Marcelo Bátiz - Agencia DyN
BUENOS AIRES.- “Hay que tener en claro que 2016 será un año con alta inflación. De acuerdo con nuestro análisis, y asumiendo un escenario en el cual la inflación baja al 2%; 1,5% y 1% mensual en el segundo, tercero y cuarto trimestre, la inflación anual sería del 34%, con una variación interanual del 29% a fines de diciembre 2016”. El pronóstico de una consultora echa por tierra las proyecciones oficiales de una inflación de no más del 25% para todo el año. Y no por unas décimas sino por más de nueve puntos porcentuales.
No sería un dato sorprendente si se tratara de una estimación de alguien que no comulga con los postulados del macrismo, pero pertenece a Economía & Regiones, fundada por el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y dirigida hasta hace pocos meses por su secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli. De hecho, el discurso oficialista sobre la inflación fue mutando paulatinamente y ya casi nadie se refiere a la pauta del 20% al 25% para todo el año.
Además, se insiste con otra de las consignas del inicio, aquella que divide a 2016 en dos mitades. Un primer semestre con un repunte de los precios por el sinceramiento de algunas variables reprimidas por el gobierno anterior (en especial, los subsidios) y una segunda mitad en la cual se evidenciará una desaceleración de la inflación, en gran medida porque el “trabajo sucio” ya fue realizado.
El cumplimiento de esta segunda variante, dependerá de la capacidad de todas las áreas de Gobierno para enfrentar factores que apuntan a acelerar la inflación y a frenarla. El resultado dependerá de cómo se resuelva esa tensión.
La referencia a “todas las áreas” es inevitable en un Gobierno estructurado en la mayor cantidad de ministerios en la historia argentina. Y en lo que a inflación se refiere, la responsabilidad no se limita a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, y a Alfonso Prat Gay, el ministro de Hacienda. Juan José Aranguren, de Energía, con las tarifas de luz y de gas y con el precio de los combustibles, Guillermo Dietrich, con las del transporte de pasajeros, Francisco Cabrera con los comercios, Jorge Triaca con las paritarias del sector público y Frigerio, con las negociaciones por el reintegro de la coparticipación a las provincias, deberán coordinar tareas para evitar un desmadre.
En el cruce de presiones, hay motivos tanto para aliviarse como para preocuparse. El caso de los subsidios es el más evidente: cuando se cuente con la información de febrero, seguramente se comprobará una baja sustancial en la medición interanual, a raíz de los recortes aplicados en el sector de la energía eléctrica. El dato no será menor, ya que será la primera baja desde que se implantaron hace poco más de una década. Si no hay una nueva suba de tarifas, los efectos inflacionarios de febrero no se reeditarán después.
Pero los subsidios a la electricidad no son los únicos. Gas, colectivos, trenes y agua esperan su turno. Y en cada caso, la duda pasa por algo más que shock o gradualismo: en junio del año que viene comenzarán las campañas por la elección de medio término. En el gabinete de Macri serán modernos pero no tontos y evalúan cómo distribuir tantos aumentos tarifarios lo más lejos de esa época.
Si alguien quiere encontrar cuál es la principal variable que marque una diferencia entre el gobierno actual y el anterior, quizás deba buscarlo en el control de la emisión monetaria. De un aumento interanual superior al 40%, se apunta a bajarlo por lo menos 15 puntos. Del récord de $ 640.006 millones del 22 de diciembre de 2015 al presente, la base monetaria bajó más de $ 50.000 millones.
Pero el BCRA tiene que lidiar con otro aspecto espinoso: la estrategia de mantener al dólar a raya con una tasa de interés de las Lebacs del 38% anual, implica que cada 35 días la autoridad monetaria tenga que devolver cada mes $ 102 por cada 100 que licitó. En la licitación del martes pasado se adjudicaron $ 54.886 millones, en tramos que llegan hasta 252 días.
La negociación con las provincias por el reintegro de los fondos coparticipables retenidos para financiar a la ANSES merece un capítulo aparte. Sólo este año representará una sangría de $ 25.800 millones para un organismo que en setiembre tendrá que dar su segundo aumento anual a los jubilados. Los millones en danza son muchos como para esperar que la inflación llegue al 25% anual en diciembre. El primer trimestre amenaza con cerrar en torno al 13%, y deja un margen estrecho para cumplir con la pauta, que está cada vez más lejos.
