El PE defendió la suba de impuestos

En el marco del planteo de inconstitucionalidad por el aumento del 57% en el Impuesto Inmobiliario que presentó el defensor del pueblo, Luis Acosta, ante la Justicia, los magistrados de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo están analizando la contestación del Gobierno que, a través de un informe, fundamentó y explicó los motivos del decreto 545/3 que fija la suba tributaria.
En el escrito, el Poder Ejecutivo defendió el incremento del impuesto al sostener que esa decisión se basó en la Ley Provincial 5.522 de Valuaciones, y que esta no se contrapone con la Ley 25.561 de Emergencia Económica, que a su vez prohíbe la actualización de impuestos. Insistió en que se revaluaron los valores de los inmuebles y no se modificó la alícuota del gravamen. Fuentes de la Fiscalía de Estado de la Provincia puntualizaron que en el informe también se dejó sentado que la acción de amparo que presentó Acosta no es la vía idónea para requerir la inconstitucionalidad del reajuste impositivo, ya que el Gobierno considera que este tema merece un debate mucho más amplio. En ese sentido, aseguraron que el ombudsman tendría que haber planteado una acción ordinaria de inconstitucionalidad, puesto que esta medida contempla 40 días de análisis de pruebas y no tres, como la anterior. El jueves pasado, el defensor del pueblo elevó en la Justicia una acción de amparo en forma personal exponiendo un caso particular de un contribuyente que fue afectado por el aumento del 57% en el Impuesto Inmobiliario.

Los próximos pasos
A partir de la actual instancia procesal, los jueces Enrique Guibert y Marta López Piossek tienen dos alternativas: dictar una sentencia inmediata o abrir un período de pruebas.
En el segundo caso, con la idea de profundizar más el planteo, se dispone de un plazo de 72 horas corridas para que ambas partes presenten pruebas que corroboren los argumentos que esgrimieron en sus respectivos escritos. En esta etapa, los magistrados también pueden tomar medidas de oficio. Luego de este paso, los magistrados recién estarían en condiciones de emitir un fallo.
Por otro lado, grupos de contribuyentes autoconvocados y asociaciones civiles, patrocinados por el abogado Oscar López, prevén presentar en los próximos días una acción de amparo colectivo ante la Justicia, según adelantó el dirigente Edmundo Romano.

Apoyan la eliminación de Sellos
El anuncio que efectuó el ministro de Economía, Jorge Jiménez, respecto de la eliminación gradual del Impuesto a los Sellos recibió ayer el apoyo de los directivos de la Federación Económica de Tucumán (FET). Su titular, Humberto Sánchez, señaló a LA GACETA que una medida en esa dirección permitirá que en Tucumán se radiquen más empresas, ya desaparecería lo que calificó como "el más distorsivo de los tributos provinciales".
Sánchez remarcó que la eliminación del tributo tendrá un efecto positivo en las posibles inversiones. "Muchos contratos se firman en otras provincias porque no existe ese tipo de impuesto y, en consecuencia, Rentas deja de recaudar por esas transacciones", argumentó. El presidente de la FET insistió en que el Estado podrá recuperar los $ 25 millones que ingresan por Sellos a través de otros gravámenes menos distorsivos para la actividad económica en general.
Respecto de Ingresos Brutos, los empresarios observan que el Gobierno no lo eliminará en el corto plazo, ya que ese tributo representa más del 50% de los ingresos de la provincia. "Somos realistas y por eso sabemos que el Gobierno no avanzará con tal medida", indicó Sánchez.