Se reglamentará la ley contra la tortura

La secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, anunció que la provincia reglamentará la ley N° 8.523 que prevé la formación de una comisión que garantice el trato digno de las personas que están privadas de su libertad. La norma que dio origen a la “Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” fue sancionada por los legisladores en septiembre de 2012, pero nunca había sido reglamentada.

La funcionaria explicó que se trata de un proceso largo que comenzó en 2015 y que en lo que va de la gestión del gobernador Juan Manzur la norma había sufrido modificaciones con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

La comisión -indicó Brunotto-, que velará por el trato digno de los presos, será multidisciplinaria y “estará conformada por el Ministro Fiscal, en su persona o a quien designe, por tres legisladores, por la propia secretaría de Derechos Humanos, además cinco integrantes de organizaciones civiles”. En este punto, aclaró, que se hará un proceso de selección que iniciará en la Defensoría del Pueblo.

Una vez elegidos sus miembros se elevará a la Comisión de Acuerdos y Peticiones de la Legislatura para su aprobación.

Creada la comisión, el proceso continuará con la confección del reglamento interno en donde se van a establecer las pautas de funcionamiento, ajustándose a un protocolo internacional que se deberá cumplir. Este órgano tendrá que controlar las condiciones de detención, el estado de las personas y cual es la situación de las diferentes causas.

En deuda

En octubre de 2014 la Defensoría General de la Nación le había exigido a Tucumán que pusiera en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que había sido creado por el Congreso en noviembre de 2012 y reglamentado en abril de 2014 por la ex presidenta, Cristina Fernández.

En esa oportunidad, mediante un comunicado, la Defensoría también había repudiado los apremios ilegales que se habían viralizado a través de un video. “Un agente policial –mientras es filmado por otro– aplica tratos vejatorios a una persona esposada, tratos que por su entidad sin duda alguna constituyen torturas”, señalaba parte de la circular. Fue el caso de dos policías del 911, quienes reconocieron que habían maltratado a un joven luego de esposarlo en la zona de San Andrés porque los habría insultado. Uno de ellos filmó al compañero y luego envió el video por Whatsapp al resto de los efectivos. Cuando el caso llegó a los medios e intervino una fiscal los policías fueron aprehendidos.

El texto enviado por la Defensoría también describía casos similares ocurridos en Mendoza y Salta. “Lamentablemente, la noticia desapareció muy rápidamente de los periódicos y canales de noticias, sin generar en la comunidad la reacción de intolerancia absoluta esperable ante prácticas tan incompatibles con la democracia”, agregaba el comunicado.