Proponen sumar dos vocales al Tribunal de Cuentas

Un proyecto para ampliar de tres a cinco el número de vocales del Tribunal de Cuentas colocó otra vez al órgano de control en la mira de la Legislatura. La iniciativa es impulsada por el oficialista Rolando Alfaro, pero cuenta con el apoyo de legisladores de distintos bloques políticos que pretenden que el tema sea analizado en el período ordinario de sesiones que comenzará el 1 de abril.
Alfaro propone modificar la ley de Administración Financiera, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con el objetivo de dotar de mayor agilidad y de especialización al cuerpo encargado de revisar la actuación de los funcionarios en cuestiones vinculadas a la Hacienda Pública. Para ello impulsa sumar dos nuevos vocales al tribunal que hoy funciona con tres miembros.
La iniciativa modifica el actual régimen al reconocer como facultad exclusiva de la Legislatura, la designación de los integrantes del tribunal. La ley vigente fija esa potestad en cabeza del Poder Ejecutivo, quien debe solicitar el acuerdo de la Cámara.
La condición de inamovibles de los cargos y los requisitos profesionales para acceder a los mismos, se mantienen sin cambios en la propuesta. Como disposición transitoria, el parlamentario justicialista propone que "por única vez", sea el presidente de la Legislatura quien designe a los dos nuevos vocales que integrarían en forma definitiva el órgano de control.

Polémica renovada
La propuesta de Alfaro renueva una discusión de comienzos de la gestión de Julio Miranda. Hasta noviembre de 1999, el tribunal funcionó con cinco miembros, pero ese año la Legislatura resolvió -a propuesta del gobernador- reducir a tres las vocalías. La decisión dejó fuera del organismo a Jorge Avila, Jorge Olmos, José Nadef y Pedro León Cornet, quienes habían asumido en octubre de 1995. Jorge Darío de Prada, el quinto miembro de esa composición, siguió como presidente y Miguel Chaibén Terraf y Sergio Díaz Ricci ocuparon los espacios vacantes. Los tres siguen hoy en sus cargos y, por otra decisión de la Legislatura de diciembre de 2002, sólo pueden ser removidos por causa justificada y con un procedimiento especial.
Los funcionarios desplazados iniciaron acciones judiciales contra el Estado, reclamando el pago de indemnizaciones. La cuestión se encuentra en análisis de la Corte Suprema, pero la inconstitucionalidad del despido no fue objetada por la Provincia.