Por Redacción Política
28 Febrero 2004
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Los miembros del Poder Legislativo tienen por estos días doble carga laboral. A la tarea de las comisiones y a la sesión concretada ayer se sumaron los procedimientos del juicio político que se sigue contra el suspendido fiscal penal de la IV Nominación, Héctor Musi.
El juez federal Felipe Terán pidió que se remuevan los privilegios procesales del funcionario judicial (lo que para la Legislatura equivale a destituirlo), a fin de que se presente a declarar en la causa que investiga la falsificación de documentos que permitía la libre circulación de camionetas 4x4 robadas.
Musi tiene plazo hasta el próximo lunes para contestar la acusación que le formuló la comisión de Juicio Político. Por ese motivo, el presidente del tribunal parlamentario, Ernesto Padilla (FR), estableció una guardia permanente en mesa de entradas de la Cámara.
El recelo administrativo tiene que ver con los estrictos plazos que establece la Ley 6.374, que fija los pasos que deben darse cuando se pone en marcha el proceso de destitución de funcionarios. "A partir del momento en que Musi presente la contestación, la norma ofrece un plazo de 24 horas para que se efectúe el llamado a una reunión del tribunal legislativo. Esa sesión debe realizarse dentro de los dos días siguientes a la convocatoria", precisó el republicano.
Paralelamente, Padilla mantuvo una reunión informativa con algunos de los legisladores jueces para informarles acerca de cómo sigue el proceso.
En diálogo con LA GACETA, Padilla señaló que en la próxima deliberación del tribunal se dará lectura, en audiencia pública, a la acusación, a las excepciones que se le formulen y a la defensa. Entonces también se determinará qué pruebas ofrecidas por una y otra parte son pertinentes y se fijará un cronograma, por ejemplo, para escuchar a los testigos. Ese lapso de producción de la prueba no puede exceder los 12 días. Concluido ese término, los parlamentarios debatirán en secreto sobre el mérito de la causa, y luego votarán por la destitución o la absolución de Musi.
El juez federal Felipe Terán pidió que se remuevan los privilegios procesales del funcionario judicial (lo que para la Legislatura equivale a destituirlo), a fin de que se presente a declarar en la causa que investiga la falsificación de documentos que permitía la libre circulación de camionetas 4x4 robadas.
Musi tiene plazo hasta el próximo lunes para contestar la acusación que le formuló la comisión de Juicio Político. Por ese motivo, el presidente del tribunal parlamentario, Ernesto Padilla (FR), estableció una guardia permanente en mesa de entradas de la Cámara.
El recelo administrativo tiene que ver con los estrictos plazos que establece la Ley 6.374, que fija los pasos que deben darse cuando se pone en marcha el proceso de destitución de funcionarios. "A partir del momento en que Musi presente la contestación, la norma ofrece un plazo de 24 horas para que se efectúe el llamado a una reunión del tribunal legislativo. Esa sesión debe realizarse dentro de los dos días siguientes a la convocatoria", precisó el republicano.
Paralelamente, Padilla mantuvo una reunión informativa con algunos de los legisladores jueces para informarles acerca de cómo sigue el proceso.
En diálogo con LA GACETA, Padilla señaló que en la próxima deliberación del tribunal se dará lectura, en audiencia pública, a la acusación, a las excepciones que se le formulen y a la defensa. Entonces también se determinará qué pruebas ofrecidas por una y otra parte son pertinentes y se fijará un cronograma, por ejemplo, para escuchar a los testigos. Ese lapso de producción de la prueba no puede exceder los 12 días. Concluido ese término, los parlamentarios debatirán en secreto sobre el mérito de la causa, y luego votarán por la destitución o la absolución de Musi.
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