Hasta el ex gobernador peronista Ramón Ortega tendría que testificar en el juicio oral contra el ex mandatario Antonio Bussi y contra quienes fueron sus ministros -Alberto Germanó, Ramón Arnedo y Franco Fogliata-, por el sistema de compensación de gastos que estuvo vigente durante la administración republicana, entre 1996 y 1999.
Entre las numerosas pruebas que ofreció, el abogado de Bussi, Cergio Morfil, pidió que se solicite a la Dirección de Personal de Casa de Gobierno que brinde la lista de todos los ministros de la administración de Ortega (1991-1995). El objetivo es saber si, conforme con la Ley de Contabilidad que estaba vigente en esa época, rindieron cuentas de los gastos que efectuaron.
Los principales ex funcionarios del propio Bussi -este solía llamarlos sus excelencias- también podrían desfilar ante la sala IV de la Cámara Penal, que llevará adelante el juicio oral. Morfil requirió el testimonio de 42 personas; entre ellas, el actual vocal de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Area Maidana (fue secretario de Gobierno); los ex ministros Jorge Malmierca, Domingo Arroyo, Roberto Lix Klett, Carlos Quijano, Alfredo Guido Linares, Miguel Ruesjas y Hernán Frías Silva; la ex fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y los ex secretarios de Estado, Silvia Bollea de de la Orden, Bernabé Alzabé, Atilio Peluffo y Julio Suárez Chazarreta, entre otros.
El letrado también requirió que se oficie a la Legislatura para que informe la suma total que recibieron los tres anteriores vicegobernadores, Julio Díaz Lozano, Raúl Topa y Sisto Terán, para distribuir en concepto de gastos de bloque.
De acuerdo con el sistema que implementó Bussi, cada ministro recibía entre $ 2.300 y $ 2.500 por mes para gastos de compensación y protocolo, popularmente conocidos como reservados.
Morfil está convencido de que en noviembre de 2000 el Tribunal de Cuentas giró a la Justicia un informe sobre la gestión de Bussi. Por ello, el abogado pidió que se cite a los vocales del órgano de contralor de esa época para que digan si, entre el 95 y el 99, efectuaron alguna observación a las rendiciones de cuentas de la administración republicana.
Entre las numerosas pruebas que ofreció, el abogado de Bussi, Cergio Morfil, pidió que se solicite a la Dirección de Personal de Casa de Gobierno que brinde la lista de todos los ministros de la administración de Ortega (1991-1995). El objetivo es saber si, conforme con la Ley de Contabilidad que estaba vigente en esa época, rindieron cuentas de los gastos que efectuaron.
Los principales ex funcionarios del propio Bussi -este solía llamarlos sus excelencias- también podrían desfilar ante la sala IV de la Cámara Penal, que llevará adelante el juicio oral. Morfil requirió el testimonio de 42 personas; entre ellas, el actual vocal de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Area Maidana (fue secretario de Gobierno); los ex ministros Jorge Malmierca, Domingo Arroyo, Roberto Lix Klett, Carlos Quijano, Alfredo Guido Linares, Miguel Ruesjas y Hernán Frías Silva; la ex fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y los ex secretarios de Estado, Silvia Bollea de de la Orden, Bernabé Alzabé, Atilio Peluffo y Julio Suárez Chazarreta, entre otros.
El letrado también requirió que se oficie a la Legislatura para que informe la suma total que recibieron los tres anteriores vicegobernadores, Julio Díaz Lozano, Raúl Topa y Sisto Terán, para distribuir en concepto de gastos de bloque.
De acuerdo con el sistema que implementó Bussi, cada ministro recibía entre $ 2.300 y $ 2.500 por mes para gastos de compensación y protocolo, popularmente conocidos como reservados.
Morfil está convencido de que en noviembre de 2000 el Tribunal de Cuentas giró a la Justicia un informe sobre la gestión de Bussi. Por ello, el abogado pidió que se cite a los vocales del órgano de contralor de esa época para que digan si, entre el 95 y el 99, efectuaron alguna observación a las rendiciones de cuentas de la administración republicana.







