15 Febrero 2004 Seguir en 
La buena fe alude, en general, a un estado moral en el que impera una convicción honrada acerca de la verdad o de la falsedad de una cuestión, o acerca de la rectitud o no de una línea de conducta. En cualquier proceso de resolución de conflictos entre partes, en distintos ámbitos de las relaciones humanas, la presencia de la buena fe actúa muchas veces como vehículo de absolución de los errores cometidos por cualquiera de estas partes. Por el contrario, si alguno de los que entablan una negociación para superar un estado de conflicto supone mala fe de parte del otro, no existe prácticamente ninguna posibilidad de arribar a un acuerdo.
En el caso particular del proceso de negociación que la Argentina lleva con el FMI como consecuencia de la deuda externa del país, si se supone mala fe de las partes es mejor abandonar rápidamente toda conversación, en lugar de someterse a una degradación seguramente creciente de la situación. Por ello, si se pretende superar el conflicto, resulta clave mantener vivo el supuesto de la buena fe, lo que implica el reconocimiento mutuo de la intención de resolver la disputa de manera amigable y de no ver al otro como el enemigo que se debe vencer.
Idas y venidas
Lamentablemente, este necesario clima de buena fe parece roto en la actual negociación con el Fondo. Nuestro país cuestiona, con toda razón, los supuestos derechos de los llamados fondos buitres, además de apostar por una definición de prioridades que está llena de sentido económico y común: antes que el pago de la deuda externa está la situación de pobreza extrema e indigencia en que vive buena parte de población, justamente la parte que es menos responsable del desastre financiero actual.
En contra del país actúa la reputación de haber incumplido con frecuencia muchos acuerdos firmados. Esto no le cabe demasiado al actual gobierno, que se niega justamente a firmar lo que aparece como imposible de cumplir, como no sea colocar al pago de la deuda como prioridad absoluta de la economía.
El FMI, al representar a los acreedores, pretende lógicamente cobrar el máximo de sus acreencias, pero en su contra figuran errores patéticos cometidos por su influyente burocracia al dar consejos de política económica.
Para salir del círculo de acusaciones mutuas, se necesita, nada más y nada menos, que cada parte imagine a la otra como un socio potencial de una tarea común. En este sentido, la idea del gobierno argentino de atar el pago de la deuda al crecimiento de la economía y a la superación de los gravísimos problemas sociales, aparece como un excelente punto de partida. Si esta posición continúa siendo defendida con transparencia, firmeza y coherencia a lo largo de toda la negociación, se convertirá en la mejor muestra de buena fe que puede exhibir el Estado argentino.
Lamentablemente, lo que por el momento impide el avance de las negociaciones es la inmediatez perversa que tomaron los negocios financieros en la economía global actual, adonde el afán desmesurado de ganancias financieras de corto plazo impide ver la capacidad inmensa que tienen los recursos económicos disponibles para mejorar efectivamente la calidad de vida de todos, en un futuro cercano.
En el caso particular del proceso de negociación que la Argentina lleva con el FMI como consecuencia de la deuda externa del país, si se supone mala fe de las partes es mejor abandonar rápidamente toda conversación, en lugar de someterse a una degradación seguramente creciente de la situación. Por ello, si se pretende superar el conflicto, resulta clave mantener vivo el supuesto de la buena fe, lo que implica el reconocimiento mutuo de la intención de resolver la disputa de manera amigable y de no ver al otro como el enemigo que se debe vencer.
Idas y venidas
Lamentablemente, este necesario clima de buena fe parece roto en la actual negociación con el Fondo. Nuestro país cuestiona, con toda razón, los supuestos derechos de los llamados fondos buitres, además de apostar por una definición de prioridades que está llena de sentido económico y común: antes que el pago de la deuda externa está la situación de pobreza extrema e indigencia en que vive buena parte de población, justamente la parte que es menos responsable del desastre financiero actual.
En contra del país actúa la reputación de haber incumplido con frecuencia muchos acuerdos firmados. Esto no le cabe demasiado al actual gobierno, que se niega justamente a firmar lo que aparece como imposible de cumplir, como no sea colocar al pago de la deuda como prioridad absoluta de la economía.
El FMI, al representar a los acreedores, pretende lógicamente cobrar el máximo de sus acreencias, pero en su contra figuran errores patéticos cometidos por su influyente burocracia al dar consejos de política económica.
Para salir del círculo de acusaciones mutuas, se necesita, nada más y nada menos, que cada parte imagine a la otra como un socio potencial de una tarea común. En este sentido, la idea del gobierno argentino de atar el pago de la deuda al crecimiento de la economía y a la superación de los gravísimos problemas sociales, aparece como un excelente punto de partida. Si esta posición continúa siendo defendida con transparencia, firmeza y coherencia a lo largo de toda la negociación, se convertirá en la mejor muestra de buena fe que puede exhibir el Estado argentino.
Lamentablemente, lo que por el momento impide el avance de las negociaciones es la inmediatez perversa que tomaron los negocios financieros en la economía global actual, adonde el afán desmesurado de ganancias financieras de corto plazo impide ver la capacidad inmensa que tienen los recursos económicos disponibles para mejorar efectivamente la calidad de vida de todos, en un futuro cercano.







