Tucumán tiene una de las más bajas valuaciones

Desde el Gobierno dicen que, si no se aplicaba un criterio de razonabilidad, la actualización catastral hubiera significado una suba del 400%.

12 Febrero 2004
Los valores de los 280.000 inmuebles de la provincia están subvaluados aproximadamente en un 50% en relación con las valuaciones reales del mercado, afirmó el director de Catastro, Félix Herrero. Y a partir de ese dato, el funcionario, en diálogo con LA GACETA, defendió la actualización en un 57% de las valuaciones fiscales de todas las propiedades. "Este porcentaje continúa siendo sensiblemente menor que los valores de mercado", fundamentó.
Herrero dijo que la única alternativa que tenía la Dirección de Catastro para no aplicar el índice del 57% era reajustar utilizando los valores que arroja un revalúo que fue realizado por una empresa española y por agrimensores tucumanos. Estas valuaciones, según el director, son superiores en un 400% a las que registra el organismo catastral. "Algunos especialistas piden que se utilicen estos valores, cuando estos resultan inaplicables", apuntó.
Expuso como ejemplo el caso de la manzana de la calle Muñecas al 200: la valuación inmobiliaria de toda esa superficie trepa de $ 9,8 millones a unos $ 56 millones, de acuerdo con el estudio de los agrimensores, que se encuentra en vigencia desde 2001. "Si se llevaba a la práctica la actualización según estos valores las subas iban a ser abismales", insistió.
"Tucumán es una de las tres provincias que tienen la menor valuación fiscal inmobiliaria del país, a pesar de la aplicación del 57%", afirmó. En este sentido, dijo que el Gobierno adoptó lo que describió como "un criterio de prudencia y de razonabilidad" para tratar de cumplir con las leyes provinciales, que exigen una revaluación general de los inmuebles cada cinco años.
A diferencia de lo que sostienen algunos especialistas, el funcionario sostuvo que el valor inmobiliario tiene como única referencia el valor de la propiedad y no la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, que la situación económica de los ciudadanos no está directamente relacionada con sus posibilidades de pagar el impuesto Inmobiliario. "Existen varios fallos de la Corte Suprema de la Nación que sostienen este concepto", acotó.

Demanda judicial
Herrero también salió al cruce de la acción de amparo contra la suba impositiva que presentó el defensor del pueblo, Luis Acosta, ante la Justicia tucumana. "La Ley de Emergencia Económica hace referencia a la reponteciación de impuestos. Nosotros no estamos actualizando tributos, sino el valor de los inmuebles", indicó y afirmó que se trata de dos conceptos diferentes. Agregó que el Gobierno provincial actualizó las valuaciones en el marco de las normas tributarias.
"Los reclamos ante la Justicia son legítimos pero deben tener los fundamentos que los tornen viables. En los hechos, se debe demostrar que existe una distorsión del valor asignado del 57% con respecto al valor real de la propiedad. Si se logra determinar que el primero es mayor que el segundo, la acción judicial podrá prosperar", advirtió, y se mostró convencido de que esto no sucederá.
El funcionario explicó que el índice del 57% surgió luego de calcular las subas de los precios de las propiedades y de los costos de la construcción durante el período comprendido entre diciembre de 1993 y octubre de 2003.
En marzo próximo se reanudaría el trabajo de relevamiento catastral que está realizando la empresa Buenos Aires Bureau sobre la totalidad de las parcelas de la provincia. Herrero estimó que a través de este censo inmobiliario se incorporarán hasta octubre próximo entre 80.000 y 100.000 nuevas propiedades que en la actualidad no están empadronadas.
Asimismo, explicó que este relevamiento no implica un revalúo de las propiedades. Solamente permitiría -dijo- conocer con exactitud la cantidad y la ubicación de las parcelas que existen sobre toda la superficie de la provincia, con lo cual se actualizará la base de datos de la Dirección General de Catastro.

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