La postulación de Grellet como camarista penal genera polémica

El pliego de Elena del Tránsito Grellet, propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar una vocalía de la Sala I de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, es el que más polémica ha despertado.
La postulación de la letrada, quien actualmente es jueza penal y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) en el centro Concepción, recibió numerosas adhesiones, pero también mereció impugnaciones. Al menos, tres.
En favor de la nominación se expresó el Rotary Club Concepción, con la firma de su presidente, Manuel José Sosa, y de la de otros 25 socios. La ex supervisora docente Luz Armonía Salguero de González también hizo llegar su adhesión. Un grupo de 15 empleados del Centro Judicial Concepción del Poder Judicial también respaldó a la candidata a camarista penal.

Objeciones
En este último escrito, dirigido -como todos- al secretario de Gobierno Daniel Posse, los trabajadores judiciales se manifestaron en contra de la impugnación presentada por el martillero público Francisco José Magi. Este cuestionó la idoneidad de la letrada para ocupar el cargo y pidió al Poder Ejecutivo que desista de la postulación de la abogada."Aun desconociendo su contenido, manifestamos nuestra extrañeza y nuestra honda preocupación", indicaron los empleados judiciales, quienes calificaron de acertada la selección de Grellet.
A las observaciones formuladas por Magi se sumaron las del vecino de Aguilares Miguel Angel Córdoba. En una nota dirigida al ministro de Gobierno Edmundo Jiménez, el impugnante sostiene que Grellet, presuntamente, habría demostrado una conducta parcial en su actuación judicial. Según Córdoba, supuestamente, la profesional atiende únicamente los reclamos de las grandes empresas y de personas con abultado patrimonio. En los mismos términos se expresa la objeción planteada por el vecino de Concepción, Rodolfo Eduardo Díaz.

Vacantes
Además de la de Grellet, el Gobierno elevó otras dos propuestas para cubrir vacantes en la Justicia.
Se trata de Juan Carlos Peral, nominado para ocupar el juzgado de la III Nominación de Documentos y Locaciones del centro judicial de la capital; y de Víctor Manuel Rougés, propuesto para juez correccional de la II nominación.

Abogados insisten con los concursos
"Expresamos en forma reiterada nuestro desacuerdo con la implementación de un sistema que reemplace al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Por ello, no emitiremos opinión alguna sobre los candidatos designados por el PE para ocupar vacantes en la Justicia", afirmó el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Parajón Canteli, quien de esta forma respondió a una nota enviada por el secretario de Gobierno, Daniel Posse, en la que se informaba sobre las nominaciones. "El Colegio de Abogados defiende la posición asumida en defensa de un sistema de concurso de oposición de antecedentes como mecanismo idóneo para la designación de magistrados, que garantiza la transparencia y la capacidad de los candidatos", agregó.
La derogación del CAM -integrado por la Corte Suprema, la Facultad de Derecho de la UNT y el Colegio de Abogados, dispuesta en diciembre por el gobernador José Alperovich, generó el rechazo de vastos sectores, tanto del ámbito jurídico como del político. El sistema que se aplica ahora para la promoción de funcionarios judiciales es el mismo que se utiliza a nivel nacional para la selección de jueces de la Corte. Es decir, el PE abre un registro de postulantes interesados en ocupar vacantes en la Justicia y selecciona a quienes considera idóneos para el cargo. Finalmente, eleva los pliegos a la Legislatura, que decide su aprobación o rechazo.
A diferencia de Parajón Canteli, la decana de la Facultad de Derecho de la UNSTA, Gilda Pedicone de Valls, respondió al Gobierno sobre los antecedentes de la postulante Elena Grellet. "Es docente de nuestra casa de estudios en Concepción, donde se desempeña como profesora adjunta de Derecho Internacional Público", concluyó.