Cuestionan el reemplazo de los jueces de paz

El proyecto para reemplazar a los jueces de paz legos por abogados fue duramente cuestionado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ). Según la entidad sindical, la iniciativa impulsada por el Gobierno afecta los derechos adquiridos de los actuales funcionarios y viola la independencia del Poder Judicial.
En ese sentido, AGEJ solicitó al vicegobernador Fernando Juri que no incluya el tema en el orden del día de la sesión de la Legislatura prevista para el miércoles. Sin embargo, el proyecto tiene dictamen de la comisión de Legislación General y fue consensuado con el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, por lo que la comisión de Labor Parlamentaria podría habilitar su tratamiento en ese encuentro.
El texto del dictamen establece que los actuales jueces de paz -en total 72 funcionarios en toda la provincia- serán reemplazados por abogados. Para no afectar su situación laboral, se ha previsto habilitar la posibilidad de que continúen en el mismo destino pero actuando como secretarios de los nuevos jueces, o que sean transferidos con el mismo ingreso y categoría.
Los legisladores y Jiménez analizaron la posibilidad de habilitar un sistema de retiros, pero la propuesta fue postergada hasta conocer la disponibilidad financiera de la Provincia para realizar un emprendimiento de este tipo.
Ada Altuve, secretaria general de AGEJ, consideró que la propuesta del Poder Ejecutivo podría generar serias consecuencias económicas. "Tenemos en puerta juicios millonarios de los funcionarios que perderán sus cargos con este sistema", advirtió la dirigente gremial.

Aumento de sueldos
Por otra parte, Altuve cuestionó al gobernador José Alperovich por no atender los reclamos de los empleados judiciales."Le hemos solicitado tres audiencias para exponer nuestra problemática salarial, que es acuciante, y no tuvimos respuesta", afirmó.
El problema será planteado el próximo miércoles ante el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, quien sí concedió una audiencia a la organización que forma parte de la intersindical de gremios estatales. "Es incomprensible que en la Nación nos atiendan y en nuestra provincia no", se quejó Altuve.
Los empleados pidieron la semana pasada, a la Corte Suprema de Justicia, el reencasillamiento para el personal de las categorías más bajas -que perciben en promedio salarios de $ 450- y ascensos en distintas categorías. Denuncian que en los Tribunales tucumanos se cobran los peores salarios del país.