Por Redacción Política
17 Febrero 2004
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El abogado Clímaco de la Peña lamentó que el ex ministro de Gobierno de Antonio Bussi, Alberto Germanó, pretenda que otros políticos, entre ellos el actual gobernador, José Alperovich, declaren en el juicio que le siguen a ex funcionarios republicanos. Germanó, el propio Bussi, y los ex titulares de Hacienda y de la Producción, Ramón Arnedo y Franco Fogliata, están imputados en la causa que investiga el polémico sistema de compensación de gastos que estuvo vigente entre enero de 1996 y 1999.
"Ya en 1913, el filósofo Oswald Spengler afirmó que en la decadencia, la diatriba se transforma en el género y en el sistema del discurso político. Y las declaraciones de Germanó no son una excepción: en lugar de defender su posición, elípticamente acusa a Alperovich, a Pablo Baillo y a Pablo Walter de haber percibido fondos públicos sin rendir cuentas", aseguró el letrado, quien efectuó la denuncia que terminó con el enjuiciamiento de Bussi y de sus ex ministros.
De la Peña elogió la actuación del ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez (es quien receptó su denuncia). "La Legislatura que presidió Raúl Topa, con la sanción de una ley que nada decía, permitió a Bussi y a sus ministros que lleven a casi el doble los sueldos que en virtud de la Constitución no podían aumentarse. En ese período, Bussi y los parlamentarios fueron los socios del silencio. Pero esa complicidad se rompió cuando Jerez resolvió investigar al ex gobernador y compañía por los cobros no rendidos", manifestó.
El experimentado abogado no tiene dudas de que la corrupción comenzó en 1991 con el gobierno del justicialista Ramón Ortega. "Pero las raíces institucionales de este fenómeno están en la Constitución de 1990 (fue sancionada a instancias de Fuerza Republicana) y en el sistema electoral fraudulento", destacó.
De la Peña no cree que Bussi y sus ex ministros sean víctimas de una persecución política, como asegura Germanó. "Jerez requirió la elevación a juicio de la causa. Pero ello fue sostenido por el fiscal de Cámara, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal hizo lugar a la petición", concluyó.
"Ya en 1913, el filósofo Oswald Spengler afirmó que en la decadencia, la diatriba se transforma en el género y en el sistema del discurso político. Y las declaraciones de Germanó no son una excepción: en lugar de defender su posición, elípticamente acusa a Alperovich, a Pablo Baillo y a Pablo Walter de haber percibido fondos públicos sin rendir cuentas", aseguró el letrado, quien efectuó la denuncia que terminó con el enjuiciamiento de Bussi y de sus ex ministros.
De la Peña elogió la actuación del ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez (es quien receptó su denuncia). "La Legislatura que presidió Raúl Topa, con la sanción de una ley que nada decía, permitió a Bussi y a sus ministros que lleven a casi el doble los sueldos que en virtud de la Constitución no podían aumentarse. En ese período, Bussi y los parlamentarios fueron los socios del silencio. Pero esa complicidad se rompió cuando Jerez resolvió investigar al ex gobernador y compañía por los cobros no rendidos", manifestó.
El experimentado abogado no tiene dudas de que la corrupción comenzó en 1991 con el gobierno del justicialista Ramón Ortega. "Pero las raíces institucionales de este fenómeno están en la Constitución de 1990 (fue sancionada a instancias de Fuerza Republicana) y en el sistema electoral fraudulento", destacó.
De la Peña no cree que Bussi y sus ex ministros sean víctimas de una persecución política, como asegura Germanó. "Jerez requirió la elevación a juicio de la causa. Pero ello fue sostenido por el fiscal de Cámara, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal hizo lugar a la petición", concluyó.
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