La necesidad de cambiar para alentar las inversiones

Los impuestos distorsivos retraen las inversiones, generan resquemor en los sectores productivos por la elevada carga fiscal y, además, repercuten negativamente en la generación de empleos genuinos. Las provincias aún mantienen un esquema impositivo que conspira contra la inyección de capitales. Desde más hace una década, la mayoría de los distritos subnacionales conservan gravámenes que, según los acuerdos fiscales, deberían haber desaparecido gradualmente. Varios de ellos (Sellos, Ingresos Brutos y Salud Pública) distorsionan el precio final de los productos que adquiere el consumidor. Desde este año, la gestión del gobernador José Alperovich se planteó modernizar el esquema tributario de Tucumán. En ese sentido se anunció la eliminación de los impuestos distorsivos, un viejo anhelo de los distintos sectores que motorizan la economía provincial. El proceso arrancaría con la supresión paulatina de Sellos, que es el segundo gravamen con mayor impacto en la recaudación anual de la provincia. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, reveló que, antes de junio, Sellos comenzará a ser parte de la historia fiscal tucumana. El plan diseñado por el área económica comprende reformas estructurales en el Código Tributario, para incorporar nuevas actividades y crear exenciones que alienten las transacciones económicas en Tucumán.
De acuerdo con ese programa, el primer paso hacia la eliminación del Impuesto a los Sellos será la de eximir del pago a todas las operaciones financieras, especialmente, la venta de cheques que, por lo general, se efectúan en Buenos Aires. Las transacciones con cheques constituyen, en la etapa postdevaluación en el país, una de las principales fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Si prospera la iniciativa oficial, principalmente los bancos serán los más beneficiados, ya que podrán efectuar comercialización de los documentos sin pensar en la carga tributaria que esa operación conlleva y, consecuentemente, les permitirá producir ahorros operativos.
Jiménez está convencido de que esa política fiscal permitirá contrarrestar la evasión y luchar contra el sistema informal de compraventa de instrumentos. "Sin Sellos, el sector privado ya no le hará el caldo gordo a las ?cuevas? que, en definitiva, terminan enturbiando la relación financiera hacia la búsqueda de financiamiento", considera el ministro.

Otras actividades
Además de las operaciones financieras, el régimen de exenciones impositivas alcanzará a los Fideicomisos, como por ejemplo, la de garantía subyacente (sobre saldo del precio de la hipoteca), como también los contratos de granos. "En esto observaremos cuál es el impacto que tendrá la medida en la recaudación y en el control de las actividades que resulten beneficiadas con la eliminación de Sellos", advierte Jiménez. El segundo paso del nuevo escenario fiscal sería la supresión de Salud Pública, que desacelera en las empresas la toma de nuevos empleados. Para la aplicación de esta medida, mucho tendrá que ver la reorganización de la base imponible de Ingresos Brutos en todas las actividades alcanzadas por este gravamen. Sin embargo, este último tributo, que representó un 68% ($ 188 millones) de los ingresos de la Dirección de Rentas en 2003, no será eliminado. El ministro de Economía encomendó a un grupo de tributaristas el análisis de la reformulación de Ingresos Brutos para establecer si es conveniente modificarlo por un tributo al consumo o por un Impuesto al Valor Agregado (IVA) provincial. Por ahora, el Gobierno nacional le puso un freno a la eliminación impositiva para no comprometer las metas de ingresos de las provincias, en el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO). Pese a ese compromiso, Jiménez afirma que el Gobierno está dispuesto a sacrificar este año, casi $ 8 millones de la recaudación anual para suprimir Sellos. El ministro cree que ese dinero podrá recuperarse paulatinamente con la inscripción de nuevas actividades a Rentas. Pero, aclara, que será fundamental que el Estado siga conteniendo el gasto y que sus funcionarios sean transparentes a la hora de rendir cuentas a los contribuyentes sobre el destino que tendrán sus aportes para mejorar la educación, la salud, la seguridad y para la generación de políticas activas que contribuyan hacia el crecimiento de la economía de Tucumán.

La presión tributaria creció en 2003

Durante 2003, la recaudación de impuestos se incrementó en un 43,2% respecto de 2002, con un ingreso récord de $ 72,275 millones que le permitió al Gobierno nacional sobrecumplir la meta de ingresos fijada por el FMI. En cuanto a los ingresos tributarios provinciales, éstos mostraron un crecimiento de casi el 33% con relación a 2002, totalizando una recaudación global de $ 14.126 millones. Este informe fue elaborado por la consultora Economía & Regiones, que analiza que si bien el resultado fiscal refleja un mayor nivel de actividad económica, con un PBI que superará el 8% en 2003. No obstante, la consultora aclara que también existió una creciente presión fiscal en el país que rondaría el 25% al relacionar la recaudación con el PBI nacional.