Por Redacción Política
22 Febrero 2004
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Como consecuencia de la inestabilidad institucional que caracterizó al país en el siglo pasado o de las distintas crisis políticas que sacudieron a la provincia, la Nación tuvo siempre una fuerte injerencia en la vida de los poderes públicos tucumanos.
De los 59 gobernadores que ocuparon el sillón de Lucas Córdoba desde 1898 a la fecha, sólo 25 fueron elegidos por la voluntad popular. El resto fue designado por la Nación con el cargo de interventor (24) o directamente como gobernador (10). La historia revela que más de la mitad de los gobernadores de Tucumán actuaron subordinados al Poder Ejecutivo Nacional. Durante los períodos democráticos, en cambio, las relaciones entre ambos poderes oscilaron entre la necesidad de los gobernadores por aparecer subordinados a la Nación o el enfrentamiento hasta los límites admitidos por la Constitución.En 1916 el presidente Hipólito Yrigoyen decidió no participar de los actos por el centenario de la Independencia que debían realizarse en la provincia. Un año después, intervino el mandato de su correligionario José Antonio Bascary, quien se resistía a enfrentar un juicio político.
Década infame
Otro radical, Miguel Campero, tuvo durante sus dos gestiones una fuerte vinculación con la Nación. En 1926 se encomendó al gobierno federal para solucionar una fuerte crisis motivada por la superproducción azucarera. Esta situación dio origen a lo que se conoce como el "Laudo Alvear", que determinó las reglas de la actividad cañera durante más de 30 años.
En los convulsionados tiempos de la "Década infame", el gobernador Juan Luis Nougués tuvo una pésima relación con el presidente Agustín P. Justo. El enfrentamiento llegó a su punto más álgido cuando Nougués denunció ante la Asamblea Legislativa, en 1934, que la Nación "ejercía un verdadero asedio político y económico".
Las gestiones peronistas
Durante los gobiernos peronistas, la fuerte impronta del presidente marcó toda la vida política. Entre 1946 y 1955, los gobernadores Carlos María Domínguez, Fernando Pedro Riera y Luis Cruz ejercieron sus mandatos con el acompañamiento de Juan Domingo Perón. Entre 1973 y 1976, Amado Juri hizo la propio, pero en un clima social y político marcado por la violencia.
La instalación del Casino en 1958 generó uno de los más recordados enfrentamientos entre ambos poderes. Celestino Gelsi resolvió avanzar con el proyecto, pero tuvo que traer de contrabando las ruletas porque la Nación no autorizaba el ingreso de esos equipos al país.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, los gobernadores tucumanos buscaron mostrarse cerca del poder central. El fenómeno se agudizó durante la gestión de Carlos Menem y después de la intervención federal dispuesta en 1990.
Tiempos modernos
Con estilos diferentes, Ramón Ortega y Antonio Bussi se mostraron cerca del primer mandatario nacional. Julio Miranda dividió su gestión entre la provincia y los viajes a Buenos Aires, pero pudo sortear la crisis política y económica que derivó en la caída de Fernando de la Rúa.
Durante los próximos 4 años, el gobernador José Alperovich y el presidente Néstor Kirchner construirán su propia historia.
Especialistas dicen que el federalismo fue destruido
La Argentina es un país federal. En términos teóricos, esto implica la coexistencia de dos gobiernos vinculados el uno -la Nación- con el otro -las provincias- por relaciones de distinto tipo. Sin embargo, a lo largo de la historia no siempre esa vinculación se desarrolló por carriles normales. En el pasado reciente de los tucumanos, tampoco.
El constitucionalista Miguel Angel Ekmekdjian analizó la situación actual del federalismo y llegó a la conclusión de que el sistema previsto por la Constitución ha sido destruido. Según el especialista, al amparo de interpretaciones de distintos fallos judiciales y de prácticas políticas deformantes se ha convalidado una sensible reducción del ámbito de poder de las provincias.
El proceso tuvo sus atenuantes en las decisiones políticas adoptadas durante la década del 90, cuando se produjo la transferencia de actividades que hasta entonces manejaba la Nación. Pero el especialista en Administración Pública Oscar Oslak mencionó que esa situación, en realidad, generó más dependencia respecto de la administración federal.
Las provincias -dice Oslak- debieron hacerse cargo de administrar un aparato institucional para el que no habían adquirido capacidades de gestión, lo que generó altos grados de ineficiencia. "La crisis económica y los magros ingresos tributarios incrementaron la demanda de fondos nacionales -por coparticipación, transferencias o adelantos- generando un creciente endeudamiento y, por consiguiente, una mayor dependencia", afirmó el docente en un estudio sobre la reforma estatal en la Argentina.
Por su parte, el investigador Pablo Ramella dividió en tres las causas para explicar este fenómeno. La primera tiene directa vinculación a aspectos naturales propios de la organización territorial y de las condiciones productivas del país. Las otras dos están vinculadas a la calidad institucional. Ramella aseguró que la corrupción del sistema y la inoperancia de los gobiernos provinciales fueron determinantes para destruir el régimen previsto por la Carta Magna.
Según el constitucionalista Pedro J. Frías, urge una redefinición del federalismo. Para ello, asegura, será necesario que las provincias asuman un mayor compromiso en asuntos del poder central.
PUNTOS DE VISTA
"Mejorar la calidad del Estado"
Por: Pablo Martín Mercado
Docente Derecho Administrativo - UNT
La descentralización, la centralización, la autarquía y la autonomía son técnicas que tienen por objeto la organización del Estado o de sus órganos. La opción por alguna de estas traerá una consecuencia jurídica que repercutirá de manera directa sobre la vida de la gente común.
Decir que es mejor la centralización o la descentralización administrativa dependerá de las circunstancias particulares en las que sean empleadas en un determinado tiempo y lugar. Así, por ejemplo, hay Estados fuertemente centralizados que son exitosos, como el caso de Francia, y otros que optaron por la descentralización administrativa, como el caso de Canadá.
Nuestro estado, la República Argentina, adopta el sistema federal. En la Constitución nacional se regulan algunos de los órganos y se les otorga autonomía política a otros, como es el caso de los estados provinciales y los municipios.
Sin embargo, la realidad política administrativa nos muestra que la Nación o las provincias han ido concentrando mayor poder en detrimento de los estados provinciales o municipales, en la mayoría de los casos con la anuencia de estos (pactos fiscales, sociales, etc).
En definitiva, a la hora de evaluar si la adopción de una u otra técnica es buena o mala, todo dependerá de que la opción se haga en beneficio de la calidad del Estado y no con el fin de concentrar el poder de manera coyuntural.
"La sumisión al poder económico"
Por: Luis Marcos Bonano
Historiador y docente - UNT
Como expresó J. C. Chiaramonte, durante la primera mitad del siglo XIX las provincias "fueron vistas siempre como partes de una nación argentina preexistente y no como estados soberanos e independientes". Pero ello no es obstáculo para reconocer que la organización política de los Estados provinciales fue anterior a la del Estado nacional.
Nuestra Constitución se proclamó "federal", pero el presidencialismo acentuado convirtió en ficcional ese postulado. Las omnipresentes intervenciones del Poder Ejecutivo sobre las provincias que no le eran adictas fueron un elemento disciplinador fundamental.
Esta política intervencionista fue aplicada desde Urquiza hasta la dictadura siglo XIX fueron el ferrocarril y las novedosas armas a repetición fueron el factor que aseguró la estabilidad política, en el siglo XX fue el manejo de los recursos económicos lo que aseguró la sumisión de los gobiernos locales.
En muchos casos, y hasta la actualidad, el Presidente se convierte en el gran árbitro de todas las fidelidades. Los gobiernos provinciales invierten el tiempo que no dedican a la corrupción y el clientelismo a peregrinar por los despachos nacionales en busca de los recursos que les permitan sobrevivir a la centralización económica que drena los recursos del interior hacia los que detentan el poder económico, radicados justamente en las cercanías del Poder Nacional.
De los 59 gobernadores que ocuparon el sillón de Lucas Córdoba desde 1898 a la fecha, sólo 25 fueron elegidos por la voluntad popular. El resto fue designado por la Nación con el cargo de interventor (24) o directamente como gobernador (10). La historia revela que más de la mitad de los gobernadores de Tucumán actuaron subordinados al Poder Ejecutivo Nacional. Durante los períodos democráticos, en cambio, las relaciones entre ambos poderes oscilaron entre la necesidad de los gobernadores por aparecer subordinados a la Nación o el enfrentamiento hasta los límites admitidos por la Constitución.En 1916 el presidente Hipólito Yrigoyen decidió no participar de los actos por el centenario de la Independencia que debían realizarse en la provincia. Un año después, intervino el mandato de su correligionario José Antonio Bascary, quien se resistía a enfrentar un juicio político.
Década infame
Otro radical, Miguel Campero, tuvo durante sus dos gestiones una fuerte vinculación con la Nación. En 1926 se encomendó al gobierno federal para solucionar una fuerte crisis motivada por la superproducción azucarera. Esta situación dio origen a lo que se conoce como el "Laudo Alvear", que determinó las reglas de la actividad cañera durante más de 30 años.
En los convulsionados tiempos de la "Década infame", el gobernador Juan Luis Nougués tuvo una pésima relación con el presidente Agustín P. Justo. El enfrentamiento llegó a su punto más álgido cuando Nougués denunció ante la Asamblea Legislativa, en 1934, que la Nación "ejercía un verdadero asedio político y económico".
Las gestiones peronistas
Durante los gobiernos peronistas, la fuerte impronta del presidente marcó toda la vida política. Entre 1946 y 1955, los gobernadores Carlos María Domínguez, Fernando Pedro Riera y Luis Cruz ejercieron sus mandatos con el acompañamiento de Juan Domingo Perón. Entre 1973 y 1976, Amado Juri hizo la propio, pero en un clima social y político marcado por la violencia.
La instalación del Casino en 1958 generó uno de los más recordados enfrentamientos entre ambos poderes. Celestino Gelsi resolvió avanzar con el proyecto, pero tuvo que traer de contrabando las ruletas porque la Nación no autorizaba el ingreso de esos equipos al país.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, los gobernadores tucumanos buscaron mostrarse cerca del poder central. El fenómeno se agudizó durante la gestión de Carlos Menem y después de la intervención federal dispuesta en 1990.
Tiempos modernos
Con estilos diferentes, Ramón Ortega y Antonio Bussi se mostraron cerca del primer mandatario nacional. Julio Miranda dividió su gestión entre la provincia y los viajes a Buenos Aires, pero pudo sortear la crisis política y económica que derivó en la caída de Fernando de la Rúa.
Durante los próximos 4 años, el gobernador José Alperovich y el presidente Néstor Kirchner construirán su propia historia.
Especialistas dicen que el federalismo fue destruido
La Argentina es un país federal. En términos teóricos, esto implica la coexistencia de dos gobiernos vinculados el uno -la Nación- con el otro -las provincias- por relaciones de distinto tipo. Sin embargo, a lo largo de la historia no siempre esa vinculación se desarrolló por carriles normales. En el pasado reciente de los tucumanos, tampoco.
El constitucionalista Miguel Angel Ekmekdjian analizó la situación actual del federalismo y llegó a la conclusión de que el sistema previsto por la Constitución ha sido destruido. Según el especialista, al amparo de interpretaciones de distintos fallos judiciales y de prácticas políticas deformantes se ha convalidado una sensible reducción del ámbito de poder de las provincias.
El proceso tuvo sus atenuantes en las decisiones políticas adoptadas durante la década del 90, cuando se produjo la transferencia de actividades que hasta entonces manejaba la Nación. Pero el especialista en Administración Pública Oscar Oslak mencionó que esa situación, en realidad, generó más dependencia respecto de la administración federal.
Las provincias -dice Oslak- debieron hacerse cargo de administrar un aparato institucional para el que no habían adquirido capacidades de gestión, lo que generó altos grados de ineficiencia. "La crisis económica y los magros ingresos tributarios incrementaron la demanda de fondos nacionales -por coparticipación, transferencias o adelantos- generando un creciente endeudamiento y, por consiguiente, una mayor dependencia", afirmó el docente en un estudio sobre la reforma estatal en la Argentina.
Por su parte, el investigador Pablo Ramella dividió en tres las causas para explicar este fenómeno. La primera tiene directa vinculación a aspectos naturales propios de la organización territorial y de las condiciones productivas del país. Las otras dos están vinculadas a la calidad institucional. Ramella aseguró que la corrupción del sistema y la inoperancia de los gobiernos provinciales fueron determinantes para destruir el régimen previsto por la Carta Magna.
Según el constitucionalista Pedro J. Frías, urge una redefinición del federalismo. Para ello, asegura, será necesario que las provincias asuman un mayor compromiso en asuntos del poder central.
PUNTOS DE VISTA
"Mejorar la calidad del Estado"
Por: Pablo Martín Mercado
Docente Derecho Administrativo - UNT
La descentralización, la centralización, la autarquía y la autonomía son técnicas que tienen por objeto la organización del Estado o de sus órganos. La opción por alguna de estas traerá una consecuencia jurídica que repercutirá de manera directa sobre la vida de la gente común.
Decir que es mejor la centralización o la descentralización administrativa dependerá de las circunstancias particulares en las que sean empleadas en un determinado tiempo y lugar. Así, por ejemplo, hay Estados fuertemente centralizados que son exitosos, como el caso de Francia, y otros que optaron por la descentralización administrativa, como el caso de Canadá.
Nuestro estado, la República Argentina, adopta el sistema federal. En la Constitución nacional se regulan algunos de los órganos y se les otorga autonomía política a otros, como es el caso de los estados provinciales y los municipios.
Sin embargo, la realidad política administrativa nos muestra que la Nación o las provincias han ido concentrando mayor poder en detrimento de los estados provinciales o municipales, en la mayoría de los casos con la anuencia de estos (pactos fiscales, sociales, etc).
En definitiva, a la hora de evaluar si la adopción de una u otra técnica es buena o mala, todo dependerá de que la opción se haga en beneficio de la calidad del Estado y no con el fin de concentrar el poder de manera coyuntural.
"La sumisión al poder económico"
Por: Luis Marcos Bonano
Historiador y docente - UNT
Como expresó J. C. Chiaramonte, durante la primera mitad del siglo XIX las provincias "fueron vistas siempre como partes de una nación argentina preexistente y no como estados soberanos e independientes". Pero ello no es obstáculo para reconocer que la organización política de los Estados provinciales fue anterior a la del Estado nacional.
Nuestra Constitución se proclamó "federal", pero el presidencialismo acentuado convirtió en ficcional ese postulado. Las omnipresentes intervenciones del Poder Ejecutivo sobre las provincias que no le eran adictas fueron un elemento disciplinador fundamental.
Esta política intervencionista fue aplicada desde Urquiza hasta la dictadura siglo XIX fueron el ferrocarril y las novedosas armas a repetición fueron el factor que aseguró la estabilidad política, en el siglo XX fue el manejo de los recursos económicos lo que aseguró la sumisión de los gobiernos locales.
En muchos casos, y hasta la actualidad, el Presidente se convierte en el gran árbitro de todas las fidelidades. Los gobiernos provinciales invierten el tiempo que no dedican a la corrupción y el clientelismo a peregrinar por los despachos nacionales en busca de los recursos que les permitan sobrevivir a la centralización económica que drena los recursos del interior hacia los que detentan el poder económico, radicados justamente en las cercanías del Poder Nacional.
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