Finalmente, tras más de dos años, la Justicia notificará al ex ministro de Asuntos Sociales de Antonio Bussi, Octavio Quijano, que deberá afrontar un juicio oral por la fallida contratación de un albañil (Pedro Robles) para la remodelación del hospital Padilla, una obra calculada en 1997 en $ 3 millones.
La sala IV de la Cámara Penal, ante la cual se sustancia la etapa del plenario, girará al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, las fotocopias de la resolución por la cual la jueza de Instrucción de II Nominación, Emma de Nucci, rechazó la oposición planteada por Quijano contra el pedido de elevación a juicio de la causa.
Gallo debe notificar al ex funcionario bussista, quien vive en la Capital Federal, para que comparezca y enfrente el juicio. En los últimos días, Quijano designó a la abogada Patricia Aybar Critto para que lo defienda, razón por la que la letrada presentó los poderes correspondientes ante la sala IV de la Cámara Penal.
En julio de 2000, el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, requirió la elevación a juicio de la causa. Pero como Quijano se radicó en Buenos Aires, nunca pudo ser notificado. Por esta razón, la causa quedó paralizada de hecho para él, pero no para los otros imputados (el propio Robles, Pedro Figueredo y el arquitecto Ricardo Wagner).
En su momento, De Nucci sólo pidió a la Policía una averiguación de paradero de Quijano, pero no recomendó ni la captura ni dispuso su rebeldía. Cuando la causa llegó a la sala IV saltó que el principal imputado ni siquiera estaba notificado, mientras que los otros tres ya estaban próximos al juicio.
La sala IV de la Cámara Penal, ante la cual se sustancia la etapa del plenario, girará al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, las fotocopias de la resolución por la cual la jueza de Instrucción de II Nominación, Emma de Nucci, rechazó la oposición planteada por Quijano contra el pedido de elevación a juicio de la causa.
Gallo debe notificar al ex funcionario bussista, quien vive en la Capital Federal, para que comparezca y enfrente el juicio. En los últimos días, Quijano designó a la abogada Patricia Aybar Critto para que lo defienda, razón por la que la letrada presentó los poderes correspondientes ante la sala IV de la Cámara Penal.
En julio de 2000, el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, requirió la elevación a juicio de la causa. Pero como Quijano se radicó en Buenos Aires, nunca pudo ser notificado. Por esta razón, la causa quedó paralizada de hecho para él, pero no para los otros imputados (el propio Robles, Pedro Figueredo y el arquitecto Ricardo Wagner).
En su momento, De Nucci sólo pidió a la Policía una averiguación de paradero de Quijano, pero no recomendó ni la captura ni dispuso su rebeldía. Cuando la causa llegó a la sala IV saltó que el principal imputado ni siquiera estaba notificado, mientras que los otros tres ya estaban próximos al juicio.







