El secretario de Cultura, Rodolfo Vargas Aignasse, se encomendó a la Justicia para que sea esta la que ponga fin a la polémica iniciada por una denuncia penal presentada en su contra por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico de la Nación (Sedronar) en 2002.
El funcionario pidió que sean los magistrados que intervienen en el proceso los que determinen finalmente si rindió o no cuentas de un subsidio que recibió la Fundación Familia y Educación en 1993. Vargas Aignasse fue denunciado por presuntas irregularidades en la concesión de $ 85.000 en 1993, destinados a la compra de una propiedad donde funcionaría una institución dedicada a la prevención de la drogadicción. La presentación estuvo a cargo del abogado Carlos Zabala di Tomaso, por instrucciones del titular de la Sedronar, Wilbur Ricardo Grimson.
Según Vargas Aignasse, existe constancia de toda la documentación sobre la operatoria cuestionada en una importante escribanía de esta capital, y el estado con los balances y resultados de la entidad fue presentado oportunamente ante la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. "Ofrezco copias de los informes anuales que elevé a la Sedronar, mediante las diez inspecciones efectuadas por esta última sin objeción alguna desde 1993. También espero la notificación de la causa penal que los medios difunden para conocer sus verdaderos términos y alcances", dijo el secretario de Cultura.
El trabajo en la fundación
El centro para la prevención de la drogadicción de la Fundación Familia y Educación funcionó normalmente durante sus primeros años. En virtud de convenio con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el especialista Alfredo Córdoba estuvo a cargo de la coordinación de los grupos de trabajo hasta fines de 1995. Las acciones de prevención se efectuaron de manera ambulatoria conjuntamente con la asistencia social efectuada en distintos barrios de la capital.
En los primeros días del gobierno de Antonio Bussi -recordó Vargas Aignasse-, Córdoba fue restituido a la Asistencia Pública, y quedaron a cargo de los trabajos de la fundación Federico Vázquez y Daniel Zalazar Romero. "Cualquier duda puede ser evacuada también por ellos", precisó.
Más respuestas
Por otra parte, Vargas Aignasse acusó a Zabala di Tomaso de mentir sobre las gestiones que su hija -la concejala Carolina Vargas Aignasse- había realizado vía telefónica en Buenos Aires. "Mi hija sólo quiso conocer en qué Juzgado estaba radicada la denuncia", afirmó el funcionario en respuesta a la versión del letrado, quien sugirió que la edil le pidió conocer cuál era el camino para terminar con el asunto.
El ex diputado nacional insiste en vincular la denuncia en su contra con sectores ligados al bussismo. En su descargo público, el funcionario pidió también que "sin ruido periodístico" la Justicia se pronuncie sobre el juicio iniciado en su contra por el ex gobernador por presuntos daños y perjuicios.
El funcionario pidió que sean los magistrados que intervienen en el proceso los que determinen finalmente si rindió o no cuentas de un subsidio que recibió la Fundación Familia y Educación en 1993. Vargas Aignasse fue denunciado por presuntas irregularidades en la concesión de $ 85.000 en 1993, destinados a la compra de una propiedad donde funcionaría una institución dedicada a la prevención de la drogadicción. La presentación estuvo a cargo del abogado Carlos Zabala di Tomaso, por instrucciones del titular de la Sedronar, Wilbur Ricardo Grimson.
Según Vargas Aignasse, existe constancia de toda la documentación sobre la operatoria cuestionada en una importante escribanía de esta capital, y el estado con los balances y resultados de la entidad fue presentado oportunamente ante la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia. "Ofrezco copias de los informes anuales que elevé a la Sedronar, mediante las diez inspecciones efectuadas por esta última sin objeción alguna desde 1993. También espero la notificación de la causa penal que los medios difunden para conocer sus verdaderos términos y alcances", dijo el secretario de Cultura.
El trabajo en la fundación
El centro para la prevención de la drogadicción de la Fundación Familia y Educación funcionó normalmente durante sus primeros años. En virtud de convenio con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el especialista Alfredo Córdoba estuvo a cargo de la coordinación de los grupos de trabajo hasta fines de 1995. Las acciones de prevención se efectuaron de manera ambulatoria conjuntamente con la asistencia social efectuada en distintos barrios de la capital.
En los primeros días del gobierno de Antonio Bussi -recordó Vargas Aignasse-, Córdoba fue restituido a la Asistencia Pública, y quedaron a cargo de los trabajos de la fundación Federico Vázquez y Daniel Zalazar Romero. "Cualquier duda puede ser evacuada también por ellos", precisó.
Más respuestas
Por otra parte, Vargas Aignasse acusó a Zabala di Tomaso de mentir sobre las gestiones que su hija -la concejala Carolina Vargas Aignasse- había realizado vía telefónica en Buenos Aires. "Mi hija sólo quiso conocer en qué Juzgado estaba radicada la denuncia", afirmó el funcionario en respuesta a la versión del letrado, quien sugirió que la edil le pidió conocer cuál era el camino para terminar con el asunto.
El ex diputado nacional insiste en vincular la denuncia en su contra con sectores ligados al bussismo. En su descargo público, el funcionario pidió también que "sin ruido periodístico" la Justicia se pronuncie sobre el juicio iniciado en su contra por el ex gobernador por presuntos daños y perjuicios.







