Por Redacción Política
21 Febrero 2004
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El proyecto para conformar una comisión que desde la Legislatura analice distintos proyectos con el objetivo de reformar la Constitución comenzó a sumar apoyo en los bloques opositores del parlamento provincial.
El radical Ramón Graneros consideró que la iniciativa, anunciada por el vicegobernador Fernando Juri, es la mejor forma de blanquear el estado de sospecha que se instaló en este tema a partir de la sanción de la norma que autorizó a convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Esa ley, aprobada durante la gestión de Julio Miranda, fue cuestionada ante la Justicia por el ex legislador Julio Díaz Lozano, por el abogado Clímaco de la Peña y por el actual legislador Ernesto Padilla, quienes solicitaron la nulidad de la norma destinada a cambiar la Carta Magna sancionada en 1990. La cuestión aún se encuentra pendiente de resolución, pero el Poder Ejecutivo encabezado por José Alperovich ratificó su intención de concretar el proyecto reformista durante el transcurso de este año.
Graneros considera que debe darse un marco político a esa discusión, por eso también impulsa la creación de una comisión especial. "De hecho -aseguró el radical- había presentado un proyecto a fines de enero, que coincide con el anuncio realizado por Juri en los últimos días".
Según el legislador, la comisión especial deberá garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad tucumana. El espacio institucional tendrá que promover, además, la investigación y el debate académico de los puntos a reformar. "La nueva Constitución no puede ser propiedad exclusiva de un partido político", aseguró. La iniciativa fija un plazo de 6 meses para que la comisión emita dictamen.
Ley polémica
"Si tenemos que comparar, la ley provincial que habilita la reforma de la Constitución es comparable a la llamada "ley Banelco" o ley de reforma laboral sancionada durante la gestión presidencial de Fernando de la Rúa", señaló el legislador Alejandro Sangenis, quien fijó posición en favor de la derogación de la norma que se encuentra cuestionada ante la Justicia. Por otra parte, el referente del Movimiento Tres Banderas consideró que no es el momento de convocar a elecciones por este tema.
"Comparto con el presidente Néstor Kirchner que 2004 es un buen momento para consolidar la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. No podemos entrar en un proceso que nos llevará a enfrentamientos estériles", afirmó el Sangenis.
Sin embargo, el ex ministro de Asuntos Sociales, estimó que es positivo que se constituya un espacio institucional para analizar las alternativas ante una eventual reforma. "La única condición para que los legisladores trabajen debe ser la exclusión del debate de la palabra reelección", precisó.
Sangenis sugirió a Juri que fije un plazo de un año para que la comisión especial emita dictamen. También instó a participar a todos los sectores de la sociedad. "La nueva Carta Magna no debe surgir de la voluntad exclusiva de los poderes políticos", concluyó.
La UCR rechazó el proyecto oficial
La Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con el proceso para reformar la Constitución de la Provincia e instó al gobernador José Alperovich a abandonar su proyecto reeleccionista.
Según José Ricardo Ascárate, presidente de la UCR, el gobernador debe cumplir con la muletilla que tanto le gusta repetir. "Este no es un tema que le interese a la gente; es una cuestión que sólo le interesa a la clase política para seguir en el poder", afirmó el ex legislador.
Los radicales consideran que no es conveniente cambiar las reglas de la actividad política en tiempo de crisis. Ascárate dijo que la discusión de una reforma constitucional, en estos momentos, puede generar reacciones adversas de la sociedad, que repudiará a los políticos que buscan permanecer en sus actuales cargos.
"El debate por una nueva Constitución sólo se legitimará si no se discute la reelección. No pueden ni el gobernador, ni los legisladores, impulsar la reforma de una Constitución a la que juraron respetar hace unos pocos meses ", precisó el dirigente partidario.
La conducción de la UCR tucumana replicó los argumentos de quienes consideran que el cambio de la Carta Magna es fundamental para alcanzar la reforma política. Como ejemplo de esa afirmación, los radicales recordaron que el cuestionado sistema electoral de los sublemas depende de una ley. También, la posibilidad de ampliar las facultades de los municipios y de las comunas, contemplados por una norma sancionada por la Legislatura provincial.
El radical Ramón Graneros consideró que la iniciativa, anunciada por el vicegobernador Fernando Juri, es la mejor forma de blanquear el estado de sospecha que se instaló en este tema a partir de la sanción de la norma que autorizó a convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Esa ley, aprobada durante la gestión de Julio Miranda, fue cuestionada ante la Justicia por el ex legislador Julio Díaz Lozano, por el abogado Clímaco de la Peña y por el actual legislador Ernesto Padilla, quienes solicitaron la nulidad de la norma destinada a cambiar la Carta Magna sancionada en 1990. La cuestión aún se encuentra pendiente de resolución, pero el Poder Ejecutivo encabezado por José Alperovich ratificó su intención de concretar el proyecto reformista durante el transcurso de este año.
Graneros considera que debe darse un marco político a esa discusión, por eso también impulsa la creación de una comisión especial. "De hecho -aseguró el radical- había presentado un proyecto a fines de enero, que coincide con el anuncio realizado por Juri en los últimos días".
Según el legislador, la comisión especial deberá garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad tucumana. El espacio institucional tendrá que promover, además, la investigación y el debate académico de los puntos a reformar. "La nueva Constitución no puede ser propiedad exclusiva de un partido político", aseguró. La iniciativa fija un plazo de 6 meses para que la comisión emita dictamen.
Ley polémica
"Si tenemos que comparar, la ley provincial que habilita la reforma de la Constitución es comparable a la llamada "ley Banelco" o ley de reforma laboral sancionada durante la gestión presidencial de Fernando de la Rúa", señaló el legislador Alejandro Sangenis, quien fijó posición en favor de la derogación de la norma que se encuentra cuestionada ante la Justicia. Por otra parte, el referente del Movimiento Tres Banderas consideró que no es el momento de convocar a elecciones por este tema.
"Comparto con el presidente Néstor Kirchner que 2004 es un buen momento para consolidar la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. No podemos entrar en un proceso que nos llevará a enfrentamientos estériles", afirmó el Sangenis.
Sin embargo, el ex ministro de Asuntos Sociales, estimó que es positivo que se constituya un espacio institucional para analizar las alternativas ante una eventual reforma. "La única condición para que los legisladores trabajen debe ser la exclusión del debate de la palabra reelección", precisó.
Sangenis sugirió a Juri que fije un plazo de un año para que la comisión especial emita dictamen. También instó a participar a todos los sectores de la sociedad. "La nueva Carta Magna no debe surgir de la voluntad exclusiva de los poderes políticos", concluyó.
La UCR rechazó el proyecto oficial
La Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con el proceso para reformar la Constitución de la Provincia e instó al gobernador José Alperovich a abandonar su proyecto reeleccionista.
Según José Ricardo Ascárate, presidente de la UCR, el gobernador debe cumplir con la muletilla que tanto le gusta repetir. "Este no es un tema que le interese a la gente; es una cuestión que sólo le interesa a la clase política para seguir en el poder", afirmó el ex legislador.
Los radicales consideran que no es conveniente cambiar las reglas de la actividad política en tiempo de crisis. Ascárate dijo que la discusión de una reforma constitucional, en estos momentos, puede generar reacciones adversas de la sociedad, que repudiará a los políticos que buscan permanecer en sus actuales cargos.
"El debate por una nueva Constitución sólo se legitimará si no se discute la reelección. No pueden ni el gobernador, ni los legisladores, impulsar la reforma de una Constitución a la que juraron respetar hace unos pocos meses ", precisó el dirigente partidario.
La conducción de la UCR tucumana replicó los argumentos de quienes consideran que el cambio de la Carta Magna es fundamental para alcanzar la reforma política. Como ejemplo de esa afirmación, los radicales recordaron que el cuestionado sistema electoral de los sublemas depende de una ley. También, la posibilidad de ampliar las facultades de los municipios y de las comunas, contemplados por una norma sancionada por la Legislatura provincial.
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