18 Febrero 2004 Seguir en 
La Corte Suprema de Justicia no resolverá sobre la inconstitucionalidad o no del decreto 545/3 del Poder Ejecutivo provincial que establece el aumento del 57% en el impuesto Inmobiliario a partir del 1 de enero de 2004.
El máximo tribunal se declaró ayer incompetente para actuar en dicho planteo, que fue presentado en forma conjunta por asociaciones civiles, partidos políticos y contribuyentes particulares contra el reajuste tributario instrumentado por la Dirección General de Rentas.
Los cinco miembros del máximo tribunal, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana, René Goane, Alberto Brito y Alfredo Dato, decidieron por unanimidad remitir la acción de amparo colectivo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. De esta manera, los magistrados coincidieron con la opinión del ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, quien sostuvo en su dictamen del lunes pasado que las normas legales establecen que las causas que tengan hecho jurídico de naturaleza administrativa o tributaria son de competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Con la decisión de la Corte, el amparo colectivo se sumaría a la demanda que realizó el defensor del pueblo, Luis Acosta, en forma personal en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Enrique Guibert y Eba Marta López Piossek.
Esos magistrados analizan el escrito que remitió la Fiscalía de Estado, en el que contestaron al planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el ombudsman.
El máximo tribunal se declaró ayer incompetente para actuar en dicho planteo, que fue presentado en forma conjunta por asociaciones civiles, partidos políticos y contribuyentes particulares contra el reajuste tributario instrumentado por la Dirección General de Rentas.
Los cinco miembros del máximo tribunal, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana, René Goane, Alberto Brito y Alfredo Dato, decidieron por unanimidad remitir la acción de amparo colectivo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. De esta manera, los magistrados coincidieron con la opinión del ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, quien sostuvo en su dictamen del lunes pasado que las normas legales establecen que las causas que tengan hecho jurídico de naturaleza administrativa o tributaria son de competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Con la decisión de la Corte, el amparo colectivo se sumaría a la demanda que realizó el defensor del pueblo, Luis Acosta, en forma personal en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por los jueces Enrique Guibert y Eba Marta López Piossek.
Esos magistrados analizan el escrito que remitió la Fiscalía de Estado, en el que contestaron al planteo de inconstitucionalidad interpuesto por el ombudsman.
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