Por Redacción Política
15 Febrero 2004
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El reclamo social, que tuvo su apogeo en los meses posteriores a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, incluyó entre sus principales demandas la revisión del denominado costo de la política.
La discusión se había centrado en los cargos de representación popular, donde la notoria desproporción entre el contexto socioeconómico y los ingresos de los legisladores (nacionales, provinciales y municipales) abonaba las contradicciones.
Aunque en menor medida, los cuestionamientos alcanzaron al resto de los funcionarios, sobre quienes se puso la lupa por su directa participación en los asuntos públicos.
Discusión vigente
La polémica persiste aún en estos días. Pese a que la gestión pública parece haber recuperado su espacio en la consideración social, todavía no hay acuerdo sobre cuánto deben ganar quienes acceden a un cargo en el Estado.
La semana pasada, el intendente de Córdoba, Luis Juez, advirtió que quienes no acepten el tope salarial de $ 3.000 fijado por el presidente Néstor Kirchner para los funcionarios nacionales, deberán dejar sus cargos.
En la Municipalidad de Concepción, la irresuelta discusión por el incremento del presupuesto del Concejo Deliberante incluyó las dietas de los ediles. El "Pacto para el Crecimiento", firmado por el gobernador José Alperovich con todos los intendentes, fijó en $ 2.000 el tope salarial para quienes ocupen esos cargos. Durante la última campaña electoral en Tucumán, distintos sectores habían impulsado que algunos cuerpos deliberativos se integren con representantes ad honorem.
Distintos especialistas consideran que el fenómeno se debe a la profunda crisis del sistema tradicional de representación popular, originada en la convicción bastante extendida de que la política es sinónimo de corrupción. Carlos Strasser -politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)- afirma que la desconfianza y el retraimiento individual causaron la concentración en intereses más personales e incluso en el cinismo. En ese contexto, los reclamos por una reducción del costo de la política -aunque basados en cierto grado de sentido común y racionalidad- no tuvieron en cuenta la complejidad de la cuestión. Strasser asegura que se suelen confundir las reglas del juego con quienes participan del mismo.
Joaquín Villalobos reconoce que el tema de los salarios de los funcionarios suele ser oscuro en todos los sistemas, pero en las democracias -donde las demandas republicanas forman parte de la esencia del régimen- la situación exige otro tipo de respuestas.
Según el reconocido investigador de la Universidad de Oxford (Inglaterra), cuando alguien opta por ser médico o abogado está tomando una opción de servicio a la sociedad; pero al mismo tiempo decide vivir de su trabajo. " La idea de que la política es un apostolado la deja sin regulaciones y la ausencia de reglas se convierte en corrupción", expresa. Según el especialista, esta visión de la actividad política fomenta la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El ejemplo tucumano
Aparentar que se cobra salarios bajos o razonables y completarlos después con otros estipendios secretos es una cara de ese fenómeno. La presión social ha generado que las instituciones fijen públicamente una cifra como ingreso del funcionario en cuestión, pero que habitualmente recurran a pagos extras para justificar el nivel salarial que merece la jerarquía del cargo o para responder a las demandas que plantea el mismo sistema para la supervivencia política.
En Tucumán, por ejemplo, este año se realizará un juicio oral para determinar la responsabilidad del ex gobernador Antonio Bussi y de tres de sus ex ministros por el manejo de fondos reservados. También está pendiente una justificación pública de los fondos extras que percibían los legisladores entre 1999 y 2001.
Villalobos afirma que en democracia, la política necesita ser una profesión de servicio a la comunidad y no una actividad de riesgo. "Se debe exigir cualificación y compromiso con la comunidad, pero también reconocer que hay en juego un valor económico que considera el interés individual", señaló.
En la actividad privada resulta razonable que cuanto mayor sea la responsabilidad en una estructura organizativa, más elevada debe ser la retribución por ese trabajo. Nadie se escandaliza al conocer que una empresa paga a sus directivos excelentes salarios, a cambio de eficiencia y de contar con la mejor mano de obra a su disposición. Cuando se analiza la actividad estatal, el fenómeno es inversamente proporcional.
Hablar de cuánto dinero ganan quienes ejercen el poder -un tema directamente relacionado con la calidad de nuestro sistema institucional y con las demandas de transparencia- es siempre un tema complejo, del que no está exenta la hipocresía.
"Abandonar los intereses personales"
Por Dolores Suarez Larrabure - Docente Teorías SociológicasInvestigadora - UNT
Como primera medida para hablar de cuál debe ser la retribución de quienes conducen el Estado, hay que dejar de lado las posiciones demagógicas.
Tanto los que desempeñan cargos electivos como los funcionarios del Estado, deben contar con una muy buena remuneración porque tienen la obligación de dejar de lado sus intereses personales en función del bien común.
Esto requiere un cambio de mentalidad en el ser humano que naturalmente es egoísta e individualista. Su bienestar personal debe estar resuelto para poder pensar y actuar por los demás.Cuanto mayor sea la jerarquía del dirigente, mayores serán sus obligaciones y responsabilidades. Si los cargos elevan al ciudadano, el ciudadano tiene la obligación de ennoblecer al cargo desempeñándose dignamente y cobrando por su trabajo de manera acorde con su dedicación.
Los ciudadanos necesitan que aquellos que ejercen el poder, profesionalicen su actividad con una dedicación exclusiva al servicio de la comunidad. Cuando se investiga qué es lo que a la comunidad le produce disgusto con respecto a los sueldos de funcionarios y electos, se observan distintas reacciones.
En primer lugar genera repulsa que cobren altos sueldos los incapaces; o que reciban ese reconocimiento los funcionarios que no trabajan por la comunidad. Como contracara, se puede afirmar que también produce malestar que -independientemente del sueldo que reciban como retribución por su tarea- los funcionarios utilicen en forma personal otros fondos presupuestarios o el hecho de que cobrar esos ingresos genere una mayor desigualdad social.
La conclusión es: lo que se pretende de los que mandan es que desempeñen su cargo al servicio del bien común y no por intereses personales, y que sean remunerados de manera justa acorde con su investidura.
"Hay que recuperar la confianza"
Por Sergio Esparrell - Docente Psicología Laboral - UNT - UNSTA
Se debe tomar conciencia de que quienes tienen la función de gestionar presupuestos importantes y tomar decisiones estratégicas para el funcionamiento de lo público, no pueden ser mal retribuidos. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que tratar el tema de los salarios en el sector público, requiere una consideración minuciosa de un conjunto de variables.
Si se considera una eficaz gestión de los recursos humanos en una institución, debe tomarse en cuenta que, para calcular el monto de la retribución, ese dinero no tiene que comprometer ni los objetivos estratégicos ni el futuro de la misma. Esto, que es válido en el campo de las empresas, tendría que priorizarse en la determinación de salarios de los funcionarios del sector público.
Si el Estado apunta a atraer para su desarrollo recursos humanos eficientes y competitivos, es necesario que sea competitivo en la oferta de salarios. Pero este es un tema que no puede escindirse de la necesidad de transparencia y agilidad en los mecanismos de control de gestión. Se trata de recobrar la credibilidad de los ciudadanos para que los líderes políticos puedan sostenerse y trabajar como tales.
Este es un tema fundamental de gestión de recursos humanos; no se puede ser simplista al considerar con cuánto tiene que retribuirse a un líder político. Es importante tener en cuenta que el concepto de retribución implica siempre dar algo a cambio de algo.
Sueldos demasiado altos, que no reflejen los costos, ocasionan pérdidas de competitividad, lo que da origen a crisis económicas severas que van de la mano con la formación de expectativas de valor negativo.
Es prioritario que los políticos trabajen en la creación de un clima de transparencia y de credibilidad para revalorizar los recursos humanos y atraer personas valiosas, y controlar que se produzca un verdadero valor añadido por los salarios que se pagan con el esfuerzo de todos.
La discusión se había centrado en los cargos de representación popular, donde la notoria desproporción entre el contexto socioeconómico y los ingresos de los legisladores (nacionales, provinciales y municipales) abonaba las contradicciones.
Aunque en menor medida, los cuestionamientos alcanzaron al resto de los funcionarios, sobre quienes se puso la lupa por su directa participación en los asuntos públicos.
Discusión vigente
La polémica persiste aún en estos días. Pese a que la gestión pública parece haber recuperado su espacio en la consideración social, todavía no hay acuerdo sobre cuánto deben ganar quienes acceden a un cargo en el Estado.
La semana pasada, el intendente de Córdoba, Luis Juez, advirtió que quienes no acepten el tope salarial de $ 3.000 fijado por el presidente Néstor Kirchner para los funcionarios nacionales, deberán dejar sus cargos.
En la Municipalidad de Concepción, la irresuelta discusión por el incremento del presupuesto del Concejo Deliberante incluyó las dietas de los ediles. El "Pacto para el Crecimiento", firmado por el gobernador José Alperovich con todos los intendentes, fijó en $ 2.000 el tope salarial para quienes ocupen esos cargos. Durante la última campaña electoral en Tucumán, distintos sectores habían impulsado que algunos cuerpos deliberativos se integren con representantes ad honorem.
Distintos especialistas consideran que el fenómeno se debe a la profunda crisis del sistema tradicional de representación popular, originada en la convicción bastante extendida de que la política es sinónimo de corrupción. Carlos Strasser -politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)- afirma que la desconfianza y el retraimiento individual causaron la concentración en intereses más personales e incluso en el cinismo. En ese contexto, los reclamos por una reducción del costo de la política -aunque basados en cierto grado de sentido común y racionalidad- no tuvieron en cuenta la complejidad de la cuestión. Strasser asegura que se suelen confundir las reglas del juego con quienes participan del mismo.
Joaquín Villalobos reconoce que el tema de los salarios de los funcionarios suele ser oscuro en todos los sistemas, pero en las democracias -donde las demandas republicanas forman parte de la esencia del régimen- la situación exige otro tipo de respuestas.
Según el reconocido investigador de la Universidad de Oxford (Inglaterra), cuando alguien opta por ser médico o abogado está tomando una opción de servicio a la sociedad; pero al mismo tiempo decide vivir de su trabajo. " La idea de que la política es un apostolado la deja sin regulaciones y la ausencia de reglas se convierte en corrupción", expresa. Según el especialista, esta visión de la actividad política fomenta la poca transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El ejemplo tucumano
Aparentar que se cobra salarios bajos o razonables y completarlos después con otros estipendios secretos es una cara de ese fenómeno. La presión social ha generado que las instituciones fijen públicamente una cifra como ingreso del funcionario en cuestión, pero que habitualmente recurran a pagos extras para justificar el nivel salarial que merece la jerarquía del cargo o para responder a las demandas que plantea el mismo sistema para la supervivencia política.
En Tucumán, por ejemplo, este año se realizará un juicio oral para determinar la responsabilidad del ex gobernador Antonio Bussi y de tres de sus ex ministros por el manejo de fondos reservados. También está pendiente una justificación pública de los fondos extras que percibían los legisladores entre 1999 y 2001.
Villalobos afirma que en democracia, la política necesita ser una profesión de servicio a la comunidad y no una actividad de riesgo. "Se debe exigir cualificación y compromiso con la comunidad, pero también reconocer que hay en juego un valor económico que considera el interés individual", señaló.
En la actividad privada resulta razonable que cuanto mayor sea la responsabilidad en una estructura organizativa, más elevada debe ser la retribución por ese trabajo. Nadie se escandaliza al conocer que una empresa paga a sus directivos excelentes salarios, a cambio de eficiencia y de contar con la mejor mano de obra a su disposición. Cuando se analiza la actividad estatal, el fenómeno es inversamente proporcional.
Hablar de cuánto dinero ganan quienes ejercen el poder -un tema directamente relacionado con la calidad de nuestro sistema institucional y con las demandas de transparencia- es siempre un tema complejo, del que no está exenta la hipocresía.
"Abandonar los intereses personales"
Por Dolores Suarez Larrabure - Docente Teorías SociológicasInvestigadora - UNT
Como primera medida para hablar de cuál debe ser la retribución de quienes conducen el Estado, hay que dejar de lado las posiciones demagógicas.
Tanto los que desempeñan cargos electivos como los funcionarios del Estado, deben contar con una muy buena remuneración porque tienen la obligación de dejar de lado sus intereses personales en función del bien común.
Esto requiere un cambio de mentalidad en el ser humano que naturalmente es egoísta e individualista. Su bienestar personal debe estar resuelto para poder pensar y actuar por los demás.Cuanto mayor sea la jerarquía del dirigente, mayores serán sus obligaciones y responsabilidades. Si los cargos elevan al ciudadano, el ciudadano tiene la obligación de ennoblecer al cargo desempeñándose dignamente y cobrando por su trabajo de manera acorde con su dedicación.
Los ciudadanos necesitan que aquellos que ejercen el poder, profesionalicen su actividad con una dedicación exclusiva al servicio de la comunidad. Cuando se investiga qué es lo que a la comunidad le produce disgusto con respecto a los sueldos de funcionarios y electos, se observan distintas reacciones.
En primer lugar genera repulsa que cobren altos sueldos los incapaces; o que reciban ese reconocimiento los funcionarios que no trabajan por la comunidad. Como contracara, se puede afirmar que también produce malestar que -independientemente del sueldo que reciban como retribución por su tarea- los funcionarios utilicen en forma personal otros fondos presupuestarios o el hecho de que cobrar esos ingresos genere una mayor desigualdad social.
La conclusión es: lo que se pretende de los que mandan es que desempeñen su cargo al servicio del bien común y no por intereses personales, y que sean remunerados de manera justa acorde con su investidura.
"Hay que recuperar la confianza"
Por Sergio Esparrell - Docente Psicología Laboral - UNT - UNSTA
Se debe tomar conciencia de que quienes tienen la función de gestionar presupuestos importantes y tomar decisiones estratégicas para el funcionamiento de lo público, no pueden ser mal retribuidos. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que tratar el tema de los salarios en el sector público, requiere una consideración minuciosa de un conjunto de variables.
Si se considera una eficaz gestión de los recursos humanos en una institución, debe tomarse en cuenta que, para calcular el monto de la retribución, ese dinero no tiene que comprometer ni los objetivos estratégicos ni el futuro de la misma. Esto, que es válido en el campo de las empresas, tendría que priorizarse en la determinación de salarios de los funcionarios del sector público.
Si el Estado apunta a atraer para su desarrollo recursos humanos eficientes y competitivos, es necesario que sea competitivo en la oferta de salarios. Pero este es un tema que no puede escindirse de la necesidad de transparencia y agilidad en los mecanismos de control de gestión. Se trata de recobrar la credibilidad de los ciudadanos para que los líderes políticos puedan sostenerse y trabajar como tales.
Este es un tema fundamental de gestión de recursos humanos; no se puede ser simplista al considerar con cuánto tiene que retribuirse a un líder político. Es importante tener en cuenta que el concepto de retribución implica siempre dar algo a cambio de algo.
Sueldos demasiado altos, que no reflejen los costos, ocasionan pérdidas de competitividad, lo que da origen a crisis económicas severas que van de la mano con la formación de expectativas de valor negativo.
Es prioritario que los políticos trabajen en la creación de un clima de transparencia y de credibilidad para revalorizar los recursos humanos y atraer personas valiosas, y controlar que se produzca un verdadero valor añadido por los salarios que se pagan con el esfuerzo de todos.
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