El Gobierno cesanteó a 116 empleados

Los casos de empleados públicos que cobran de manera simultánea una jubilación y un sueldo por un cargo rentado en la administración estatal no son un problema que se circunscriba estrictamente a Santiago del Estero.
El Gobierno provincial, tras llevar a cabo un relevamiento del personal dependiente de la administración pública tucumana, determinó que la existencia de 116 agentes que gozan de un beneficio previsional ordinario y que, sin embargo, continúan en el servicio activo. Y, acto seguido, procedió a cesantearlos.Según el decreto 526/3, firmado por el gobernador José Jorge Alperovich, el ministro de Economía Jorge Gustavo Jiménez y el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil, todos esos empleados dejarán de trabajar para la provincia, técnicamente, el miércoles 31 de marzo, si es que el Boletín Oficial lo divulga en los próximos días. La norma, dictada a última hora del viernes, establece que los trabajadores afectados cesarán en sus funciones el último día hábil del mes en el que la disposición sea publicada.
La investigación interna realizada por el Poder Ejecutivo determinó que entre los 116 empleados públicos cesanteados, muchos de ellos ni siquiera ocupan nuevas funciones, sino que se siguen desempeñando en el mismo cargo por el cual se jubilaron. En todos los casos, estos trabajadores estaban en relación de dependencia con el Estado.

Los justificativos
Alperovich justificó la medida adoptada afirmando que se ajusta a las pautas de orden nacional y provincial sobre restricción del gasto público. "Respecto de la racionalización de las estructuras administrativas del Estado provincial, resulta necesario disponer de medidas conducentes a la reducción de la planta de empleados públicos, por aplicación de las normas previsionales vigentes", puntualizan los considerandos del decreto refrendado por el mandatario.
Se indica, además, que la decisión se aplica sobre empleados que obtuvieron el beneficio previsional y continuaron trabajando, sin comunicar al empleador de esa situación. Este hecho fue calificado como un evidente incumplimiento de las disposiciones de las normas vigentes.

Reparticiones afectadas
El 57% de los cesanteados (es decir, 68 agentes) cumplen tareas en escuelas provinciales. Hay ocho más que trabajan en establecimientos educativos secundarios y otros tantos se desempeñan en escuelas técnicas.
A las comunas rurales les desafectan, por este decreto, 17 obreros. A la Dirección de Arquitectura y Urbanismo le retiran cuatro. En la Dirección Provincial del Agua, en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Cultura se despide, en cada caso, a dos empleados.
Las otras reparticiones afectadas, con un sólo trabajador por caso, son la Tesorería General, y las secretarías de Obras Públicas, de Trabajo y de Información Pública. En este grupo están, también, las direcciones de Construcciones Escolares y Comercio Interior; y las escuelas terciarias, el instituto de puericultura Alfredo Guzmán y la Subsecretaría de Asuntos Agrícolas y Alimentos.

Sin derecho a indemnización
"La jubilación ordinaria es una de las causas por las que el agente público deja de pertenecer a la administración", establece el decreto 526/3 del Poder Ejecutivo en sus fundamentos. Por esa razón, se establece que los 116 empleados públicos que quedan cesantes no tienen derecho a una indemnización.