El Gobierno auditará a todas las mutuales y entidades financieras que son acreedoras del personal de Estado por créditos otorgados mediante el sistema de retenciones mensuales.
Así lo dispone un decreto del Poder Ejecutivo en el que cuestiona la legitimidad de los descuentos que se realizaban a los empleados públicos. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, reconoció a LA GACETA que la decisión busca poner fin a numerosas irregularidades.
La resolución, firmada la semana pasada por el gobernador José Alperovich y por Jiménez, dispuso suspender el otorgamiento de nuevos códigos de descuento y las altas en los códigos que se encontraban autorizados. Fijó, además, que las entidades que mantengan créditos pendientes, deberán presentar una declaración jurada ante la Contaduría General dejando constancia del dinero reclamado y de los plazos en los que debería extinguirse el respectivo descuento. La información será posteriormente auditada por la Provincia, para determinar la legitimidad del reclamo. En el decreto, el Estado se exime de toda la responsabilidad que pueda surgir en los convenios firmados por las partes contratantes.
La suspensión de los códigos de descuento sólo involucra al personal que cobra su haberes mediante el sistema bancarizado.
Los únicos descuentos que se mantienen vigentes son los destinados al sistema previsional, a los aportes a obras sociales y a las entidades gremiales, y aquellos destinados a cumplir con sentencias o embargos judiciales. También, los originados en retenciones legales para el pago de impuestos, pensiones alimenticias o cesiones de haberes con instituciones que tienen convenio directo con la Provincia.
Así lo dispone un decreto del Poder Ejecutivo en el que cuestiona la legitimidad de los descuentos que se realizaban a los empleados públicos. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, reconoció a LA GACETA que la decisión busca poner fin a numerosas irregularidades.
La resolución, firmada la semana pasada por el gobernador José Alperovich y por Jiménez, dispuso suspender el otorgamiento de nuevos códigos de descuento y las altas en los códigos que se encontraban autorizados. Fijó, además, que las entidades que mantengan créditos pendientes, deberán presentar una declaración jurada ante la Contaduría General dejando constancia del dinero reclamado y de los plazos en los que debería extinguirse el respectivo descuento. La información será posteriormente auditada por la Provincia, para determinar la legitimidad del reclamo. En el decreto, el Estado se exime de toda la responsabilidad que pueda surgir en los convenios firmados por las partes contratantes.
La suspensión de los códigos de descuento sólo involucra al personal que cobra su haberes mediante el sistema bancarizado.
Los únicos descuentos que se mantienen vigentes son los destinados al sistema previsional, a los aportes a obras sociales y a las entidades gremiales, y aquellos destinados a cumplir con sentencias o embargos judiciales. También, los originados en retenciones legales para el pago de impuestos, pensiones alimenticias o cesiones de haberes con instituciones que tienen convenio directo con la Provincia.







