Seis informes comprometen la situación del funcionario

La comisión de Juicio Político utilizó seis documentos diferentes realizados en distintas etapas de la investigación para fundamentar la acusación contra el fiscal penal Héctor Abraham Musi.
Todas las declaraciones incriminan al funcionario en presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de autorizaciones judiciales para la circulación de vehículos robados o mellizos.
Los trabajos pertenecen al juez federal Felipe Terán, por el fiscal de la Cámara Penal Manuel López Rougés y por el ministro Fiscal Luis Augusto de Mitri, quienes, en forma separada, llegaron a la misma conclusión: existen pruebas suficientes de las irregularidades denunciadas.
La comisión consignó, además, el dictamen de la fiscal de la Cámara Penal, Juana Prieto de Sólimo, denunciando irregularidades en la tramitación de escritos, expedientes, cédulas y oficios en la fiscalía investigada.
La auditoría realizada a pedido de la Corte Suprema de Justicia, por los funcionarios judiciales Josefina del Valle Mattos, Mirta Olivera ,Gabriela Torino y Luis Osvaldo Domínguez- que relevó la existencia de 1.728 causas sin registro también fue analizada por los acusadores.
En último término, la comisión apoyó la acusación en las declaraciones del cesanteado prosecretario, Hugo Tarifa, quien dijo que había actuado bajo las órdenes de Musi y del secretario Ataliva Herrera.

La defensa del fiscal pedirá la nulidad
El suspendido fiscal Abraham Musi no quiso adelantar detalles de su estrategia de defensa, pero el abogado Gustavo Morales -uno de los defensores del fiscal, junto a Horacio Guerineau- pidió ayer la nulidad de todo el proceso por errores formales en la notificación de la acusación.
Según Morales, la comisión de Juicio Político omitió notificar la decisión adoptada el viernes pasado respecto de disponer la suspensión del funcionario. El letrado recordó que Musi fijó domicilio legal en su estudio profesional -ubicado en Congreso 851- y mencionó que, de acuerdo con lo establecido por el procedimiento de juicio político, es allí donde deberían haberse realizado las notificaciones. "Los dichos de la comisión no se ajustan a la verdad. El fiscal nunca fue informado de la suspensión", afirmó.
El planteo de nulidad fue realizado ayer por Morales después de finalizada la lectura de la acusación, pero el presidente del tribunal Ernesto Padilla le recordó que todos los descargos y las pruebas debían ser presentados en otra instancia. La defensa adelantó que insistirá con el planteo dentro de los próximos 15 días y que hizo reserva del caso federal para llevar su reclamo a esa instancia judicial.
Musi, quien ayer no concurrió a su despacho en al fiscalía, dijo que analizará la acusación y afirmó sentirse sorprendido porque los legisladores basaron su presentación en el informe realizado por la Corte Suprema.