15 Febrero 2004 Seguir en 
El sistema fiscal del país es un caos. La Nación, las provincias y aún los municipios someten a los contribuyentes a una presión fiscal, olvidando que se trata de tres entes cobradores distintos, para una sola capacidad contributiva (el agente pagador es uno solo). Ese es el análisis que efectuó el tributarista, Luis Alberto Comba, quien indicó que Tucumán no es una isla y está inmersa en este mecanismo perverso, asentado básicamente en impuestos regresivos y distorsivos.
¿La eliminación de los impuestos distorsivos, en el caso de Tucumán Sellos, atraerá inversores y mejorará la actividad económica en la provincia?
-Seguramente ayudará, pero es absurdo pensar que este hecho aisladamente generará la llegada de capitales. Lo que se necesita para ello es más complejo. El tema tributario es uno de los factores. Pero también se quiere provincias previsibles, ordenadas, que tengan caminos, infraestructura en general y generar las condiciones adecuadas para atraer inversiones.
Respecto de otras provincias, ¿Cuál es el grado de presión fiscal en Tucumán y ésta a su vez está de acuerdo con el PBI de la provincia?
-Las mediciones de presión varían según los parámetros que se tomen y la metodología que se use. Recientemente se señaló que Tucumán, junto con Santiago del Estero, son las provincias con mayor presión fiscal.
¿Cuáles son los sectores que más sufren la presión fiscal?
-Cuando la presión fiscal es alta todos los sectores la sienten. Pero, lamentablemente, nuestro esquema tributario se asienta sobre la base de impuestos al consumo que, por definición, se trasladan incidiendo de manera más gravosa en quienes menos tienen.
¿Cómo podrían reemplazarse los impuestos distorsivos?
-Es obvio que no se pueden derogar de un día para otro, pero es imprescindible comenzar a reestructurar el sistema fiscal. Sellos debiera comenzar a restringirse a operaciones determinadas (por ejemplo con inmuebles), dejando de lado -en una primera etapa- una multitud de hechos imponibles que seguramente tienen una recaudación baja y altos costos de administración. Para Ingresos Brutos siempre se señaló una imposición a la venta minorista. Y, en Tucumán, es esencial efectuar un ajuste en Inmobiliario, aún cuando no como el que se hizo recientemente. Además, en el caso específico de Inmobiliario, hay un desorden en el proceso de valuación de los bienes. No desconocemos la existencia de una subvaluación generalizada, que tiende a bajar la base imponible y favorecer a los que más tienen. Pero, y esta es la clave del proceso, no se trata de "actualizar" el valor de los inmuebles de manera general, sino "revaluar" en función de cada caso en particular. Hace años que se habla de la revaluación catastral de los inmuebles, generada por el análisis individual de cada uno de ellos. Este es el elemento que puede asegurar igualdad y razonabilidad.
Así como los empresarios piden seguridad jurídica, ¿también debe existir seguridad impositiva? ¿Por qué?
La seguridad jurídica es esencial para la vida misma en sociedad. La "seguridad impositiva" haría referencia a la vida misma de las empresas. De todos modos, no puede separarse un término del otro. La seguridad -jurídica o impositiva- exige previsibilidad y estabilidad del marco normativo. Ninguna de las dos cosas ha gobernado nuestro sistema fiscal. Las consecuencias son nefastas. La seguridad jurídica o impositiva es saber que si la provincia se compromete en un Pacto Fiscal, lo va a cumplir. Generalizadamente ha sido incumplido . Parece que el Estado es el único que no está obligado a cumplir sus leyes (o véase también la derogación de la ley de intangibilidad de los depósito). Se ha perdido la confianza en el Estado y es imprescindible recuperarla para que podamos encaminarnos en una senda de crecimiento armónico y justo. Una gran oportunidad se daría con una discusión seria de la nueva ley de coparticipación, asegurando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional según lo ordena la Constitución Nacional.
El gobierno amenaza a los deudores con iniciarles juicios, ¿esa es la vía para recuperar lo perdido o es oportuno lanzar una moratoria?
-Es un tema complejo. La permanencia de moratorias instala la cultura del no pago, porque siempre se premia al incumplidor. Sin embargo, cuando se está saliendo de una de las recesiones más importantes del país, donde el mismo Estado se apoderó de los fondos de los particulares y se declaró en cesación de pagos, resulta absurdo pensar que pueda no justificarse una moratoria que permita recomponer la situación general. Pero en este tema sería necesario una coordinación de país -que no existe- y generar la posibilidad de que las empresas solucionen sus problemas con la Nación, las provincias y los municipios.
En Economía admiten que es elevada la presión fiscal
Recientes estudios de consultoras privadas ubican a Tucumán, junto con Santiago del Estero, entre las provincias con mayor presión fiscal. Sin embargo, un informe elaborado por el Instituto de Economía (Cátedra de Estadística) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT sostiene que, respecto de Ingresos Brutos, en el NOA, Tucumán y Jujuy poseen las alícuotas generales (comercio y servicio) más bajas de la región con un 2,5%. Le siguen Catamarca y Salta con un 3%, mientras que Santiago del Estero tiene un 3,5%.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admitió que en la provincia es elevada la presión fiscal, pero que ésta no difiere en el contexto general del sistema impositivo del resto de las jurisdicciones del país.
El titular de Economía sostuvo que, frente a esa panorama, las políticas tributarias que adoptará la gestión del gobernador José Alperovich, tienden a disminuir las cargas fiscales para los contribuyentes. "Existe una gran base de informalidad, particularmente, en Ingresos Brutos, por lo que hay que incorporar actividades como una forma de combatir la evasión", remarcó. Respecto de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor), Jiménez indicó que las valuaciones están desactualizadas y que era imperioso actualizar el valor de los bienes. El funcionario agregó que el contribuyente está comprendiendo que el Estado adoptó un principio de razonabilidad en esa actualización. Citó como ejemplo que, en la recaudación de Rentas de enero pasado, los tributos patrimoniales representaron un 30% del total de ingresos (casi $ 11 millones),casi el triple de lo recaudado en igual período de 2003.
Con la eliminación de los tributos distorsivos, "el Gobierno busca captar nuevos inversores y generar fuentes genuinas de empleo, ya que disminuirá la carga fiscal para los empresarios", manifestó el ministro.
PUNTO DE VISTA
No se puede seguir con las ficciones
Por: Pedro Rougés
Profesor de Finanzas y Derecho Financiero-UNT
No es posible entender el problema fiscal de Tucumán si no se toma en cuenta la deuda del Estado, cercana a los 1.500 millones calculados en dólares y en pesos antes de la caída del régimen de convertibilidad. Aquel pasivo puede ser transformado en más de $ 3.000 millones, según se adopte (o no) la pesificación o dolarización de la deuda de la provincia. Ante esta crítica situación, la principal tarea del gobierno no consiste en tratar desesperadamente de incrementar la recaudación fiscal, sino en atacar los problemas verdaderos: la subsistencia de las condiciones que dieron origen a la deuda y disminuir el monto del pasivo con quitas ajustadas a las posibilidades de pago. Para esto último hay que defender la postura, análoga a la del gobierno nacional, de abonar montos que no comprometan el desarrollo de la provincia y la salud de la población.
No es razonable seguir utilizando ficciones tributarias que justifiquen una mayor presión apelando al argumento de que los impuestos son evadidos y de que se busca una mayor justicia en el sistema fiscal.
El saludable anuncio de que el Impuesto de Sellos sería derogado no resulta creíble en el actual contexto y en la forma en que se anunció: se dice que, paulatinamente, sería dejado sin efecto. Esto implica que se dejarían de gravar algunas operaciones económicas. Esto, en el lenguaje tributario, significa que aumentarían las exenciones en la ley, con lo que se privilegiarían algunas actividades, como las financieras u otras que puedan ejercer mayor.
Una asignatura pendiente
Dado el contexto tributario de la provincia no es razonable esperar una disminución de la presión impositiva, tan necesaria para la reactivación del sector privado. Hay demasiado protagonismo del Estado, que hace prevalecer sus necesidades sobre el sufrimiento de las empresas e industrias. En Tucumán todavía no se ha superado la década del 90 y, en materia tributaria, se sigue legislando con decretos y con la ausencia de participación del Poder Legislativo. Además, en diferentes proyectos del Ejecutivo se anuncian restricciones a los derechos de los contribuyentes.
A ello hay que sumarle que cuando en el país se habla sobre tributos, las ideas que se utilizan corresponden al siglo XIX. El lenguaje mentiroso que se usa soslaya el hecho de que, en el siglo XXI, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, es de escaso rendimiento fiscal (la propiedad está extensamente repartida por el urbanismo moderno y la rural perdió valor en términos relativos). La riqueza financiera, industrial y de bienes originados en servicios constituye hoy la principal fuente de ingreso de las naciones desarrolladas y también de las subdesarrolladas, a diferencias de lo que ocurría en el siglo XIX, en que la riqueza inmobiliaria era clave.
¿La eliminación de los impuestos distorsivos, en el caso de Tucumán Sellos, atraerá inversores y mejorará la actividad económica en la provincia?
-Seguramente ayudará, pero es absurdo pensar que este hecho aisladamente generará la llegada de capitales. Lo que se necesita para ello es más complejo. El tema tributario es uno de los factores. Pero también se quiere provincias previsibles, ordenadas, que tengan caminos, infraestructura en general y generar las condiciones adecuadas para atraer inversiones.
Respecto de otras provincias, ¿Cuál es el grado de presión fiscal en Tucumán y ésta a su vez está de acuerdo con el PBI de la provincia?
-Las mediciones de presión varían según los parámetros que se tomen y la metodología que se use. Recientemente se señaló que Tucumán, junto con Santiago del Estero, son las provincias con mayor presión fiscal.
¿Cuáles son los sectores que más sufren la presión fiscal?
-Cuando la presión fiscal es alta todos los sectores la sienten. Pero, lamentablemente, nuestro esquema tributario se asienta sobre la base de impuestos al consumo que, por definición, se trasladan incidiendo de manera más gravosa en quienes menos tienen.
¿Cómo podrían reemplazarse los impuestos distorsivos?
-Es obvio que no se pueden derogar de un día para otro, pero es imprescindible comenzar a reestructurar el sistema fiscal. Sellos debiera comenzar a restringirse a operaciones determinadas (por ejemplo con inmuebles), dejando de lado -en una primera etapa- una multitud de hechos imponibles que seguramente tienen una recaudación baja y altos costos de administración. Para Ingresos Brutos siempre se señaló una imposición a la venta minorista. Y, en Tucumán, es esencial efectuar un ajuste en Inmobiliario, aún cuando no como el que se hizo recientemente. Además, en el caso específico de Inmobiliario, hay un desorden en el proceso de valuación de los bienes. No desconocemos la existencia de una subvaluación generalizada, que tiende a bajar la base imponible y favorecer a los que más tienen. Pero, y esta es la clave del proceso, no se trata de "actualizar" el valor de los inmuebles de manera general, sino "revaluar" en función de cada caso en particular. Hace años que se habla de la revaluación catastral de los inmuebles, generada por el análisis individual de cada uno de ellos. Este es el elemento que puede asegurar igualdad y razonabilidad.
Así como los empresarios piden seguridad jurídica, ¿también debe existir seguridad impositiva? ¿Por qué?
La seguridad jurídica es esencial para la vida misma en sociedad. La "seguridad impositiva" haría referencia a la vida misma de las empresas. De todos modos, no puede separarse un término del otro. La seguridad -jurídica o impositiva- exige previsibilidad y estabilidad del marco normativo. Ninguna de las dos cosas ha gobernado nuestro sistema fiscal. Las consecuencias son nefastas. La seguridad jurídica o impositiva es saber que si la provincia se compromete en un Pacto Fiscal, lo va a cumplir. Generalizadamente ha sido incumplido . Parece que el Estado es el único que no está obligado a cumplir sus leyes (o véase también la derogación de la ley de intangibilidad de los depósito). Se ha perdido la confianza en el Estado y es imprescindible recuperarla para que podamos encaminarnos en una senda de crecimiento armónico y justo. Una gran oportunidad se daría con una discusión seria de la nueva ley de coparticipación, asegurando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional según lo ordena la Constitución Nacional.
El gobierno amenaza a los deudores con iniciarles juicios, ¿esa es la vía para recuperar lo perdido o es oportuno lanzar una moratoria?
-Es un tema complejo. La permanencia de moratorias instala la cultura del no pago, porque siempre se premia al incumplidor. Sin embargo, cuando se está saliendo de una de las recesiones más importantes del país, donde el mismo Estado se apoderó de los fondos de los particulares y se declaró en cesación de pagos, resulta absurdo pensar que pueda no justificarse una moratoria que permita recomponer la situación general. Pero en este tema sería necesario una coordinación de país -que no existe- y generar la posibilidad de que las empresas solucionen sus problemas con la Nación, las provincias y los municipios.
En Economía admiten que es elevada la presión fiscal
Recientes estudios de consultoras privadas ubican a Tucumán, junto con Santiago del Estero, entre las provincias con mayor presión fiscal. Sin embargo, un informe elaborado por el Instituto de Economía (Cátedra de Estadística) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT sostiene que, respecto de Ingresos Brutos, en el NOA, Tucumán y Jujuy poseen las alícuotas generales (comercio y servicio) más bajas de la región con un 2,5%. Le siguen Catamarca y Salta con un 3%, mientras que Santiago del Estero tiene un 3,5%.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admitió que en la provincia es elevada la presión fiscal, pero que ésta no difiere en el contexto general del sistema impositivo del resto de las jurisdicciones del país.
El titular de Economía sostuvo que, frente a esa panorama, las políticas tributarias que adoptará la gestión del gobernador José Alperovich, tienden a disminuir las cargas fiscales para los contribuyentes. "Existe una gran base de informalidad, particularmente, en Ingresos Brutos, por lo que hay que incorporar actividades como una forma de combatir la evasión", remarcó. Respecto de los impuestos patrimoniales (Inmobiliario y Automotor), Jiménez indicó que las valuaciones están desactualizadas y que era imperioso actualizar el valor de los bienes. El funcionario agregó que el contribuyente está comprendiendo que el Estado adoptó un principio de razonabilidad en esa actualización. Citó como ejemplo que, en la recaudación de Rentas de enero pasado, los tributos patrimoniales representaron un 30% del total de ingresos (casi $ 11 millones),casi el triple de lo recaudado en igual período de 2003.
Con la eliminación de los tributos distorsivos, "el Gobierno busca captar nuevos inversores y generar fuentes genuinas de empleo, ya que disminuirá la carga fiscal para los empresarios", manifestó el ministro.
PUNTO DE VISTA
No se puede seguir con las ficciones
Por: Pedro Rougés
Profesor de Finanzas y Derecho Financiero-UNT
No es posible entender el problema fiscal de Tucumán si no se toma en cuenta la deuda del Estado, cercana a los 1.500 millones calculados en dólares y en pesos antes de la caída del régimen de convertibilidad. Aquel pasivo puede ser transformado en más de $ 3.000 millones, según se adopte (o no) la pesificación o dolarización de la deuda de la provincia. Ante esta crítica situación, la principal tarea del gobierno no consiste en tratar desesperadamente de incrementar la recaudación fiscal, sino en atacar los problemas verdaderos: la subsistencia de las condiciones que dieron origen a la deuda y disminuir el monto del pasivo con quitas ajustadas a las posibilidades de pago. Para esto último hay que defender la postura, análoga a la del gobierno nacional, de abonar montos que no comprometan el desarrollo de la provincia y la salud de la población.
No es razonable seguir utilizando ficciones tributarias que justifiquen una mayor presión apelando al argumento de que los impuestos son evadidos y de que se busca una mayor justicia en el sistema fiscal.
El saludable anuncio de que el Impuesto de Sellos sería derogado no resulta creíble en el actual contexto y en la forma en que se anunció: se dice que, paulatinamente, sería dejado sin efecto. Esto implica que se dejarían de gravar algunas operaciones económicas. Esto, en el lenguaje tributario, significa que aumentarían las exenciones en la ley, con lo que se privilegiarían algunas actividades, como las financieras u otras que puedan ejercer mayor.
Una asignatura pendiente
Dado el contexto tributario de la provincia no es razonable esperar una disminución de la presión impositiva, tan necesaria para la reactivación del sector privado. Hay demasiado protagonismo del Estado, que hace prevalecer sus necesidades sobre el sufrimiento de las empresas e industrias. En Tucumán todavía no se ha superado la década del 90 y, en materia tributaria, se sigue legislando con decretos y con la ausencia de participación del Poder Legislativo. Además, en diferentes proyectos del Ejecutivo se anuncian restricciones a los derechos de los contribuyentes.
A ello hay que sumarle que cuando en el país se habla sobre tributos, las ideas que se utilizan corresponden al siglo XIX. El lenguaje mentiroso que se usa soslaya el hecho de que, en el siglo XXI, el impuesto inmobiliario, por ejemplo, es de escaso rendimiento fiscal (la propiedad está extensamente repartida por el urbanismo moderno y la rural perdió valor en términos relativos). La riqueza financiera, industrial y de bienes originados en servicios constituye hoy la principal fuente de ingreso de las naciones desarrolladas y también de las subdesarrolladas, a diferencias de lo que ocurría en el siglo XIX, en que la riqueza inmobiliaria era clave.
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