Un ex funcionario demoró más de dos años en ir a la Justicia

Más de un abogado se cruzó ayer en Tribunales con él sin saber quién era. El ex ministro de Asuntos Sociales de Antonio Bussi, Carlos Octavio Quijano, se presentó a primera hora en la sala IV de la Cámara Penal para notificarse de que deberá afrontar un juicio oral por la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del hospital Padilla, una obra calculada en 1997 en $ 3 millones. Este acto no se podía cumplir desde hace más de dos años y medio, porque el ex funcionario se fue a vivir a la Capital Federal y en la Justicia provincial no tenían su nuevo domicilio.
"Vine a presentarme en Tribunales. Me voy". Esta fue la breve declaración que el ex funcionario efectuó a LA GACETA cuando, a las 9.05, abandonó la Cámara Penal en compañía de su abogada, Patricia Aybar Critto. Luego siguió caminando por La Madrid al 400 lenta y silenciosamente.
En la sala IV, Quijano fue notificado de la resolución por la cual la jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci, rechazó la oposición planteada por él contra el pedido de elevación a juicio de la causa. El ex funcionario era el único imputado que aún no sabía oficialmente sobre tan importante decisión. Por ende, la causa estaba paralizada de hecho para él.
Quijano habría informado cuál es su domicilio en Buenos Aires; habría dejado una copia de su documento de identidad y le habrían pintado los dedos para tomarle las huellas dactilares, algo que, al parecer, faltaba en los expedientes de la causa.

Trámite paralizado
En las próximas horas, la sala IV de la Cámara Penal (la integran María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba) informaría al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, sobre la presentación de Quijano. El funcionario judicial, como no podía notificar al imputado sobre el juicio, por exhorto, había solicitado a un juez de la Capital Federal que tratara de localizarlo.
Como próximo paso procesal, el tribunal sorteado para juzgar a Quijano (la sala IV) deberá notificarlo de que tiene cinco días para examinar las actuaciones y las documentaciones de la causa, así como para interponer las recusaciones que considerara pertinentes, según ordena el Código Procesal Penal provincial.
En Tribunales pretenden que, desde el punto de vista procesal, el ex funcionario se encuentre en la misma situación que los otros imputados, el propio Robles; el arquitecto Ricardo Wagner (efectuó el proyecto) y Pedro Figueredo (se presentó al cotejo de precios convocado por el ex ministro). Para estos la causa ya se encuentra abierta a prueba. El objetivo es que el juicio oral se realice conjuntamente para todos en la misma época.

Germanó propuso como testigo a Jerez
El ex ministro de Gobierno de Antonio Bussi, Alberto Germanó, está obsesionado por demostrar que Esteban Jerez, en su actual carácter de diputado nacional por Recrear, percibe fondos de naturaleza similar a la de los que cobraron los funcionarios republicanos. El ex fiscal anticorrupción llevó adelante una investigación por el polémico sistema de compensación de gastos que estuvo vigente entre 1996 y 1999, causa por la que Bussi, Germanó y los ex titulares de Hacienda, Ramón Arnedo, y de la Producción, Franco Fogliata, deberán afrontar un juicio oral.
Si bien ya ofreció numerosas pruebas, Germanó se presentará hoy ante la sala IV de la Cámara Penal -ante esta se desarrollará el juicio- y solicitará que se oficie al secretario administrativo del Poder Judicial de la provincia, Julio Alberto Dupuy. El objetivo es que este informe si la Fiscalía Anticorrupción, desde su creación, tuvo una asignación presupuestaria particular. Si la respuesta es afirmativa, el republicano pretende que se precise cuánto dinero recibió Jerez, qué destinos se le dio y cómo se lo rindió.
Germanó también solicitará que se cite a Jerez como testigo para que diga si como diputado percibe monto alguno en concepto de desarraigo; si esa suma -en caso de ser cobrada- se encuentra legalmente presupuestada y por qué mecanismo contable rinde cuenta de ella, y si considera que la utilización de dicho dinero es ilegal.

Contra la pared
El republicano entiende que la declaración de Jerez es clave. "El, a lo largo de todo este proceso, despotricó sobre la utilización por parte nuestra de supuestos gastos reservados y en gran parte, gracias a esta causa, siendo ahora diputado, percibe fondos de similar naturaleza que los cuestionados en el juicio", afirmó Germanó.
A partir de una denuncia del abogado Clímaco de la Peña sobre el presunto cobro de gastos prohibidos por la Constitución -por parte de Bussi y de tres de sus ex ministros-, Jerez practicó la investigación que concluirá en el juicio. Según el sistema cuestionado, cada ministro percibía alrededor de $ 2.500 mensuales para gastos denominados de protocolo.