Santiago del Estero.- La catatara de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por una oficina nacional recién abierta le dio marco a la crisis política planteada en esta provincia tras la decisión de ocho legisladores justicialistas de romper con el bloque oficialista que responde al caudillo Carlos Juárez.
A menos de una semana de que fue habilitada en la provincia una sede de la oficina Anti-Impunidad, que impulsa el Ministerio de Justicia nacional, las denuncias recibidas superaron el centenar.
Así lo reveló ayer su coordinador, Luis Santucho, en la primera referencia a la actividad de la institución, inaugurada la semana pasada por los secretarios de Derechos Humanos y de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse.
Los funcionarios viajaron al cumplirse un año del denominado crimen de La Dársena y lo hicieron acompañados por el titular de la ANSeS, Sergio Massa, cuya oficina santiagueña denunció estafas por $ 500.000 de la propia gobernadora Nina Aragonés de Juárez.
En este sentido, ayer se presentó un pedido de desafuero de la gobernadora para indagarla por el cobro incompatible de una jubilación y la venta de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (Edese).
El pedido fue presentado por el abogado César Barrojo, que patrocina a varios denunciantes por casos de corrupción en la administración provincial.
Más problemas
Pero la crisis institucional alcanzó un nivel inusitado tras la ruptura del bloque de diputados provinciales del PJ que, desde hace 50 años, dirige Juárez, el veterano caudillo peronista, cinco veces gobernador y esposo de la actual gobernadora.
Se trata de ocho diputados, de un grupo de 35 legisladores juaristas que viajaron a Buenos Aires el martes último y se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para dar su versión de la situación política santiagueña. El objetivo proclamado era expresar su rechazo a una posible intervención federal a la provincia.
Los ocho diputados que decidieron desertar del bloque y crear la bancada "Frente para la Victoria", que responderá directamente al presidente Néstor Kirchner, son Luis Fernández, Carlos Hazam, Julio Castro, Rodolfo Capellini, Manuel Yorbandi, Miguel Robles, Estelvio Yanacón y Pablo Dip.En el encuentro del martes, Fernández les dijo que objetivamente no había elementos para plantear la intervención, pero aclaró que el Ejecutivo no está dispuesto a soportar que se favorezca la impunidad. Tras la reunión, los legisladores señalaron que Kirchner inició en el país un proceso de profundos cambios y que esa transformación debe llegar a Santiago.
La prensa
El diario santiagueño "El Liberal" habló ayer de conmoción política por la ruptura del bloque juarista, en tanto se especulaba con la posibilidad de que Carlos Juárez se reuniera con los diputados disidentes para intentar reagruparlos y que, incluso, intentara algún encuentro en Buenos Aires con funcionarios del Ejecutivo Nacional.
No obstante, analistas políticos locales dejaron abierta la posibilidad de que el cisma responda a una estrategia de reposicionamiento en vista de que el juarismo se debilita, o bien a una maniobra distractiva planeada por Juárez.
Propiciarían una aparente adhesión al kirchnerismo, para evitar que el juarismo continúe siendo acusado de manejar la provincia en forma autoritaria y feudal.
El doble crimen
En ese clima enrarecido, ayer fueron entregados a sus familiares los restos de Leyla Bshier Nazar, para ser velados e inhumados después de haber transcurrido más de un año de su asesinato.
Este crimen, junto con el de su amiga Patricia Villalba, fue el puntapié inicial para la crisis institucional que hoy vive la provincia, dado que el caso involucra a políticos y a funcionarios judiciales y policiales. (Télam)
A menos de una semana de que fue habilitada en la provincia una sede de la oficina Anti-Impunidad, que impulsa el Ministerio de Justicia nacional, las denuncias recibidas superaron el centenar.
Así lo reveló ayer su coordinador, Luis Santucho, en la primera referencia a la actividad de la institución, inaugurada la semana pasada por los secretarios de Derechos Humanos y de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse.
Los funcionarios viajaron al cumplirse un año del denominado crimen de La Dársena y lo hicieron acompañados por el titular de la ANSeS, Sergio Massa, cuya oficina santiagueña denunció estafas por $ 500.000 de la propia gobernadora Nina Aragonés de Juárez.
En este sentido, ayer se presentó un pedido de desafuero de la gobernadora para indagarla por el cobro incompatible de una jubilación y la venta de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (Edese).
El pedido fue presentado por el abogado César Barrojo, que patrocina a varios denunciantes por casos de corrupción en la administración provincial.
Más problemas
Pero la crisis institucional alcanzó un nivel inusitado tras la ruptura del bloque de diputados provinciales del PJ que, desde hace 50 años, dirige Juárez, el veterano caudillo peronista, cinco veces gobernador y esposo de la actual gobernadora.
Se trata de ocho diputados, de un grupo de 35 legisladores juaristas que viajaron a Buenos Aires el martes último y se entrevistaron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para dar su versión de la situación política santiagueña. El objetivo proclamado era expresar su rechazo a una posible intervención federal a la provincia.
Los ocho diputados que decidieron desertar del bloque y crear la bancada "Frente para la Victoria", que responderá directamente al presidente Néstor Kirchner, son Luis Fernández, Carlos Hazam, Julio Castro, Rodolfo Capellini, Manuel Yorbandi, Miguel Robles, Estelvio Yanacón y Pablo Dip.En el encuentro del martes, Fernández les dijo que objetivamente no había elementos para plantear la intervención, pero aclaró que el Ejecutivo no está dispuesto a soportar que se favorezca la impunidad. Tras la reunión, los legisladores señalaron que Kirchner inició en el país un proceso de profundos cambios y que esa transformación debe llegar a Santiago.
La prensa
El diario santiagueño "El Liberal" habló ayer de conmoción política por la ruptura del bloque juarista, en tanto se especulaba con la posibilidad de que Carlos Juárez se reuniera con los diputados disidentes para intentar reagruparlos y que, incluso, intentara algún encuentro en Buenos Aires con funcionarios del Ejecutivo Nacional.
No obstante, analistas políticos locales dejaron abierta la posibilidad de que el cisma responda a una estrategia de reposicionamiento en vista de que el juarismo se debilita, o bien a una maniobra distractiva planeada por Juárez.
Propiciarían una aparente adhesión al kirchnerismo, para evitar que el juarismo continúe siendo acusado de manejar la provincia en forma autoritaria y feudal.
El doble crimen
En ese clima enrarecido, ayer fueron entregados a sus familiares los restos de Leyla Bshier Nazar, para ser velados e inhumados después de haber transcurrido más de un año de su asesinato.
Este crimen, junto con el de su amiga Patricia Villalba, fue el puntapié inicial para la crisis institucional que hoy vive la provincia, dado que el caso involucra a políticos y a funcionarios judiciales y policiales. (Télam)







