Los Concejos redefinen su tarea en un nuevo escenario político y financiero

El "Pacto para el crecimiento" fijó el marco en el que se desarrollará el trabajo de las autoridades municipales. Se renueva la discusión por la autonomía que no fue consagrada por la Constitución de 1990.

Por Redacción Política 29 Febrero 2004
Los Concejos Deliberantes de toda la provincia iniciarán mañana un nuevo período ordinario de sesiones, con el tradicional discurso de los intendentes ante los ediles de cada una de las municipalidades. Será el primero de estos actos para las autoridades que asumieron en noviembre del año pasado y también el comienzo para un año de actividades que estará marcado por las nuevas reglas impuestas por el "Pacto para el crecimiento".
El acuerdo firmado por el gobernador José Alperovich y los 19 intendentes el pasado10 de enero, garantizó asistencia financiera para el pago de sueldos a los empleados municipales y un aporte de recursos mensuales para la realización de distintas obras públicas. Este hecho fue calificado como trascendente por los jefes comunales y por los ediles de toda la provincia, pero recibió observaciones por los condicionamientos impuestos por la administración provincial.
La cuestión generó un fuerte conflicto político a mediados de enero, cuando el Concejo Deliberante de la capital se negó a aprobar el Pacto aduciendo que avasallaba la autonomía municipal. El problema fue superado con la atenuación de algunas cláusulas, pero también por la necesidad del municipio de contar con fondos provinciales para poder atender sus necesidades más inmediatas. El Poder Ejecutivo e incluso el gremio municipal advirtieron que, si no se aprobaban las reglas impuestas, llegaría el caos.

Gestiones endeudadas
Las municipalidades -con algunas excepciones- sufrieron endeudamientos millonarios durante la década del 90. Créditos tomados y bonos emitidos durante esos años quebraron a esas administraciones, hasta poner en riesgo la paz social al absorber todos los recursos disponibles sólo para enfrentar los compromisos asumidos.
Durante la gestión de Julio Miranda se gestaron distintos pactos con las intendencias que garantizaron un importante flujo de recursos hacia el interior y hacia la capital.
También entonces, por las pautas impuestas por los organismos internacionales, se inició la renegociación de toda la deuda pública. Las municipalidades transfirieron sus compromisos a la provincia, que a su vez los derivó a la Nación para su posterior renegociación. Ese proceso todavía no concluyó para las acreencias municipales pero, en un mediano plazo, permitirá liberar parte de la coparticipación comprometida.

Nuevo escenario
En ese escenario y con el pago de sueldos garantizado, la agenda del debate en las municipalidades ha comenzado a renovarse. Durante los últimos años, el margen de maniobra para los intendentes y los concejLos Concejos Deliberantes de toda la provincia iniciarán mañana un nuevo período ordinario de sesiones, con el tradicional discurso de los intendentes ante los ediles de cada una de las municipalidades. Será el primero de estos actos para las autoridades que asumieron en noviembre del año pasado y también el comienzo para un año de actividades que estará marcado por las nuevas reglas impuestas por el "Pacto para el crecimiento".
El acuerdo firmado por el gobernador José Alperovich y los 19 intendentes el pasado10 de enero, garantizó asistencia financiera para el pago de sueldos a los empleados municipales y un aporte de recursos mensuales para la realización de distintas obras públicas. Este hecho fue calificado como trascendente por los jefes comunales y por los ediles de toda la provincia, pero recibió observaciones por los condicionamientos impuestos por la administración provincial.
La cuestión generó un fuerte conflicto político a mediados de enero, cuando el Concejo Deliberante de la capital se negó a aprobar el Pacto aduciendo que avasallaba la autonomía municipal. El problema fue superado con la atenuación de algunas cláusulas, pero también por la necesidad del municipio de contar con fondos provinciales para poder atender sus necesidades más inmediatas. El Poder Ejecutivo e incluso el gremio municipal advirtieron que, si no se aprobaban las reglas impuestas, llegaría el caos.

Gestiones endeudadas
Las municipalidades -con algunas excepciones- sufrieron endeudamientos millonarios durante la década del 90. Créditos tomados y bonos emitidos durante esos años quebraron a esas administraciones, hasta poner en riesgo la paz social al absorber todos los recursos disponibles sólo para enfrentar los compromisos asumidos.
Durante la gestión de Julio Miranda se gestaron distintos pactos con las intendencias que garantizaron un importante flujo de recursos hacia el interior y hacia la capital.
También entonces, por las pautas impuestas por los organismos internacionales, se inició la renegociación de toda la deuda pública. Las municipalidades transfirieron sus compromisos a la provincia, que a su vez los derivó a la Nación para su posterior renegociación. Ese proceso todavía no concluyó para las acreencias municipales pero, en un mediano plazo, permitirá liberar parte de la coparticipación comprometida.

Nuevo escenario
En ese escenario y con el pago de sueldos garantizado, la agenda del debate en las municipalidades ha comenzado a renovarse. Durante los últimos años, el margen de maniobra para los intendentes y los concejales aparecía bastante acotado. El ex intendente de Monteros, Carlos Arquez, fue una de las pocas voces que reclamaron cambios a la Ley Orgánica de Municipalidades para dotar de más fuerza a las gestiones de los intendentes.
El "Pacto para el crecimiento" limita los márgenes de acción para las administraciones locales en temas vinculados a la disposición de bienes, a las contrataciones, a la prestación de algunos servicios y hasta a la definición de las obras públicas que se realizarán en cada localidad.
La actual gestión prometió transferir facultades para que los intendentes puedan atender cuestiones vinculadas a la salud y a la educación. Algunos Concejos Deliberantes, como los de Concepción y de Bella Vista, reclamaron su derecho a la autarquía generando una fuerte discusión que llegó - en el caso de la administración del sur de la provincia - a un conflicto de poderes, que fue dirimido por la Justicia. Todo anticipa que este año, intendentes y concejales volverán a hablar de política.ales aparecía bastante acotado. El ex intendente de Monteros, Carlos Arquez, fue una de las pocas voces que reclamaron cambios a la Ley Orgánica de Municipalidades para dotar de más fuerza a las gestiones de los intendentes.
El "Pacto para el crecimiento" limita los márgenes de acción para las administraciones locales en temas vinculados a la disposición de bienes, a las contrataciones, a la prestación de algunos servicios y hasta a la definición de las obras públicas que se realizarán en cada localidad.
La actual gestión prometió transferir facultades para que los intendentes puedan atender cuestiones vinculadas a la salud y a la educación. Algunos Concejos Deliberantes, como los de Concepción y de Bella Vista, reclamaron su derecho a la autarquía generando una fuerte discusión que llegó - en el caso de la administración del sur de la provincia - a un conflicto de poderes, que fue dirimido por la Justicia. Todo anticipa que este año, intendentes y concejales volverán a hablar de política.

Ediles quieren reunirse en un foroprovincial

Los concejales quieren recuperar protagonismo en el debate de los asuntos de su comunidad. Para ello avanzan en la creación de un foro que reunirá a representantes de los 19 Concejos Deliberantes que funcionan en la provincia. La iniciativa es impulsada por un grupo de ediles de Concepción, quienes apoyaron la resolución que declaró su autarquía y motivó un conflicto político que terminó en la Justicia.
Raúl Flores, presidente del Concejo de esa ciudad, afirmó a LA GACETA que la intención del foro es unificar acciones y mejorar el rol que cumplen actualmente los órganos deliberativos. "Necesitamos mejores herramientas jurídicas y políticas para poder controlar al departamento ejecutivo y responder a las demandas de nuestros vecinos", dijo el justicialista.
Horacio Esterman reconoció que los Concejos están desprestigiados. Sin embargo, afirmó que hace falta asumir un fuerte compromiso moral para revertir la actual situación. "Hay sectores de la comunidad que no se sienten representados por nosotros. Pero esto tiene que ver con que no podemos dar las respuestas esperadas porque somos rehenes del intendente", afirmó el edil republicano.
Nilda Nieva, concejal de Bella Vista, aseveró que su función es controlar al intendente e impulsar los proyectos que puedan beneficiar a la ciudad. Reconoció, sin embargo, que es muy difícil que el titular del departamento ejecutivo acepte ese criterio. En Bella Vista los 10 concejales son peronistas y el intendente también, pero los primeros días de febrero el Concejo ratificó las facultades para manejar sus propios recursos.
En Yerba Buena, Alejandro Sangenis (h) denunció que el Concejo Deliberante está asumiendo funciones que no le son propias, como atender los problemas sociales y las demandas de obras públicas. "Cada poder debe cumplir con su rol y trabajar en forma coordinada. Cuando eso no sucede, se pone en riesgo el sistema", afirmó el edil.
El foro de concejales podría tener su primera reunión a fines de marzo, pero ya cuenta con el aval de representantes de distintos municipios del interior.

La tendencia es que la comunidad controle y cogestione

las municipalidades son el nivel de gobierno mejor preparado para percibir los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Por definicion, la cercania entre gobernantes y gobernados se torna mas accesible en este tipo organizaciones. la tendencia mundial es fortalecer la gestion local y habilitar mecanismos que permitan una mejor participacion y control ciudadano en la cuestion publica. En la Argentina, el proceso es incipiente y en Tucuman los intentos que se hicieron para avanzar en ese sentido fueron rechazados. En febrero de 2003, por ejemplo, los ediles de la capital rechazaron un proyecto para que los servicios publicos sean controlados por los vecinos.

GRAN BRETAÑA

INTEGRADOS. La organización política del Reino Unido integra la participación ciudadana en la actividad pública.

LEYES. La gestión participativa tiene carácter institucional y obliga a coordinar los planes nacionales con los locales.

DIFICULTADES. En 1969 se reconoció el derecho de los habitantes a estar informados sobre lo que se decida para su ciudad. Se registran problemas para integrar a los sectores de menores recursos.

ESTADOS UNIDOS

OBJETIVOS. En las ciudades norteamericanas, se obliga a las administraciones a planificar en el corto, mediano y largo plazo.

DECISIONES. Los planes deben ser elaborados con la participación de los habitantes e incluir aspectos físicos, sociales, financieros y demográficos.

DIVISION. Las ciudades se dividen en unidades que trabajan con el apoyo técnico de personal técnico que asesora en las definiciones planteadas.

ITALIA

FORMAS. La participación social en la gestión municipal se manifiesta a través de los gobiernos locales y de las asociaciones intermedias.

BARRIOS. Algunas ciudades están divididas en comités de barrio, cuyos presidentes actúan como adjuntos de los alcaldes o intendentes.

PLANES. Los comités barriales deciden las prioridades urbanas. Están habilitados para realizar asambleas y convocar a referéndum.

ESPAÑA

DESAFIOS. El proceso de transición democrática español generó un nuevo concepto urbanístico y de gestión municipal.

CONCEPTO. La idea directriz es que las administraciones locales son las que se encuentran en mejores condiciones de responder a las demandas de la sociedad.

DESCENTRALIZAR. Se busca la vinculación de las decisiones políticas con el control y la participación ciudadana.

ARGENTINA

TRADICION. La estructura institucional de la Nación y la falta de cultura democrática impiden que la participación y el control ciudadano se integren a la gestión pública.

CASOS. En la Ciudad de Buenos Aires funciona un sistema de presupuesto participativo; los vecinos deciden parte del destino de los recursos.

POLEMICA.Distintos sectores sostienen que los ediles deberían trabajar ad honorem.

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