Bussi ofrecerá como testigo a Ortega

El republicano quiere que la Justicia cite a 42 de sus ex funcionarios por los gastos reservados.

Por Redacción Política 18 Febrero 2004
Hasta el ex gobernador peronista Ramón Ortega tendría que testificar en el juicio oral contra el ex mandatario Antonio Bussi y contra quienes fueron sus ministros -Alberto Germanó, Ramón Arnedo y Franco Fogliata-, por el sistema de compensación de gastos que estuvo vigente durante la administración republicana, entre 1996 y 1999.
Entre las numerosas pruebas que ofreció, el abogado de Bussi, Cergio Morfil, pidió que se solicite a la Dirección de Personal de Casa de Gobierno que brinde la lista de todos los ministros de la administración de Ortega (1991-1995). El objetivo es saber si, conforme con la Ley de Contabilidad que estaba vigente en esa época, rindieron cuentas de los gastos que efectuaron.
Los principales ex funcionarios del propio Bussi -este solía llamarlos sus excelencias- también podrían desfilar ante la sala IV de la Cámara Penal, que llevará adelante el juicio oral. Morfil requirió el testimonio de 42 personas; entre ellas, el actual vocal de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Area Maidana (fue secretario de Gobierno); los ex ministros Jorge Malmierca, Domingo Arroyo, Roberto Lix Klett, Carlos Quijano, Alfredo Guido Linares, Miguel Ruesjas y Hernán Frías Silva; la ex fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y los ex secretarios de Estado, Silvia Bollea de de la Orden, Bernabé Alzabé, Atilio Peluffo y Julio Suárez Chazarreta, entre otros.
El letrado también requirió que se oficie a la Legislatura para que informe la suma total que recibieron los tres anteriores vicegobernadores, Julio Díaz Lozano, Raúl Topa y Sisto Terán, para distribuir en concepto de gastos de bloque.
De acuerdo con el sistema que implementó Bussi, cada ministro recibía entre $ 2.300 y $ 2.500 por mes para gastos de compensación y protocolo, popularmente conocidos como reservados.
Morfil está convencido de que en noviembre de 2000 el Tribunal de Cuentas giró a la Justicia un informe sobre la gestión de Bussi. Por ello, el abogado pidió que se cite a los vocales del órgano de contralor de esa época para que digan si, entre el 95 y el 99, efectuaron alguna observación a las rendiciones de cuentas de la administración republicana.

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