Germanó pidió que Alperovich testifique

El ex ministro de Bussi quiere que ex legisladores expliquen a la Justicia si recibieron dinero para afrontar gastos de bloque.

Por Redacción Política 13 Febrero 2004
Este año se desarrollará un juicio oral por el que desfilarán muchos de los dirigentes que dominaron la escena política provincial durante los últimos diez años; la lista podría incluir hasta al actual gobernador, José Alperovich. La ocasión será el proceso que se sigue contra el ex mandatario Antonio Bussi y sus ex ministros Alberto Germanó, Ramón Arnedo y Franco Fogliata, por el polémico sistema de compensación de gastos (conocidos como reservados), que estuvo vigente durante la administración republicana, entre 1995 y 1999.
Germanó está convencido de que, como los otros tres imputados, es víctima de una persecución política. A su entender, el sistema de compensación de gastos que se puso en marcha en enero de 1996, además de ser mejor que el que estuvo vigente durante el gobierno de Ramón Ortega, fue aplicado también en la Legislatura y no sólo en el Poder Ejecutivo. Por esta razón, no entiende por qué sólo cuatro personas deberán dar explicaciones.
Como el proceso que se sustancia ante la sala IV de la Cámara Penal (ver "Aún no...") se abrió a prueba, Germanó presentó 71 recibos. Su intención es demostrar que no se enriqueció con los $ 2.500 mensuales que recibía. Cada ministro disponía de esa suma aproximadamente para gastos de funcionamiento. Durante la época de Ortega, en cambio, los funcionarios rendían cuenta para que les devolvieran lo que gastaban en celulares, viajes, etcétera.

Una larga lista
Además de los recibos, el ex ministro ofreció como testigos a los ex presidentes de la Legislatura, Raúl Topa, Julio Díaz Lozano y Sisto Terán; así como a Alperovich; al ministro de Seguridad, Pablo Baillo, y a Pablo Walter, por haberse desempeñado como legisladores durante el gobierno de Bussi.
Germanó pretende que todos expliquen si recibieron (y rindieron cuenta) sumas de dinero en concepto de gastos de bloque. Precisamente, el abogado Clímaco de la Peña denunció a los cuatro imputados por percibir dineros además del sueldo, cosa que prohíbe la Constitución.
La lista de testigos ofrecidos incluye también al vocal de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Eduardo Area Maidana, y a la hoy decana de la facultad de Derecho de la UNSTA, Gilda Pedicone de Valls. Ambos se desempeñaron como secretario de Gobierno y fiscal de Estado de Bussi, respectivamente. Germanó quiere que digan si percibieron sumas por aplicación del decreto 17/3 (puso en marcha el sistema de compensación de gastos). Como en los otros casos, si contestan en forma negativa, el ex funcionario pide que se los someta a una prueba caligráfica.
Como Alperovich, Area Maidana, Baillo y el legislador Terán gozan de privilegios constitucionales, deberían ofrecer su testimonio por escrito, como lo dispone el artículo 228 del Código Procesal Penal de la Provincia.

Aún no resuelven un planteo relacionado con tres camaristas
Pasan los días y no se resuelve una cuestión clave, de la que depende quiénes serán los magistrados que juzgarán al ex gobernador Antonio Bussi y a sus ex ministros, Alberto Germanó, Ramón Arnedo y Franco Fogliata, por el polémico sistema de compensación de gastos, que se puso en marcha en 1996.
La sala V de la Cámara Penal (Alfredo Barrionuevo, Julio Francisco Silva y Emilio Páez de la Torre) tiene que decidir sobre el planteo efectuado por el abogado de Arnedo, Rafael Merched. Este solicitó la nulidad de la resolución por la cual la sala V rechazó un pedido de recusación contra los vocales de la sala IV (María del Pilar Prieto, Silvia Castellote y Horacio Villalba) por presunto prejuzgamiento. La sala IV lleva adelante, hasta aquí, esta crucial etapa de la causa.
Merched se quejó de que se le haya notificado directamente de la resolución adoptada (sobre el planteo de recusación) sin que se le haya informado previamente sobre el tribunal que iba a resolverlo. El letrado entiende que le cercenaron la posibilidad de objetar a los miembros de la sala sorteada para atender el pedido de recusación.
El fiscal de Cámara, Daniel Marranzino, emitió un dictamen -no es vinculante- favorable al planteo de Merched. Ahora resta la decisión de la sala V.

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