que empezar una Nación nueva!

-De hecho, un solo autor (Vélez) hizo en el siglo XIX la tarea que acometieron 50 juristas en este siglo…

-¡Más de 100! Y Vélez trabajó sin jurisprudencia, e hizo un código que, con reformas y todo, permaneció en pie durante 140 años. Lo mismo cabe decir respecto del revisionismo del papel que desempeñó Domingo Faustino Sarmiento. Efectivamente, en el Centenario teníamos un país posicionado entre los mejores del mundo y hemos retrocedido. Eso no se puede discutir.

-Pero usted es optimista, ¿no?

-Le voy a contestar con las palabras de un gran maestro del Derecho Penal, Sebastián Soler, quien a propósito de la tortura dijo que era evidente que, pese a todo, estábamos avanzando. Por supuesto que la tortura sigue existiendo, pero somos conscientes de que es injusta. Por supuesto que tenemos miles de problemas, como el maltrato de la naturaleza, pero también estamos concientizándonos sobre la necesidad de conservar la biodiversidad. Avanzamos porque discutimos y razonamos: aunque ello lleve su tiempo, soy optimista porque creo en el poder de la argumentación.

Distinción: doctor honoris causa de la SPT

La Universidad San Pablo-T otorgó el título de doctora honoris causa a la jurista cuyana Aída Kemelmajer de Carlucci este miércoles, en presencia del rector Horacio Deza y de la fundadora de la institución educativa, Catalina Lonac. Inés Yamuss, directora del Instituto de Estudios Sociales, Política y Cultura, destacó la trayectoria académica y científica de la jurista. Kemelmajer retribuyó la distinción citando los versos de “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, y a continuación brindó una clase magistral sobre el rol del juez en relación con el nuevo Código Civil y Comercial. Antonio Estofán y Claudia Sbdar, vocales de la Corte Suprema de Tucumán, asistieron al acto organizado por la Universidad San Pablo-T, que confirió el título de doctor honoris causa a Ernesto Laclau, a Adolfo Pérez Esquivel, a Jorge Vanossi, a Ernesto Wayar y a Josep Brugada Terradelas, entre otros.

Exponente del derecho de familia

Aída Kemelmajer de Carlucci es doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza, catedrática y autora de numerosas obras de doctrina. Fue vocal del tribunal superior de su provincia y hoy es considerada un exponente del Derecho de Familia. Con ese carácter, participó de la comisión de juristas que redactó el Código Civil y Comercial de la Nación en vigor.