Urgencia de la reforma política

El azaroso rumbo del Gobierno federal de transición, jaqueado por dificultades económicas y sociales con muy escasos precedentes y cuya base de poder institucional pasa por el Congreso y da lugar a recurrentes negociaciones, genera un clima de incertidumbre muy difícil de eludir. Ello es así a pesar de la convicción muy extendida de que el presidente Eduardo Duhalde debe completar su gestión hasta el 10 de diciembre de 2003 para entregar el poder a quien resulte elegido el 14 de setiembre del mismo año. Es considerablemente compleja la responsabilidad asumida por el actual gobierno, pues, cuando menos deberá poner fin al estado de anomia que afecta a la vida pública y que, consecuentemente, castiga a sectores muy amplios de la sociedad argentina.
En tal sentido, podría ser muy perturbador que quienes accediesen al futuro gobierno constitucional debieran enfrentar las causas no resueltas que provocaron la crisis más grave de la Argentina moderna, en lugar de iniciar una gestión hacia el futuro.
Esas causas no resueltas tienen seguramente un orden esencial de prioridades en el que la gestión política y sus ejecutores no dejan de figurar cada vez que se debate la decadencia a que ha sido llevada la República, cualquiera que sea la perspectiva con que se la observe.
En consecuencia, sería del todo insensato convocar a la ciudadanía a las urnas sin modificar las condiciones del régimen representativo y de partidos políticos al que se atribuye la razón más compartida de la crisis. Tal demanda está muy clara y periódicamente el Presidente y sus colaboradores la proclaman, además de reiterarse desde organismos internacionales que observan al país con una elevada pérdida de credibilidad.
Por cierto que las responsabilidades en la crisis alcanzan a una dirigencia bastante más amplia que la específicamente política, pero quienes ejercen la representación ciudadana en los poderes públicos son y han de ser también quienes asuman el deber de transparentar la vida pública mediante sus decisiones y ejemplos.
Aceptada esa realidad, no debe eludírsela ante la incertidumbre con que es observada en algunos momentos la estabilidad del Gobierno de transición, y que apunta a una eventual reducción de su gestión que provoque el adelantamiento de las elecciones. Tal alternativa no condice con el relativo interés y lentitud que la mayoría de los sectores políticos dedican a la reforma del sistema representativo, especialmente en el Congreso y en las mayores fuerzas partidarias, a pesar de la vasta agenda de temas que aquella requiere en los órdenes nacional y provinciales.
No sólo un número elevado de leyes, sino también las posteriores exigencias reglamentarias, serán necesarias para reducir el elevado costo de la política en dinero y cargos, además de poner fin a las listas sábana y cerradas en los grandes distritos, y abrir las internas partidarias a los electores independientes.
El sintético listado de demandas requeridas para que la República retome su destino histórico exige un múltiple y prolongado debate cuya urgencia no parece hacer mella, hasta el momento, en el viejo empeño de mantener la acción política en un coto cerrado de intereses partidarios donde han hecho crisis hasta los viejos liderazgos.