Reclaman a la Caja Popular que investigue la cesión de créditos a empleados municipales

El decreto del Gobierno, que suspende el otorgamiento de nuevos descuentos por préstamos a empleados públicos bancarizados y que establece auditorías para todas las mutuales y entidades financieras dedicadas a esa actividad, despertó una ola de denuncias sobre presuntas irregularidades que afectarían a empleados y a jubilados de distintas reparticiones.
Ayer el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Juan Carlos Veiga, recibió un pedido de investigación administrativa impulsado por un grupo de empleados municipales, con el patrocinio del concejal José Luis Avignone. Los agentes denunciaron que fueron ejecutados judicialmente por la Caja, a pesar de que en los registros municipales las deudas reclamadas figuran canceladas mediante el sistema de descuento por planilla.

Un caso confuso
Los trabajadores municipales solicitaron los créditos para adquirir motocicletas entre 1993 y 1995. Entonces, acordaron con la firma comercial que los pagos se efectuarían mediante el sistema de descuentos en sus salarios mensuales. Como garantía, la empresa hizo firmar a los trabajadores distintos documentos, entre los que se encontraban algunos pagarés en dólares a nombre de la Caja Popular de Ahorros.
Posteriormente, esos títulos fueron colocados en garantías de otros créditos otorgados por la entidad financiera que, al no ser cancelados, generaron las acciones judiciales que hoy tiene sentencia de ejecución contra los agentes involucrados. Los fondos retenidos por la Tesorería de la Municipalidad fueron oportunamente retirados.

En el IPACyM
En el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM), en tanto, se multiplicaron las denuncias por presuntas irregularidades en los descuentos al personal estatal. La titular del organismo, Silvia Rojkés de Temkim, aseguró que esta situación fue la que motivó el decreto del Poder Ejecutivo - firmado el pasado 9 de febrero -, que suspende el otorgamiento de nuevos descuentos y autoriza la investigación de los préstamos ya otorgados.
La resolución establece que todas las mutuales, cooperativas o entidades financieras que otorgaron créditos a los empleados públicos deberán presentar una declaración jurada ante la Contaduría General de la Provincia. Esa declaración será posteriormente auditada por el Gobierno, con el objeto de determinar la legitimidad del reclamo. Los créditos afectados fueron tomados por el personal que cobra sus haberes mensuales mediante el sistema bancarizado.
Temkim adelantó que el Gobierno estudia un nuevo sistema para rehabilitar los descuentos. La normativa preve mayor rigurosidad en el control del funcionamiento y en la presentación de memorias y balances de las mutuales y de las cooperativas. También se solicitará que los nuevos convenios entre los empleados y las asociaciones fijen con claridad la cantidad de cuotas y el monto que se descontará mensualmente.