Una investigación en la Caja Popular podría terminar con denuncias en los Tribunales

El gobernador José Alperovich reveló ayer a la prensa que, junto con el interventor Juan Carlos Veiga, está analizando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Justicia por presuntas irregularidades en la Caja Popular de Ahorros y que afectaría a gestiones anteriores.
"Van a tener algunas denuncias importantes que hemos detectado y que ya las daré a conocer", expresó el mandatario, luego de inaugurar dos aulas en la escuela Juan Crisóstomo Alvarez de El Manantial. Este fue el diálogo que mantuvo con la prensa:
-¿Los hechos serían de gestiones anteriores?
-Si, de gestiones anteriores. Más allá de eso, estamos trabajando fuerte, ya que desde hace tres meses que la Caja no le está pidiendo dinero a la Provincia.

-¿Se puede adelantar algo sobre las denuncias?
-Creo que hasta el viernes o el sábado revelaré las denuncias con pruebas concretas para que todos sepan la verdad.

-¿Serán derivadas a la Fiscalía Anticorrupción?
-Hablé con el doctor Veiga y voy a hacer las denuncias ante el Juzgado Federal, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y ante el fiscal anticorrupción (Pedro Gallo).

-¿Se habla de cifras importantes?
-Serían cifras importantes.

Confirmación
El gobernador optó por mantener el silencio respecto de las presuntas irregularidades. Según comentaron algunos funcionarios, tendrían que ver con una serie de facturaciones observadas por la conducción de la entidad y por el pago de viáticos a algunos empleados.
Lo que sí confirmó Alperovich es que la intervención de la Caja Popular de Ahorros será prorrogada y que, por el momento, continuará Veiga al frente de la institución. El plazo de la intervención concluye el 20 de marzo, pero el mandatario negó que el Gobierno tenga pensado retornar a la administración de la entidad financiera por parte de un directorio.

Los quinieleros
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Subconcesionarios Oficiales de Quiniela, Carlos Falci, solicitó al interventor de la Caja Popular de Ahorros la derogación de una resolución que exige a los subconcesionarios el pago de $ 0,013 por cada ticket emitido por las máquinas captadoras de apuestas. "Esto es una imposición que vulnera claramente la naturaleza y la ley penal tributaria. A principios de año realizamos el pedido por escrito a la intervención y hasta hoy no obtuvimos respuestas", manifestó.
Expresó que no entiende la razón por la que sus fondos se derivan a la Cámara de Concesionarios de Quiniela, si esta agrupación, según dice, nuclea sólo el 25% de la recaudación total de las apuestas. "La resolución también dispone que las concesionarias receptarán el 85% y que realizarán campañas publicitarias. Estas campañas no existen. Por ello exigimos que la resolución sea lisa y llanamente derogada, de modo que sea saneado el principesco privilegio del que goza la Cámara de Concesionarias", espetó.
Falci aclaró que encontró buena predisposición al diálogo por parte de Veiga, pero recordó que el 8 de enero se le remitió una serie de requerimientos, para los cuales aún no hubo respuesta.
"Solicitamos la entrega en término de los contratos de subconcesión, la bancarización del cobro de comisiones, la entrega directa de los juegos no concesionados (Quini 6, Brinco, Mono Bingo, Telekino, etcétera), el reordenamiento de las garantías, la provisión de máquinas on line, la eliminación del pago del derecho de explotación y la supresión de la competencia desleal", concluyó.