El Gobierno eliminaría el impuesto a los Sellos

El Ministerio de Economía está trabajando en un plan para reformular el sistema impositivo en Tucumán y para reducir la presión fiscal, sobre todo de aquellas actividades que motorizan la economía provincial. En este contexto, el titular del área, Jorge Jiménez, inscribió la eliminación del impuesto a los Sellos, considerado como distorsivo por el ambiente empresarial. "Creemos que esa eliminación será gradual y que este año podremos avanzar con la aplicación de regímenes de exenciones con el fin de captar nuevas actividades", señaló Jiménez en diálogo con LA GACETA. Sobre el tema, el ministro adelantó que se intentará ampliar la base impositiva: las transacciones con cheques y los fideicomisos serán incorporados al régimen impositivo tucumano. Actualmente, en la provincias, esas actividades no están gravadas ya que, según el titular de Economía, no se efectuaron aún las reformas del Código Tributario.
El impuesto a los Sellos representa el 10% (ingresan unos $25 millones) de la recaudación anual de la Dirección General de Rentas. Hacia junio comenzarán a regir las exenciones, en función de la evolución de los ingresos tributarios. "Creo que la medida estará en plena vigencia a partir de 2005", admitió Jiménez.

Ingresos Brutos
En cuanto a Ingresos Brutos, el otro tributo distorsivo, el ministro de Economía explicó que no se pensó en eliminarlo, ya que es el sostén de la recaudación (representa más del 55% de los ingresos anuales de Rentas). "La intención es reformular el sistema conocido como Alícuota Cero para que se suprima del régimen tributario", acotó.
Por su parte, el director de Rentas, Pablo Clavarino, dijo que la eliminación de Sellos fue anunciada a los dirigentes de la Federación Económica de Tucumán durante una reunión en la que se debatió la suba del Inmobiliario. Clavarino señaló que es necesario que las provincias unifiquen la política tributaria.

Un compromiso asumido hace más de una década
La eliminación de los impuestos considerados distorsivos fue acordada en 1993 con la firma del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (Pacto Fiscal II). A través de ese documento, los gobernadores se comprometieron a realizar algunas reformas estructurales, a cambio de que la Nación les asignara un piso de transferencia de coparticipación. Ese pacto fue sucesivamente prorrogado. Hoy se reabre la discusión de una reformulación del sistema tributario con la elaboración de la nueva ley de coparticipación federal.
El titular de la consultora Economía & Regiones, Rogelio Frigerio (n), sostuvo que antes de la vigencia de un nuevo régimen coparticipable, los funcionarios deben delimitar las responsabilidades en la esfera central y en las subnacionales.Frigerio señaló que en materia de responsabilidades impositivas existe un gran desorden. "Por un lado, los recursos provenientes de impuestos provinciales cubren porciones reducidas de los presupuestos federales (hasta un 40% en las provincias grandes y menos del 10% en las más pequeñas), y los gastos de cada distrito son cubiertos con la coparticipación (IVA y Ganancias)", explicó. "Por otro lado -dijo el economista-, la base de los tributos provinciales se superpone con los nacionales, ya que una porción significativa proviene de gravámenes sobre las transacciones (Ingresos Brutos y Sellos) y sólo una porción menor, de los impuestos propiamente territoriales (Inmobiliario y Automotor)".